Ante falta de reforma de fondo de la justicia, se ajustan varias leyes
La reforma estructural a la justicia anunciada por el Gobierno, a través del ministro de Justicia, Iván Lima, queda en dichos y se recurre a la reforma parcial de algunas normas y la posibilidad de aprobar nuevas leyes para reemplazar a otras, garantizar la carrera judicial y el ejercicio de la abogacía.
Apenas asumió funciones el ministro Lima se presentó como un reformista de la justicia defensor de su independencia de cualquier otro poder el Estado y de la recuperación de la elección de autoridades a través de la meritocracia.
El trabajo anunciado se basaba en la ‘reforma de la Constitución Política del Estado’, para lo que conformó una Comisión de notables, pero que no prosperó por la falta de voluntad política del Gobierno.
Bajo esta perspectiva, el Ministro de Justicia lleva adelante modificaciones a algunos artículos de normas, entre ellas de la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal, aprobada el miércoles por el pleno de la Cámara de Diputados, sesión a la que tuvo que asistió Lima para justificar los cambios.
El titular de Justicia explicó el anteproyecto de ley e informó que la implementación de herramientas tecnológicas de interoperabilidad logrará que el Órgano Judicial se interconecte con diferentes bases de datos del sistema estatal, a fin de emitir una justicia de calidad.
“La interoperabilidad le va a permitir al juez tomar decisiones de verdad. En una audiencia cautelar, se tiene que detener a alguien, porque no se tiene acceso a la información de Derechos Reales, a la información de la ASFI (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero) o a la información de Impuestos. Parece que el ciudadano tiene que llevar una larga lista de documentos (físicos)”, explicó Lima.
Modificaciones a otras leyes
El Ministro de Justicia planteó la reforma de la Ley 348 Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia; la reforma Penal, Tributaria, Laboral y la Ley de Hidrocarburos.
En la agenda de la Cámara de Diputados aparecen varios proyectos de ley para modificar entre ellas el Código Penal, Justicia Digital, la Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.