Presupuesto de salud reserva Bs 171 millones para encarar el Covid

El Presupuesto General del Estado (PGE) 2021 programado por la administración de Luis Arce Catacora destina alrededor del 20 por ciento para atender los sectores de salud y educación. El monto asignado para estos dos rubros alcanza los 42.765 millones de bolivianos del presupuesto ajustado consolidado de 228.357,1 millones, como denomina el Gobierno. El porcentaje ajustado para salud,  que define para gastos Covid-19, es de 171 millones de bolivianos. Además, el PGE generó una controversia con los asambleístas de oposición en el Legislativo, debido a que la suma que destina el Tesoro General de la Nación (TGN) no sería el 10 por ciento.

Gastos en Covid-19

Según el informe oficial sobre el presupuesto institucional por categoría programática, fuente de financiamiento y organismo financiador, se inscribe para el “fortalecimiento, implementación, atención de la pandemia Covid-19 a nivel nacional” un monto de 171.500.000 bolivianos con un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Para proyectos de inversión, se destina un presupuesto de algo más de 500 millones: equipamiento, construcción, implementación de hospitales, además del fortalecimiento de diferentes programas de salud.

En lo que se refiere a los gastos en recursos humanos para las nueve regionales del país, para las redes de salud con calidad y para el Seguro Único de Salud (SUS) se destina un monto de 1.513.376.781. La regional de Cochabamba es la que recibe la mayor cantidad de recursos económicos, casi 73 millones, con relación a los otros departamentos.

Para los recursos humanos y redes de salud con calidad se destina cerca de 795 millones de bolivianos y para el SUS alrededor de 311 millones.

Antecedentes

En 2015, el sacerdote Mateo Bautista presentó su proyecto de ley al gobierno del MAS, pero esa iniciativa no fue tomada en cuenta. Insistió en 2017, y en diciembre de 2019 hizo la propuesta a la entonces presidenta Jeanine Áñez, quien aceptó públicamente esa inversión en salud.

Después de años de insistencia, el PGE de las gestiones 2020 y 2021 inscriben en su partida el 10 por ciento para el sistema de salud en medio de la crisis sanitaria mundial que afecta a las naciones del mundo. La pandemia de la Covid-19, que se registró a finales de 2019 en Wuhan, China, lugar de origen del virus, y que llegó a Bolivia en marzo de 2020, se cobró la vida de casi 10 mil personas y actualmente se reportan más de 150 mil casos positivos.

Evolución 

El PGE para la siguiente gestión de 21.835 millones de bolivianos, programado por el gobierno transitorio, fue modificado por la administración de Luis Arce, que lo subió a 22.216 millones, con un incremento de 1,7 por ciento, según informes del actual partido gubernamental. De este monto, 19.381 millones serán destinados para gasto corriente y 2.835 millones a inversión.

Haciendo una evaluación del crecimiento histórico de los recursos destinados a salud en los presupuestos de 2018 y 2019, aprobados por el gobierno del MAS, estos oscilaban entre el 6,8 y 6,6 por ciento de la asignación presupuestaria consolidada.

Este porcentaje representa una diferencia de entre 4.000 a 2.000 millones de bolivianos con el PGE 2021. Es decir, para 2018 se destinó el 6,8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para salud, es decir, 18.805 millones de bolivianos.

En tanto, para 2019 se estableció el 6,6 por ciento del PIB para salud, que equivale a 20.222 millones de bolivianos.

En el gobierno de Áñez (2020) por primera vez se destinó el 10 por ciento para salud, que alcanzó a 20.804 millones de bolivianos.

Pedido de la derecha

En 2015, cuando el sacerdote Mateo Bautista promovió la campaña por el 10 por ciento, el entonces mandatario del país, Evo Morales, en conferencia de prensa, criticó la campaña que inició el prelado.

“Responde a la derecha, a la oposición, estoy informado, (pero) es su derecho y respetamos”, manifestó en esa oportunidad.

Cuestionamientos

La aprobación del 10 por ciento para salud de parte del gobierno de Arce fue cuestionado por los legisladores de oposición, particularmente en los porcentajes de financiamiento que destina el TGN y las otras fuentes.

El jefe de bancada de Creemos, el senador Henry Montero, denunció que el Gobierno volvió a mentir a la población al afirmar que destina el 10 por ciento del Presupuesto General del Estado (PGE) al sector salud, cuando en realidad el aporte es de sólo el 6 por ciento, mientras que el 4 por ciento corresponde a la seguridad social. 

“Estamos preocupados porque se le miente nuevamente a la población en esa esperanza de tener una salud digna para los bolivianos. No es verdad que el TGN (Tesoro General de la Nación) destine el 10 por ciento del presupuesto para la salud”, afirmó.

Explicó que el consolidado del PGE establece destinar el 10 por ciento de los recursos para salud, que equivale a 22.216 millones de bolivianos. Sin embargo, haciendo un análisis detallado, el monto real que aporta el TGN es sólo de 13.000 millones, es decir, aproximadamente un 6 por ciento. 

Indicó que esta estrategia (de aportar menos del 10 por ciento y decir que incluso es más) el Gobierno la viene implementando desde 2015, cuando Arce era ministro de Economía.

“Cuando nos hablan del 10 por ciento del presupuesto (para salud), por el que muchos médicos y enfermeras salieron a las calles a reclamar, hoy nuevamente se repite la misma figura. Se está mintiendo a la población y esto se hace como ocurría en 2015, en 2016, en 2017, en 2018 y en 2019, que era cuando exigíamos el 10 por ciento”, apuntó el senador.

Recordó que la Constitución Política del Estado (CPE) establece que todas las personas tienen derecho a la salud y que el Estado debe garantizar la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna. Lamentó que pese al periodo de gran bonanza que tuvo el país,

Bolivia no tiene una ley  general de salud y el sector funciona en base al Código de la Seguridad Social de 1956 y el Código de Salud de 1978. 

Posible mejora

El exministro de Salud Guillermo Cuentas dijo que en los últimos años la oferta en salud fue deficiente, mientras que las demandas de la población crecían. Esa situación desembocó en una “crisis estructural”, que se debe a que el sistema de salud no se estructuró en base a criterios técnicos “con perfiles demográficos y epidemiológicos”.

Explicó que una estructura de salud sólida requiere de un modelo de financiamiento, de gestión, de atención y de niveles de atención en salud.  

“Lamentablemente, en los últimos años no se ha construido en base a esos criterios técnicos, entonces se desaprovechó un periodo muy grande de tener ingresos, que se multiplicaron por cinco los ingresos que tenía el país”, refirió.

Para Cuentas, el sistema de salud se “quedó estancado en una antigua estructura”: diseñada para responder a enfermedades endémicas, como la tuberculosis, Chagas y malaria, cuando en la actualidad las principales patologías son crónicas, como el cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares y renales, entre otras, que  requieren infraestructura, personal especializado y equipamiento moderno. 

“Se entiende que en ese presupuesto se destinan recursos para obras civiles, equipos radiológicos, ambulancias y aparatos de hemodiálisis, sueldos y servicios, y material de consumo permanente, como medicamentos, material quirúrgico, etcétera. Las obras son fácilmente visibles, como son los equipos, pero no se siente mejoría en la calidad de servicios ni disponibilidad de medicamentos”. “Ha habido un incremento de la infraestructura en los últimos 14 años, pero esa infraestructura no ha ido en la misma relación directa con recursos humanos y con equipamiento” explicó.

Mencionó que desde el punto de vista del paciente, un servicio de salud de calidad se observa por la disponibilidad inmediata de servicio o duración de la consulta. Al contrario, la espera de semanas para una cita con especialistas, una cirugía es una de la peores experiencias para un paciente, pero estos datos nunca aparecen en las estadísticas oficiales.

Educación

En lo que se refiere a educación, el PGE 2021 prevé un ajustado de 23.770 millones de bolivianos. Esto representa un 10 por ciento, porcentaje superior a los presupuestos de 2018 y 2019, en los que fluctuaba entre el 7 y 7,7.

Algo que llama la atención, en este periodo de pandemia de la Covid-19 y el recrudecimiennto de casos de coronavirus, además de esperar que el pico más alto se dé en febrero de 2021, es que esta cartera del Estado destina una suma ínfima para enfrentar esta situación.

En la partida denominado “gastos sin proyectos” para “prevención, control y atención de coronavirus” dispone 285 mil bolivianos.

Para proyectos de inversión, como el apoyo al programa nacional de post-alfabetización y el desarrollo de investigación científica en instituciones académicas y de investigación nacional, en el PGE se contempla un gasto de 9.949.504 bolivianos.

Una de las fuentes más importantes de financiamiento de los servicios de educación proviene del Estado. Es más, en la nueva CPE, el artículo 77, estipula que “la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado”. 

Los gastos en educación como proporción del PIB y del gasto total gubernamental ayudan a entender la prioridad.

La diferencia entre ambos tiene que ver con el tamaño del Estado en cada país en relación con la economía, por lo que es necesario utilizar ambos indicadores a la hora de visualizar la importancia social del gasto en educación. 

Presupuestos crecen en gasto corriente

La Fundación Jubileo en un recuento de los presupuestos aprobados entre 2005 y 2020 observa el crecimiento sostenido de los gastos corrientes. 

Considera que el presupuesto 2020, elaborado por el Gobierno en 2019 y cuando Luis Arce era ministro de Economía, refleja la expansión del gasto corriente y, con la limitación de ingresos, la inversión sigue cayendo.

Sin considerar la crisis por el coronavirus, el presupuesto 2020 enfrentó la difícil situación de los últimos años en los que los ingresos no alcanzan para cubrir los altos gastos que el Estado compromete, por lo que se registró, nuevamente, un déficit fiscal cercano a 7 por ciento y mayor endeudamiento.

Los gastos corrientes, con significativo crecimiento durante toda la bonanza e incluso después, reflejan la intención de gasto del anterior Gobierno.

Según informes oficiales, para 2020 se tenía presupuestado un monto de 137.996 millones de bolivianos como gastos corrientes del sector público, mayor en 4,7 por ciento con relación a 2019.

Los niveles alcanzados por estos gastos y su persistente crecimiento representan un riesgo latente de insostenibilidad de las finanzas públicas, considerando la verdadera disponibilidad de ingresos públicos, que nuevamente se redujeron.

Por otro lado, entre los gastos corrientes el ítem de sueldos y salarios aumentó nuevamente para el 2020 en casi 7 por ciento.

Bajan presupuesto de Gobierno y Defensa

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó que entre los alcances y objetivos de Ley del Presupuesto General del Estado 2021 está la reducción de gastos para la compra de equipos policiales y militares.

“El presupuesto en salud y educación va a aumentar y se reduce el gasto en equipo militar y policial, que era para la represión en el país, equipo bélico y de represión. No se puede entender cómo en periodo de pandemia se destinaron recursos para comprar gases, implemento militar, como si estuviéramos en guerra”, dijo.