Huayllani: Fiscalía divide el caso y frena las pericias a vehículo militar
A un año y dos meses de haberse iniciado la investigación del caso Huayllani, la Fiscalía decidió dividirlo en tres partes, lo que ocasionó que varias pericias aún no hayan sido realizadas y que los aprehendidos con armas de fuego hayan sido liberados.
La principal investigación que viene desarrollando el Ministerio Público es para esclarecer la muerte de 12 personas fruto de los enfrentamientos entre uniformados y cocaleros. En este caso, varios de los primeros (policiales y militares) están siendo investigados, al igual que exautoridades de Gobierno.
El segundo caso no tiene ningún avance. Se trata de determinar el calibre de armamento que fue utilizado para dañar una tanqueta blindada.
“Hasta ahora no se hicieron las pericias de balística. Según algunos investigadores, los daños al vehículo militar habrían sido ocasionados por piedras, pero cabe recalcar que se trata de un vehículo blindado y que las piedras no le hacen daño. Los vidrios están clisados y eso sólo lo ocasiona un arma de fuego”, dijo Patricio Vargas, abogado del general Alfredo Cuellar, procesado por el caso al haber sido comandante de las tropas ese día.
En el tercer caso, están siendo investigados los aprehendidos en portación de armas de fuego, bombas molotov y otro tipo de armas. En este caso, amparados en la Ley 1173, varios sindicados lograron conseguir salir de la cárcel.
“Hay otros implicados aprehendidos con armas de fuego, pero a la fecha no fueron cautelados”, dijo Vargas.
Informes
Un informe elaborado por uno de los policías a cargo de la investigación, enviado a la Fiscalía el 14 de diciembre de 2020 refiere que el teniente coronel Franz Vargas Gonzales, refiere que, el 15 de noviembre de 2019, estaba a cargo de Equipos de Control Antidisturbios (ECA), compuesto por 40 uniformados que tenían una vestimenta de color azul digitalizado.
“De la captura de imágenes se puede evidenciar que efectivos militares con el uniforme azul digitalizado a un costado del puente apuntan con sus fusiles con características del fusil Galil calibre 5,56”, refiere el reporte.
A esto, el abogado de Cuellar confirma que, evidentemente, existían grupos de funcionarios militares que el día del enfrentamiento portaban armas, pero éstas no estaban cargadas con munición letal. Al contrario, habrían usado balines para disuadir a los manifestantes.
“Los uniformados de las unidades asistieron con munición de fogueo. Otras, con munición de dispersión. El armamento letal no sólo recibe municiones letales, sino también balines y otros elementos similares”, dijo.
Cuellar pide modificar su situación legal
Uno de los abogados del general Alfredo Cuellar informó que la defensa solicitó una audiencia para modificar la situación legal del excomandante, pero aún no se tiene respuesta, ya que el juez que conoce el caso se encuentra de vacaciones.
“El juez que está en suplencia rechazó llevar adelante la audiencia. Según norma, sólo puede atender una modificación en el caso de existir una detención preventiva”, explicó Patricio Vargas, abogado del jefe militar.
El excomandante del regimiento militar Alfredo Cuéllar, imputado por los delitos de tentativa de asesinato y lesiones graves por el caso Huayllani, actualmente cumple detención domiciliaria.
En noviembre de 2020, el juez determinó detención domiciliaria sin derecho al trabajo y una fianza de 250 mil bolivianos, además de presentarse a firmar dos veces a la semana ante el Ministerio Público, arraigo nacional y prohibición de concurrir a determinados lugares.
Cuellar es el único militar hasta la fecha que fue imputado por la Fiscalía.
GIEI-Bolivia retoma las investigaciones
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) retomó esta semana las labores de las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos denunciados en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. Se tiene planificado que este mes los expertos y el equipo técnico visiten las ciudades de Potosí, Cochabamba y La Paz.
El equipo técnico de GIEI-Bolivia tuvo una pausa a fin de año y volvió al país. Hace un par de días, se trasladó a Potosí para recolectar testimonios de familiares y víctimas de los hechos de violencia que ocurrieron en esa ciudad en los conflictos poselectorales de 2019. Dentro de las actividades previstas para este mes, el GIEI-Bolivia se entrevistará con las víctimas de los hechos de violencia que ocurrieron en el sur de La Paz; también se trasladarán al trópico por el caso de Huayllani.
Juez dice a fiscales que respeten plazos
El juez que lleva adelante el caso Huayllani conminó en seis ocasiones al Ministerio Público a cerrar la primera etapa de la investigación y emitir un informe conclusivo. Pese a ello, el caso no pasó de esta fase.
En este caso, actualmente están siendo investigados exjefes policiales y militares, además de los exministros de Gobierno y Defensa Arturo Murillo y Fernando López, respectivamente, entre otros uniformados y civiles.
Otro frente de investigación que empezó a desarrollarse esta semana está relacionado a las agresiones a periodistas. Se recolectarán los testimonios de profesionales de prensa.
