En 7 días, denuncia por presunto “golpe de Estado” viró hacia Áñez

Sobre bases jurídicas cuestionadas y una serie de contradicciones e incoherencias avanza el caso de presunto “golpe de Estado” promovido por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty. Un proceso, que tiene como brazo operativo el Ministerio Público de La Paz, que en menos de siete días cambió totalmente de objetivo.

En principio, el 1 de diciembre del año pasado, Patty presentó una demanda contra el exlíder cívico de Santa Cruz Luis Fernando Camacho Vaca y su padre José Luis Camacho Parada, por supuestos delitos de “conspiración” y “desestabilización” del gobierno de Evo Morales, tras los comicios de octubre de 2019.

Además, acusó a los excomandantes de las Fuerzas Armadas (FFAA), general Williams Kaliman, y de la Policía, general Yuri Calderón, de haber cometido los delitos de “terrorismo, sedición y conspiración”, pues habrían “deliberado y sugerido” a Morales su renuncia, violando así la Constitución boliviana, por lo que pidió su detención inmediata ante el peligro de fuga.

En el proceso se señala como víctimas a Evo Morales, Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra Arriaza y Víctor Ezequiel Borda Belzu.

Si bien se menciona en la denuncia otros autores, no se señala a la expresidenta Jeanine Áñez ni a los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, u otros que formaron parte del gabinete del gobierno transitorio.

Pero en una ampliación repentina de la denuncia, hace más de una semana, se aprehendió a Áñez, Coimbra y Guzmán, los tres ahora con detención preventiva en los penales de La Paz. Además, se allanó la casa del exministro Yerko Núñez, pero no se logró su captura. 

Para Juan del Granado, abogado y principal artífice del juicio de responsabilidades a Luis García Mesa, la denuncia y el enjuiciamiento contra la expresidenta Áñez por sedición, conspiración y terrorismo “es una triquiñuela destinada a encarcelarla ilegalmente, eludiendo el juicio de responsabilidades que le corresponde como expresidenta por supuestos delitos que hubiere podido cometer en el ejercicio de sus funciones”.

El argumento de la comisión de fiscales del caso, además del titular de Justicia, Iván Lima, para no seguir un juicio de responsabilidades contra Áñez, es que los presuntos ilícitos que habría cometido para hacerse de la Presidencia las cometió cuando fungía como senadora.

“Eludir el juicio penal de responsabilidades, que tiene que tramitarse ante la Corte Suprema de Justicia, previa autorización legislativa, es un ardid contrario a la Constitución y a los derechos fundamentales, reiterando el camino de la persecución política, de la venganza partidaria y de la confrontación, que pueden aparejar graves riesgos a la convivencia democrática y a la propia estabilidad gubernamental. Nunca hubo golpe, sino fraude, sublevación ciudadana y fuga”, expresa Del Granado en su análisis de atropello a los derechos.

Asimismo, señala que en el hipotético caso de que haya habido un golpe de Estado en 2019, como pretende hacer creer el MAS, Áñez igualmente debe ser sometida a un juicio de responsabilidades.

Por otra parte, Del Granado apuntó que no se pueden separar los hechos previos de un supuesto golpe de Estado, de los delitos que después hubieran cometido los gobernantes de facto (Senkata y Sacaba).

Señaló que así ocurrió con García Meza que fue enjuiciado por la Corte Suprema, siendo condenado por los delitos cometidos, incluyendo la sedición y la conspiración consumadas previamente, antes de posesionarse como presidente, como actos delictivos anteriores, pero indisolublemente ligados al origen de su gobierno y a sus acciones posteriores. 

“Ya aquella vez quedó clarísimo que de ninguna manera era legal ni pertinente separar los actos sediciosos previos de los actos gubernamentales delictivos posteriores. Los primeros eran el vehículo para los segundos”, explicó Del Granado.

Estos argumentos son corroborados con el documento de imputación contra Áñez, Coimbra y Guzmán que señala: “Los hechos de violencia y sedición tenían el propósito de consolidar la imposición ilegal e ilegítima de un nuevo gobierno contrario al orden constitucional, esto a la cabeza de Jeanine Áñez Chávez y un grupo de personas antes de la sesión, entre ellos Álvaro Rodrigo Guzmán Collao y Álvaro Eduardo Coimbra Cornejo (posteriormente posesionados como ministros) y otros”.

Aberración jurídica

El abogado Del Granado, por otra parte, cuestionó el accionar del Gobierno de Luis Arce a través de la Fiscalía, ya que lo único que busca es violentar las garantías constitucionales.

“Hoy la separación que está haciendo el gobierno no sólo es una aberración jurídica, desde el punto de vista procesal penal, sino un ardid para violentar las garantías constitucionales y legales especiales que la democracia boliviana le otorga a la expresidenta Áñez como gobernante constitucional transitoria”, sostiene.

“Testigos claves”

Por otra parte, algunos juristas han puesto en duda la validez de testigos denominados claves por la Fiscalía de La Paz, un supuesto extorsionador y una exministra de la administración de Morales.

El Ministerio Público validó la declaración de Óscar Antonio de la Fuente Amelunge para imputar y enviar con detención preventiva a la expresidenta Áñez y los exministros CoImbra y Guzmán.

De la Fuente Amelunge fue mensajero del exfiscal que dirigió las pesquisas del supuesto caso de terrorismo (2008), Marcelo Sosa.

Este testigo clave, en su oportunidad fue señalado por Zvonko Matkovic como uno de los “mensajeros” de Sosa, para extorsionar a su familia a cambio de su liberación en el caso Rosza.

El abogado Eusebio Vera observa también que en la imputación formal contra las tres exautoridades están las supuestas acciones que Añez cometió para “obligar” a la renuncia de los entonces presidentes de ambas cámaras legislativas, Adriana Salvatierra del Senado y Víctor Borda de Diputados.

Según la imputación, la exmandataria “logró” que ambos presidentes legislativos renuncien entre el 11 y 12 de noviembre de 2019, para asumir la Presidencia del Estado “de manera amañada”.

“Si bien la imputación hace referencia a que hubo una reunión en la Universidad Católica Boliviana (UCB) en la que estaban Jorge Quiroga, Carlos Mesa, Adriana Salvatierra, Teresa Morales y otros, y en la que supuestamente habrían obligado a la señora Salvatierra a presentar su renuncia a su condición de presidenta de la Cámara de Senadores y que, a cambio, permitirían la salida de Evo Morales del país, confunde la fecha, pues ambos militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) dimitieron a sus cargos el domingo 10, el día de la renuncia de Evo Morales”, precisa Vera.

Para la otra testigo clave, Teresa Morales “hubo conspiración porque en la reunión de supuesta pacificación convocada por la Iglesia católica en la UCB (a la que asistimos Adriana, Susana y yo) ésta desnudó y puso en evidencia todo el proceso conspirativo que desarrollaron todos los asistentes”.

El abogado además precisa que en esa supuesta reunión “conspirativa” no participó ninguna de las tres exautoridades ahora detenidas.

Sin fundamento

Vera asegura que la imputación contra las exautoridades es sumamente subjetiva y que en ningún momento se comprobó que en el país haya habido un “golpe de Estado”.

Además, carece de una secuencia lógica de acontecimientos, y los tipos penales de sedición, terrorismo y conspiración por los que han sido imputados las tres exautoridades, por tanto, no tienen ningún fundamento legal.

“No se observa cuál habría sido la conducta específica de la señora Áñez, Coimbra y Guzmán; se presume la participación. Señalan hechos específicos como que el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas habría sugerido que Evo Morales renuncie, en este hecho no hay la participación de los tres imputados”, señaló.

Acotó que los demandantes no explicaron “dónde, cómo, cuándo y de qué manera habrían participado en actos de sedición, terrorismo o conspiración”. 

Camacho con “trato preferencial”

El ministro de Justicia, Iván Lima, señaló que el exlíder cívico Luis Fernando Camacho debe tener un “tratamiento diferente” en el proceso penal por el supuesto “golpe de Estado” de 2019, porque ahora es el gobernador electo de Santa Cruz.

“En el caso del señor Camacho, él actualmente es gobernador (electo) de Santa Cruz y si bien hay una denuncia en contra de él, esta no puede ser el motivo de una conflagración en el país;  el derecho penal y los jueces deben ser prudentes en las acciones que realizan”, declaró Lima en una entrevista. 

Aclaró que esta situación no significa dar privilegios a unos con respeto a otros o que haya ciudadanos de primera y de segunda categoría. La denuncia presentada por la exdiputada Lidia Patty inicialmente era en contra de Camacho y el papá del exlider cívico. 

Detenidos por sugerir renuncia

De los altos jefes militares y policiales que participaron de una rueda de prensa, en la que informaron que se sugirió a Evo Morales renunciar, a la fecha dos  están con detención preventiva por el supuesto “golpe de Estado”: el excomandante de la Armada Boliviana y exjefe del Estado Mayor de las FFAA, almirante Flavio Arce San Martín, y el excomandante del Ejército, general Pastor Mendieta. 

Dentro de este proceso están denunciados y están siendo buscados para ser aprehendidos los excomandantes de las FFAA Williams Kaliman Kaliman y Sergio Orellana, además del excomandante de la Policía, Yuri Calderón.

Crítica internacional por proceso a exautoridades

La arremetida del Gobierno, por el presunto caso “golpe de Estado” en contra de la expresidenta Jeanine Áñez y exautoridades civiles y militares, ha generado una serie de pronunciamientos a nivel internacional, que demandan el respeto al debido proceso, la no politización de la justicia, algunos además rechazan la teoria que maneja el partido gobernante.

El portavoz de la Secretaría General de la Organización  de las Naciones Unidas (ONU), Stéphane Dujarric, informó que el secretario general António Guterres, en su conversación con el presidente Luis Arce, le recalcó la importancia de respetar los derechos humanos y garantizar juicios justos, tras las detenciones de la expresidenta Jeanine Áñez y de altos exfuncionarios del anterior gobierno.

La OEA y Human Watch Right también pidieron respeto al debido proceso, además  cuestionaron la independencia del sistema judicial boliviano.

Brasil, Estados Unidos, Paraguay y Ecuador, entre otros, también expresaron su preocupación por este proceso.

Ante todas estas críticas y observaciones, el Ministerio de Justicia respondió que se cumple con el debido proceso requerido por la normativa vigente y rechazó los cuestionamientos  a las detenciones de Áñez y los dos exministros. Calificaron de injerencia en los asuntos internos del país las declaraciones sobre el tema de Almagro.