Fiscalía imputa a Bascopé por tres delitos y pide su detención; Conade exige liberación "inmediata"
El Comité de Defensa de la Democracia (Conade) pidió que el líder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) Mario Bascopé sea liberado “inmediatamente” y solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que interponga medidas cautelares para la protección de su vida.
En tanto, la Fiscalía, solicitó la detención preventiva de Bascopé en el penal de Cantumarca y emitió la imputación formal por los presuntos delitos organización criminal, fabricación ilícita y tenencia o porte de artefactos explosivos.
Bascopé está acusado por los daños que se habrían ocasionado en la Fiscalía General del Estado durante las protestas de octubre de 2020 en Sucre.
Los fiscales asignados al caso, Daniel Fernández y Javier Ángel Gorena, en conferencia de prensa justificaron su pedido de la privación de libertad en contra de Bascopé, porque aseguran que existen evidencias de que él sea autor de estos hechos ilícitos y los antecedentes penales en otros casos, según detalló Correo del Sur.
“El señor Mario Bascopé tiene antecedentes penales en otros procesos, en el municipio de Montero que está en juicio oral por tráfico de sustancias controladas y en el municipio de Cochabamba por tráfico y tenencia de armas”, señaló Gorena.
En tanto, Manuel Morales, del Conade, dijo que “solicitamos a la Conferencia Episcopal que intervenga con el objeto que se pida la inmediata libertad de ese señor”.
Aseveró que Bascopé fue internado en un hospital por una hernia que sería producto de una golpiza, por lo que denunció “torturas” contra el líder de la RJC.
Bascopé fue detenido el martes al salir de la cárcel de Palmasola, donde estaba detenido preventivamente por un proceso relacionado con el tráfico de sustancias controladas. La justicia le otorgó libertad condicional, pero la Policía lo arrestó apenas salió de la cárcel y lo trasladó a Sucre, donde se le abrió otro proceso, esta vez por daños a la infraestructura de la fiscalía.
La RJC denunció que se trata de persecución política contra los miembros de esta organización, que fue una de las que se movilizó contra el Gobierno de Evo Morales en 2019.
