Detienen a exministros, hay orden contra Áñez; denuncian “cacería”
Las órdenes de aprehensión emitidas contra la expresidenta Jeanine Áñez y cinco de sus exministros, dos de ellos detenidos ayer, por el caso de presunto “golpe de Estado”, fueron condenadas por diferentes sectores políticos y sociales. Coincidieron en denunciar “persecución política” sobre una falsa narrativa, un hecho inexistente, para legitimar el fraude electoral de octubre de 2019.
Además, alertaron sobre el inicio de una “cacería” contra los opositores al Movimiento Al Socialismo (MAS) tras su “rotundo fracaso” en las elecciones subnacionales. Desde el MAS, negaron “persecución política” y aseguraron que se hace “justicia”.
La ola de órdenes de aprehensión contra figuras de la pasada gestión transitoria de Áñez se inició la semana pasada a partir de una demanda de la exdiputada oficialista Lidia Patty —presentada en noviembre del año pasado— por el presunto “golpe de Estado” que derivó en la dimisión del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019.
Ayer, la Policía en coordinación con el Ministerio Público aprehendió a los exministros Álvaro Coímbra, de Justicia, y Rodrigo Guzmán, de Energías, por la presunta comisión del delito de sedición, terrorismo y conspiración. Ambas exautoridades fueron detenidas en Trinidad, Beni, y trasladas hasta la ciudad de La Paz, a dependencias del IDIF.
Entre tanto, agentes de la Policía permanecen a las afueras de la residencia de Áñez en Trinidad, para proceder con la detención.
La Policía también allanó ayer la vivienda del exministro de la Presidencia Yerko Núñez, en Rurrenabaque, para ejecutar la captura, pero éste no fue encontrado.
Los otros dos exministros buscados, de Gobierno Arturo Murillo y de Defensa Fernando López, se encuentran fuera del país.
Además de estos dos exfuncionarios, las órdenes de detención recaen sobre cuatro militares: Palmiro Jarjuri Rada, excomandante de la Armada; Jorge Gonzalo Terceros, excomandante de la Fuerza Aérea; el general Jorge Gonzalo Mendieta, excomandante del Ejército, y Jorge Elmer Fernández Torranzon, jefe de la Fuerza Aérea.
Según la orden de aprehensión, concurre el riesgo de obstaculización del proceso, tomando en cuenta que “al presente el Ministerio Público no ha acumulado prueba documental referente al caso” y de fuga por el flujo migratorio activo que tienen.
“Persecución”
Varios juristas coincidieron ayer en que se cometieron varios abusos en la aprehensión de los dos exministros y advirtieron incoherencias en las órdenes de aprehensión, porque el caso de inició por presunto “golpe de Estado” pero se mencionan los hechos de Senkata y Huayllani.
“La persecución política ha comenzado. El MAS ha decidido volver a los estilos de la dictadura. Una pena, porque Bolivia no necesita dictadores; necesita libertad y soluciones”, dijo Áñez en su cuenta de Twitter, tras la aprehensión de Guzmán.
El mensaje de la exmandataria está acompañado de un enlace para acceder a la orden de aprehensión firmada por los fiscales Omar Mejillones y Lupe Zabala.
“Estamos en un proceso de persecución política peor que en las dictaduras. Se ejecuta contra quienes defendieron la democracia y la libertad en 2019. El poder judicial y la fiscalía masistas son el martillo ejecutor. Los autores del fraude se amnistían y pretenden ser víctimas”, cuestionó el expresidente y jefe de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa.
Mientras que el expresidente Jorge Quiroga responsabilizó a Evo Morales de la “persecución” y llamó al presidente Arce “aprendiz de tirano”.
Por su parte, el exlíder cívico Luis Fernando Camacho, principal acusado dentro el caso, a través de una carta instó al presidente Arce a dejar “de hacer la vista gorda” y a cesar “el amedrentamiento y la persecución”. “Usted y todos los bolivianos sabemos perfectamente que en Bolivia ocurrió un fraude perpetrado por algunos dirigentes de su partido”, se lee.
Orden no contiene evidencia
El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, manifestó ayer que las órdenes de aprehensión contra Jeanine Áñez y sus exministros, por presunto “golpe de Estado”, “no contienen evidencias de que hayan cometido el delito de terrorismo, por lo cual se “generan fundadas dudas de que se trata de un proceso basado en móviles políticos”.
El director de la entidad Defensora de Derechos Humanos comparó la orden de aprehensión contra Áñez con la emitida en 2020 contra Evo Morales y recordó que en ese entonces Human Rights Watch pidió que se retiren los cargos contra el exmandatario, al considerar ambiguo ese tipo penal.
Justicia envía a la cárcel al exjefe de Estado Mayor de las FFAA
La Justicia envió ayer a la cárcel, con detención preventiva por seis meses, al exjefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas almirante Flavio Arce San Martín por el caso denominado “golpe de estado”. Se lo acusó por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.
Arce San Martín fue parte del Alto Mando militar comandado por el general Williams Kaliman, quien el 10 de septiembre de 2019, en una rueda de prensa, pidió la renuncia del expresidente Evo Morales.
Roger Valverde, abogado de Arce San Martín, señaló que se ha apelado la decisión judicial, porque la considera ilegal y sin fundamento.
Es el primer militar sindicado enviado a la cárcel por este caso “golpe de Estado” iniciado por la exdiputada Lidia Patty por terrorismo, sedición y conspiración.
La Fiscalía había pedido la detención del almirante por riesgo de fuga y obstaculización, bajo el argumento de que tiene facilidad de salir del país o que podría influir en las personas que faltan por declarar.
Kaliman, el también excomandante de las Fuerzas Armas Sergio Orellana y el excomandante de la Policía Yuri Calderón también tienen órdenes de aprehensión.
Los tres uniformados están siendo buscados para ser aprehendidos. Orellana no se encontraría en Colombia, desde noviembre del año pasado.
