Absuelven a 16 masistas y procesan a opositores
El pasado 8 de noviembre, Luis Arce era posesionado como presidente de Bolivia, pero, días antes, los operadores de justicia ya emitían resoluciones en favor de afines al MAS. Al menos 16 de ellos fueron favorecidos con resoluciones de sobreseimiento y rechazos de imputación, entre otros.
La mayoría de ellos fueron denunciados por miembros del Gobierno de transición y a causa de hechos relacionados con el fraude electoral. Sin embargo, una vez que volvió el Movimiento Al Socialismo (MAS), las cosas se volcaron y los perseguidos ahora son perseguidores y viceversa.
Liberados
Son más de 16 miembros afines al MAS beneficiados en diferentes niveles en sus procesos. Por un lado está el mismo expresidente Evo Morales.
El exmandatario tenía una orden de aprehensión a raíz de un audio en el que se lo oye dando instrucciones para cercar las ciudades. Esta orden fue levantada y por ello pudo volver al país. No obstante, aún tiene otros procesos en su contra por presunto estupro. Aun así, Morales viaja por el país y se mantiene activo en la política.
En el mismo caso, está involucrado el líder cocalero Faustino Yucra, quien estuvo preso en la cárcel de San Pedro de La Paz por los delitos de instigación pública a delinquir y organización criminal.
Yucra quedó libre el pasado 13 de noviembre. A su salida, dijo que le obligaron a inculpar a Morales.
Una versión similar fue la que dio el exministro de Gobierno Carlos Romero. Dijo que personas del Gobierno transitorio lo visitaron para chantajearlo. Le propusieron inculpar a Morales en algún caso de narcotráfico a cambio de que tenga una resolución favorable en el caso Uelicn (Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico), por el que estaba con detención domiciliaria.
El 4 de noviembre se resolvió anular la imputación sobre el exministro.
Asimismo, otros cinco exministros se vieron favorecidos por la justicia: Héctor Arce (Justicia), Juan Ramón Quintana (Presidencia), Javier Zabaleta (Defensa) y Willma Alanoca (Cultura), quienes fueron denunciados por diferentes grados de participación en los conflictos de 2019.
Algunos fueron denunciados por gestar el fraude, tal es el caso de Arce. A otros se les iniciaron procesos por haber financiado o instigado a la violencia.
Todos ellos estuvieron asilados un año en la Embajada de México y entre el 25 de octubre y el 7 de noviembre se levantaron las órdenes de aprehensión y en otros casos se rechazaron las querellas.
Otra exministra favorecida fue Nemesia Achacollo, de Desarrollo Rural y Tierras. Su proceso data de 2015, cuando se la acusó de un daño económico de 71 millones de bolivianos. Tras numerosas idas y venidas, se le levantó el arresto domiciliario y sólo permanece con arraigo.
Dos exgobernadores también están en la lista de favorecidos. De Oruro, Víctor Hugo Vásquez, obtuvo la anulación e su aprehensión, y de Chuquisaca, Esteban Urquizu, solicita la libertad plena e irrestricta.
También se puede mencionar a la exjefa de gabinete, Patricia Hermosa, quien, tras estar en la cárcel por haber sido hallada con una suma importante de dinero para supuestamente financiar conflictos, ahora es directora del Segip. Gerardo García, dirigente del MAS, fue sobreseído en su caso al igual que el exasambleísta Marco Carrillo. La lista sigue y ahora son otros los denunciados.
Denunciados
Al menos 15 personas están bajo la lupa judicial en este nuevo gobierno. El primero en ser aprehendido fue el abogado del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Jorge Valda. Incluso lo trasladaron hasta La Paz para una audiencia.
Valda venía denunciando un supuesto fraude en las últimas elecciones del 18 de octubre. Finalmente todo quedó en nada.
El siguiente fue el exdirector de Migración Marcel Rivas. Lo denunciaron por supuestamente permitir la salida del país de los exministros Arturo Murillo (Gobierno), Luis Fernando López (Defensa) y Víctor Hugo Zamora (Hidrocarburos), además del exviceministro de Régimen Interior Javier Issa.
Todos ellos están siendo buscados a nivel internacional. Se presentó la solicitud de sello azul ante la Interpol contra ellos, pero fue rechazada.
Hace unos días, se aprehendió también al excomandante del regimiento militar de Cochabamba Alfredo Cuéllar, por el caso de las muertes de Huayllani, en Sacaba. El jefe militar se encuentra con detención domiciliaria.
Finalmente, en esta semana se anunció un proceso contra el ex defensor del pueblo y su hijo, Walter y Franco Albarracín, respectivamente, por promover, supuestamente, los conflictos de 2019.
También, la Cámara de Diputados está en proceso de solicitar un juicio de responsabilidades contra la mismísima expresidenta Jeanine Áñez.
En tanto, la Fiscalía admitió la denuncia de la exparlamentaria Lidia Paty contra el exlíder cívico y su padre Luis Fernando y José Luis Camacho, respectivamente.
En la lista, también se encuentra el exgeneral de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, que “sugirió” a Morales renunciar en 2019.
Especialistas en derecho ven parcialidad de la justicia en estos casos políticos
Los abogados constitucionalistas César Cabrera y Rebeca Delgado cuestionan las acciones de la justicia. Consideran que existe parcialidad político-partidaria de parte de los operadores.
Según Cabrera, todo lo ocurrido este mes es una “muestra clara del sometimiento al Órgano Ejecutivo. ¿Por qué no presentaron acciones de libertad antes? Porque esperaron el momento propicio de contar con autoridades que les van a dar curso ya sea justo o no”, observa Cabrera.
En tanto, la abogada y exdiputada Delgado ve que la manipulación del Órgano Judicial ocurrió en los 14 años anteriores, durante el gobierno transitorio y se sigue manteniendo a la fecha.
“Ya teníamos desconfianza del sistema de justicia de estos 14 años por manipulación e injerencia de la política partidaria. Pero lo que se vio en el gobierno transitorio es que fue más de lo mismo, no hubo cambio de conducta”, manifestó.
También observa una contradicción entre los discursos y las acciones. “David Choquehuanca habló de derechos y perdón, pero no se tradujo en acciones. No hay conductas visibles que determinen un cambio en la justicia, más bien se ha ahondado”.
Exvocales del TSE con sustitutivas
Los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que cumplían funciones en las elecciones de 2019 fueron procesados por fraude. Al menos tres de los cinco llegaron a tener detención preventiva. Ahora, todos están con medidas sustitutivas. El exmandatario Evo Morales instó a que los dejen libres, pues argumenta que no hubo fraude.