Cox dice que traslado de Yassir Molina fue por temas “administrativos”

El viceministro de Régimen de Interior y Policía, Nelson Cox, se pronunció esta mañana sobre el traslado carcelario que se le ha impuesto a Yasir Molina, líder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC). Afirmó que se trató de una decisión "administrativa". 

El pasado 11 de septiembre, efectivos policiales trasladaron al líder de la RJC a la institución penitenciaria de Cantumarca, en Potosí. Ante este hecho, el abogado de Yasir Molina, Cristian Ramírez, declaró que este traslado fue hecho de manera “ilegal y sorpresiva”. Hoy, dos días después, el viceministro Cox se pronunció ante el hecho.

“Por criterio administrativo, ha sido determinado su desplazamiento (de Yasir Molina) a la cárcel de Cantumarca puesto a que se ha evidenciado que ha incumplido normas y ha estado gozando de acceso a servicios que no son para los privados de libertad, no solo por haberle encontrado tres celulares, sino por otros detalles que son propios del manejo administrativo”, declaró Cox.

Afirma que el traslado fue realizado a petición de los reclusos del penal San Roque, en Sucre, que denunciaron que Molina recibía tratos y beneficios especiales, así como vulneraba las normas de convivencia, por lo que “se ha observado hay un voto resolutivo de los privados de libertad que han pedido que se le aparte”, comentó el viceministro. Esto, en sus palabras, no es algo que ocurre extraordinariamente en el caso de Yasir, sino que “en todas las cárceles, cuando no existe un buen ambiente, los privados de libertad hacen solicitudes expresas para que se hagan desplazamientos y traslados”, acotó.

Comentó el viceministro que no es únicamente responsabilidad de un sometimiento jurisdiccional que se realicen traslados de prisioneros, sino que la misma ley prevé que estas disposiciones se ejecuten de forma administrativa para precautelar el manejo de los privados de libertad.

Con respecto a la investigación del contenido encontrado en los celulares decomisados a Yasir Molina, Cox aseguró que se está continuando con dicha investigación para que se pueda dar un manejo que sea allanado.

“Yo lamento mucho que de momento haya existido este tipo de manejos jurisdiccionales de parte del juez. Sin embargo, va a continuarse con el proceso investigativo, va a continuar el proceso de Cochabamba, el proceso de Sucre y todos los procesos que tengan que aperturarse en función de eso”, agregó el viceministro.

Caso motín

En cuanto al caso del motín policial, este fin de semana se dio a conocer la tercera baja de este objetivo y Cox aseguró que esta investigación “se va a ampliar a todos los efectivos que han tenido participación directa, en particular, a los que han incitado, a los que han generado estos manejos irregulares a los que han instigado a que se accione el motín policial y, desde luego, en el nivel de implicancia con afectaciones al orden público”.

“Hace dos meses se está tratando de continuar con los procesos, hay mucha chicana que se ha presentado por parte de los abogados que abusan del derecho al debido proceso y lamentablemente eso ha perjudicado a que se pueda culminar en un marco de la Ley 101. Esos procesos van a culminar y, de la misma forma, se ha hecho la derivación para que la Fiscalía departamental aperture los procesos penales contra los efectivos policiales. Espero que no se generen actos de presión para que no se realicen este tipo de audiencias y puedan culminar como corresponde. Eso es lo que prevé la Ley 101 y, de acuerdo a esto, los efectivos policiales deben asumir la responsabilidad de lo que han generado el 2019. Ese tema no va a quedar en lo absoluto en la impunidad”, afirmó el viceministro.

De la misma forma, Cox declaró que no es casual que el motín policial haya ocurrido en la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), sino que ha sido parte de un “manejo que ha querido dejar en la impunidad actos indisciplinarios, por no decir en otros delitos. En función a eso, todo lo que tenga participación directa o indirecta se va a ampliar como corresponde”.

Afirma que hay una denuncia formal por el tomo de armas de parte de los efectivos policiales que, lamentablemente, hasta el momento ha presentado inacción. “Nosotros vamos a reiterar, en el nivel de coordinación con la policía, para que estos casos sean esclarecidos”, acotó Cox, a lo que añadió que “es momento de hacer una revisión de todos los actos de la policía boliviana y también sancionar cuando corresponde”.

En cuanto a la investigación sobre la quema de unidades policiales, el viceministro aseguró que ya está en curso un proceso investigativo sobre este tema en específico que, incluso, ya tiene imputaciones. “Hay procesos que se han aperturado en Cochabamba, como en todo Bolivia, que van a culminar. Y en función de eso es importante que nunca más reeditemos situaciones de inseguridad”, comentó.

Ya terminando sus declaraciones, y a propósito de que hoy se cumplen seis meses desde la detención preventiva de Jeanine Áñez, el viceministro Cox afirmó, con respecto a la situación jurídica legal de la ex presidenta interina, que se está prosiguiendo con la investigación y que, como los criterios de riesgo son valorados por el juez jurisdiccional en cualquier proceso, es este mismo quien debe valorar si en este momento se debe continuar con el proceso y la investigación o no.

“Hay una medida cautelar de por medio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es cierto, pero no es menos cierto que el curso de la investigación debe acelerarse en función de un bien mayor que es la transparencia de este acto”, agregó Cox.