Cuestionan a la CIDH por omitir hechos violentos en los 14 años de Morales

País
Publicado el 30/11/2020 a las 5h20
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Entre 2006 y 2018, según datos de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), alrededor de 100 personas perdieron la vida en diferentes conflictos sociales, la mayoría de las muertes no fueron esclarecidas y menos investigadas por un grupo especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El 23 de noviembre de 2020 se solicitó oficialmente al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigara los hechos violentos ocurridos entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre de 2019, lapso en el que murieron algo más de tres decenas de personas.

Esta es la tercera experiencia del GIEI en investigaciones de este tipo. La  primera fue en México (2014) y la segunda en Nicaragua (2018). De ninguna de las dos salió con buen pie.

El GIEI es una institución novel en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se forma a partir de los acuerdos a los que llegan el Estado y la CIDH, de carácter autónomo e independiente. Es decir, el GIEI no está subordinado a la CIDH, integrada por profesionales de diversas áreas.

Sin embargo, ahora surgen cuestionantes respecto al papel de la CIDH, ya que durante la administración del expresidente Evo Morales poco o nada hizo para esclarecer el deceso de varios ciudadanos.

“Estamos de acuerdo en que se investigue, pero también deben investigarse varios casos, como La Calancha, Porvenir, la muerte de mineros, además de más de una decena de casos. Esto hemos hecho conocer en Chuquisaca cuando llegó la CIDH. Ahora, llega este grupo y puedo dar testimonio de lo que sucedió en Senkata y Sacaba, pero no nos dejaron entrar”, informó Amparo Carvajal, presidenta de la Apdhb.

Hechos luctuosos

Algunos de los conflictos sociales que durante el periodo de Morales dejaron muertos son:

2006: El enfrentamiento entre mineros asalariados y cooperativistas en Huanuni dejó 12 muertos y 60 heridos.

2007: La Calancha (Sucre). Exigían la restitución de la capitalía plena. El saldo: tres muertos por disparo de armas de fuego y 130 heridos.

2008: Masacre de Porvenir (Pando), con un saldo de 13 muertos y 53 heridos. El Gobierno apuntó al exprefecto de esa región, Leopoldo Fernández.

2009: Masacre en el hotel Las Américas en Santa Cruz. Tres muertos, dos detenidos y 39 procesados por terrorismo. El Gobierno sostiene que había un plan para dividir el país.

2010: Pobladores de Alto Beni se enfrentaron a los comunarios de Caranavi, fueron reprimidos por la Policía, lo que dejó como resultado dos muertos.

2012: Comunarios pedían la renuncia del Alcalde del MAS en el municipio de Yapacaní, pero la Policía intervino en la medida de presión, murieron tres personas.

2013: Incursión violenta a comunidades de Apolo con motivo de la erradicación de coca. Cuatro personas perdieron la vida.

2014: Enfrentamientos entre policías y cooperativistas por la Ley Minera y Metalurgia provocaron el deceso de dos personas y 60 heridos.

2016: Mineros cooperativistas y policías se enfrentaron en el sector de Panduro. El hecho dejó como resultado cinco muertos, entre ellos el viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes.

2018: El enfrentamiento en la localidad de La Asunta entre policías y cocaleros causó dos muertos.

De acuerdo con Amalia Pando, en su programa  Cabildeo, al 2016 había 78 fallecidos. “Cada ministro de Gobierno cargó muertos, entre 2006 y 2016: Alicia Muñoz, 22; Alfredo Rada, 25; Sacha Llorenti, 2; Wilfredo Chávez, 3; Carlos Romero, 33; total: 78”, dijo en su oportunidad.

Por departamentos entre 2006-2016, en el Beni murió 1 persona; en Cochabamba, 15; en Potosí, 13; en Oruro, 8; en Tarija, 1; en Chuquisaca, 3; en La Paz, 16; en Pando, 13; en Santa Cruz, 6, y en Oruro 2.

Masacre de Pando

En 2009, se entregó al representante en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a los miembros del Consejo de Defensa de los Derechos Humanos y la Libertad un informe sobre violaciones a los derechos humanos y a las garantías constitucionales durante el Gobierno de Morales.

El documento describe cómo el Movimiento Al Socialismo (MAS) incurrió en acciones de violencia contra miembros de los movimientos cívicos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando; ataques de afines al partido azul contra medios de prensa, periodistas, frecuentemente acusados y vilipendiados por el propio expresidente Morales; el encarcelamiento ilegal de ciudadanos, usando a jueces y fiscales que violaron frecuentemente el ordenamiento jurídico nacional y otros.

Uno de los sucesos de mayor impacto fue la denominada “Masacre de Pando”.

Una versión de los hechos revela antecedentes reveladores. Estos son algunos extractos:

“En los días precedentes al 11 de septiembre (día del trágico enfrentamiento),  Juan Ramón Quintana (ministro de la Presidencia) y su aliado Miguel “Chiquitín” Becerra…comenzaron a movilizar militantes afines al partido de gobierno, desde la localidad de  Riberalta (y otras poblaciones pandinas y benianas). El objetivo declarado era llegar a la ciudad de Cobija (la capital del departamento de Pando) para ‘retomar’ las oficinas del Instituto Nacional de Reforma Agraria en esa ciudad…y para exigir la renuncia del prefecto Leopoldo Fernández”. A los reclutados “se les pagaba 200 Bs…Desde Filadelfia (un municipio de Pando) se movilizó a normalistas (estudiantes de la escuela de maestros de La Paz). Además de armas de fuego, como salones (rifles 22, mm) y escopetas, se les distribuyó a los “marchistas” abundante coca y alcohol”.

Sin embargo, el gobernante MAS responsabilizó a Fernández sobre todo lo ocurrido, por lo que éste pasó años en la cárcel.

El exdefensor del Pueblo, Rolando Villena, sostuvo, en su momento, que la justicia no asumió la responsabilidad y que, por el abuso de poder, se vulneraron permanentemente los derechos humanos y se naturalizó la violencia.

Los caídos son campesinos, indígenas, universitarios, mineros, policías y hasta un exviceministro, que fue asesinado en un enfrentamiento que pudo ser evitado.

Represiones

 A parte de los casos mencionados, hay varias represiones en que incurrió la administración de Morales, entre ellas:

El 25 de septiembre de 2011, el Gobierno de Evo Morales intentó desmovilizar la octava marcha indígena. Los movilizados fueron gasificados, golpeados, maniatados y llevados en buses de Chaparina a Rurrenabaque.

En 2014, se reprimió violentamente a indígenas de la Capitanía Takovo Mora, que protagonizaban un bloqueo. Hubo 18 aprehendidos, pero  la mitad de ellos no era parte de las medidas de presión.

En 2015, estudiantes de la  Universidad Mayor de San Simón (UMSS) se enfrentaron por la titulación de 1.300 docentes por antigüedad sin necesidad de examen. La Policía intervino en los enfrentamientos causando 12 heridos.

En 2016, llegó a La Paz una caravana de personas con discapacidad que exigía un bono de 500 bolivianos. Fueron gasificados, golpeados y atacados con el camión Neptuno.

Representantes de derechos humanos cuestionaron esta situación y recordaron a Morales que cuando llegó a la presidencia dijo: “Mi gobierno será un gobierno sin muertos” y “al primer muerto me voy”.

Durante su exilio en México y ante la prensa de ese país, Morales dijo: “Hasta el día de mi renuncia, 10 de noviembre, había cero muertos por bala. Permanentemente, hemos cuidado que no se usen las armas contra el pueblo”.

Cuestionamientos a GIEI

Los antecedentes del GIEI se retrotraen a dos acontecimientos de reciente data en la región. El primero está relacionado con la medida cautelar MC/409/14 establecida por la CIDH en el tristemente recordado caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, México (2014), y el segundo con los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo en Nicaragua (2018), en los que se constató 109 personas fallecidas.

El GIEI de México terminó con una salida nada amistosa de territorio mexicano.

El informe fue esencial para desmentir la “verdad histórica” que el Gobierno mexicano intentaba imponer en la investigación de que los estudiantes habrían sido detenidos por grupos narcos, sus cuerpos incinerados y sus restos arrojados a un río.

El GIEI reveló evidencia que implicaba a varias autoridades mexicanas en la obstrucción de justicia, incluyendo la posible manipulación de evidencia del secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad.

En Nicaragua, antes de presentar el Informe Final al Gobierno de Daniel Ortega, el GIEI fue “invitado” a abordar un avión para abandonar el país, por lo que se debió presentar el Informe Final en Washington.

Bolivia

De acuerdo con el convenio suscrito entre el GIEI y el Gobierno de Bolivia, esta entidad desarrollará su trabajo de manera independiente e imparcial.

A la fecha, ya se reunió con diferentes sectores, autoridades del Ejecutivo y representantes del Legislativo.

Sin embargo, sus primeras actuaciones ya son cuestionadas por la forma en que desarrolla la labor, que se limitó en recibir documentación oficial del Gobierno, además de revictimizar a personas que fueron afectadas por ataques de grupos afines al MAS y exponerlas ante estos.

Según el convenio, este grupo desarrollará sus labores durante seis meses, tiempo que podría prorrogarse de acuerdo a la necesidad de los expertos.

El grupo interdisciplinario está compuesto por los expertos Julián Burger, Magdalena Correa, Juan Méndez, Patricia Tappatá Valdez y Marlon Weichert. Asimismo, Jaime Vidal fungirá como secretario ejecutivo del GIEI-Bolivia.

 

CC PIDE A EXPERTOS DEJAR LA VERSIÓN DEL “GOLPE”

REDACCIóN CENTRAL

La alianza Comunidad Ciudadana (CC) solicitó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encargada de indagar las acciones violentas pre y poselectorales de 2019 en Bolivia, llevar adelante una investigación “completa, independiente, imparcial”, además de no selectiva.

El jefe de la bancada de Diputados de CC, Carlos Alarcón, advirtió que una investigación imparcial y completa hará posible una reconciliación y un reencuentro entre los bolivianos.

Alarcón manifestó que en este proceso de indagación, los expertos no tienen que considerar el argumento que busca imponer el Movimiento Al Socialismo (MAS) de que los hechos violentos de noviembre de 2019 se deben a un presunto golpe de Estado, extremo que es “falso e inexistente”.

La alianza CC refirió que el accionar de los gobernantes da cuenta de la intencionalidad de afectar en la investigación de los hechos violentos en Sacaba y Senkata, y dejar de lado la violencia registrada en El Alto, Vila Vila, Montero y La Paz, las mismas que fueron propiciadas por sectores afines al MAS.

En los últimos cuatro meses de 2019, hubo una serie de confrontaciones en los que fallecieron más de una veintena de personas, a raíz de enfrentamientos entre militantes del oficialismo y la oposición y en la represión a movilizaciones de sectores afines al MAS.

 

EXPERTOS DE LA GIEI SON CUESTIONADOS

La administración transitoria de la expresidenta Jeanine Áñez cuestionó a dos integrantes del grupo de expertos, por considerarlos afines al kichnerismo. Los observados fueron Patricia Tappatá Valdez y Juan Méndez.

Tappatá fue funcionaria pública del segundo Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, como directora de Organizaciones Intermedias en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Juan Méndez, por su parte, fue relator de la ONU sobre tortura. De acuerdo con el Ministerio de Justicia, el argentino fue cuestionado por su limitada acción referida al caso del opositor venezolano Leopoldo López.

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