A 10 años de represión a la VIII marcha : Contiocap exige justicia y repudia impunidad
La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) exigió justicia y condenó la impunidad por la intervención policial violenta a la VIII marcha por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
“Justicia para nuestros hermanos que han sido ultrajados en los luctuosos hechos de Chaparina, porque mientras la IMPUNIDAD siga vigente, y no se identifique a los responsables, la justicia en el Estado Plurinacional de Bolivia sigue encubriendo la dictadura violenta del MAS”, sostiene Contiocap en un manifiesto.
En el entonces gobierno de Evo Morales, los indígenas de tierras se movilizaron en la VIII marcha indígena en rechazo a la construcción de una carretera por el corazón del TIPNIS, la que el 25 de septiembre de 2011 fue intervenida por las fuerzas policiales.
Los indígenas hombres y mujeres incluso algunos que participaban en la movilización con sus hijos fueron gasificados, golpeados y trasladados violentamente hacia un poblado cercano. El tema fue objeto de una condena de los organismos de derechos humanos e internacionales.
Contiocap sostiene que la marcha “Dgnamente defendían su casa grande de la amenaza de colonización total de sus territorios”.
Por este hecho, la fiscalía abrió un proceso, pero a la fecha nadie fue sancionado por la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas. Tampoco el gobierno tomó medidas contra las autoridades que tomaron la decisión de intervención.
Para el Contiocap el entonces gobierno de Morales, ha utilizado los discursos de defensor de los pueblos indígenas y defensor de la Madre Tierra, “solo para encubrir políticas económicas que conllevan graves violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, destruyen sus territorios y la Madre Tierra”.
Por otra parte, el Contiocap también demandó respeto para las Áreas Protegidas porque son patrimonio del país y dejar “sin efecto las concesiones mineras amparadas en Ley de Minería y Metalurgia 535, total y absolutamente discriminadora de los pueblos indígenas, que otorga privilegios inconstitucionales a terceros externos en nuestros territorios”.
También pidió respeto a la “legítima” marcha indígena de Tierras Bajas, contra el atropello, el avasallamiento de nuestros territorios promovido desde el gobierno.
Interpretan que “el plurinacionalismo e interculturalidad se ha convertido en un instrumento de división, invasión de territorios indígenas y áreas protegidas, acaparamiento de tierras para grupos afines al gobierno, amenazando de extinción a los verdaderos pueblos indígenas que representan la plurinacionalidad del Estado”.
Asimismo, consideran que los territorios indígenas, áreas protegidas y recursos naturales “ se han convertido en moneda de cambio clientelismo de votos o apoyo político del MAS, creando una nueva clase privilegiada de élite en Bolivia, quienes gozan de protección para usurpar, avasallar, invadir, sojuzgar, imponer, mientras los pueblos indígenas seguimos siendo la clase despojada , despojada, ultrajada, humillada, abusada, avasallada, relegada, discriminada”, que sigue luchando para reivindicar derechos Constitucionales.
