Caso Kushner deja al descubierto otra vez la vulnerabilidad de los fallos judiciales
La determinación judicial de revisar la detención domiciliaria otorgada a William Kushner, después de que éste fue sentenciado en primera instancia, deja al descubierto una vez más la vulnerabilidad de los fallos de la Justicia, pero esta vez no por presión política, sino por presión social.
El jueves de la semana pasada se conoció que el vocal Willy Arias, de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, determinó otorgar detención domiciliaria a Kushner, quien además debería pagar una fianza de Bs 50.000 y acudir al juzgado cada 15 días para cumplir con el registro biométrico.
No obstante, este dictamen fue cuestionado abiertamente por los ministros de Justicia, Iván Lima, y de Gobierno, Eduardo del Castillo, y también por la parte acusadora del caso. Lima sostuvo que ese fallo es una muestra de la crisis que hay en la Justicia, mientras que Del Castillo dijo que no entendía cómo se podía dar detención domiciliaria al acusado, dejando abierta la posibilidad de que pueda fugar.
Kushner fue sentenciado a 30 años de cárcel por el delito de feminicidio sin derecho a indulto, pero la defensa denunció irregularidades en el caso y sostiene que el acusado es inocente.
La defensa de Kushner sostuvo que la medida cautelar procede debido a que insistió en la inocencia del acusado, quien permanece detenido de manera preventiva en el penal de San Pedro de La Paz desde 2015.
En medio de esas reacciones y cuando el Ministro de Justicia impulsa una reforma judicial, el domingo se conoció que la Sala Constitucional Primera de La Paz, presidida por el vocal Israel Campero, decidió suspender hasta el 8 de diciembre la detención domiciliaria concedida por Arias a favor de Kushner.
"Se dispone como medida cautelar, la suspensión de la ejecución de la Resolución N 5730/2020 de 26 de noviembre, hasta la celebración de la audiencia señalada, sea con las formalidades de ley", establece la resolución de la Sala Constitucional, debido a que la parte acusadora presentó un amparo constitucional en contra de la detención domiciliaria.
Esta determinación se suma al cambio de otros fallos judiciales que derivaron del campo político, tras conocerse el triunfo del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones generales del 18 de octubre. Desde esa fecha, al menos 12 exautoridades del gobierno del expresidente Evo Morales y personas allegadas al MAS, entre ellas, el propio exmandatario.
Por ejemplo, entre quienes se beneficiaron con el levantamiento de los mandamientos de apremio en su contra o con libertad están los exministros Héctor Arce, Juan Ramón Quintana, Javier Zavaleta, Wilma Alanoca, Hugo Moldiz y Nemesia Achacollo, además de los exgobernadores de Oruro Víctor Hugo Vásquez y de Chuquisaca Esteban Urquizu, el asambleísta Gustavo Torrico, el exdirector de la Agretic Nicolás Laguna, exdirector de Agetic y el vicepresidente del MAS, Gerardo García.
A ellos se sumó en noviembre la liberación de otros allegados al MAS, entre ellos el argentino Facundo Molares, exguerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) implicado en la muerte de dos cívicos cruceño; del dirigente Faustino Yucra, acusado de terrorismo junto a Morales; el policía Ismael Marquina, quien se negó a acatar el motín de 2019 que derivó en la renuncia de Morales; y del líder qaqachaca Rosendo Copa, que tenía detención domiciliaria por supuestamente participar en la emboscada a una delegación de mineros que se trasladaba de Potosí a La Paz, la misma que dejó cuatro heridos.
