Conade Cochabamba exige destinar incremento presupuestario de medios para ítems y vacunas
El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) de Cochabamba deploró la decisión del Gobierno de duplicar el presupuesto del Viceministerio de Comunicación para el cumplimiento de sus objetivos institucionales y exigió destinar esos recursos para atender la emergencia sanitaria.
“Queremos deplorar la decisión del gobierno central de duplicar el presupuesto para publicidad, para propaganda engañosa, en plena pandemia emergencia sanitaria cuando los hospitales de Cochabamba se encuentran sin médicos, sin enfermeras por falta de ítems”, manifestó Lizeth Beramendi, miembro del Conade.
Indicó que exigen “al gobierno que no malverse los dineros del Tesoro General, que no destine dinero a publicidad y que más bien esos dineros se vayan para la contratación de ítems, la compra de medicamentos y vacunas que tanta falta están haciendo a los bolivianos”.
El pasado sábado, se conoció que el Gobierno central aprobó, mediante el Decreto Supremo 4484, el incremento presupuestario del Viceministerio de Comunicación para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, además del fortalecimiento del Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios.
Sin embargo, llama la atención la asignación de pautas publicitarias. El presupuesto adicional es de 50.770.049 de bolivianos, que se suma a la asignación inicial a través del PGE 2021 de 59.567.107 de bolivianos, que da un total de 110.337.156 de bolivianos.
Demanda
Asimismo, Beramendi informó que alistan una demanda ante organismos internacionales contra el presidente Luis Arce Catacora por sus declaraciones vertidas en Tarija sobre la distribución de vacunas utilizando su discurso como prueba.
“Hemos mandado vacunas para el pueblo, para los médicos, no para las familias de los ricos, no para la oligarquía tarijeña”, manifestó el pasado 8 de abril el mandatario durante el cierre de campaña del candidato a la Gobernación del MAS para ese departamento.
Indicó que esto constituye en un delito de flagrancia, de atentado contra la salud y discriminación porque “las vacunas que lleguen al estado tienen que ser distribuidas sin ningún tipo de discriminación”.
