Gremiales ratifican plazo de 72 horas para abrogar la Ley 1386; anuncian cierre de fronteras
La Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales, Artesanos, Comerciantes Minoristas, Vivanderos y Trabajadores por cuenta propia demandan al Gobierno la abrogación de la Ley 1386 por ser atentatoria contra los intereses de la ciudadanía y del sector y dan un plazo de 72 horas, caso contrario iniciar a partir del jueves 21 de octubre un paro general.
Después de intensos debates, el ‘ampliado nacional extraordinario’ de la Confederación de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, que en sus anexos que establece los lineamientos del proyecto de Ley 218, documento que será retirado según anunció el Gobierno.
“El magno ampliado nacional resuelve: Exigir la abrogación de la Ley 1386 dando un plazo de 72 horas para que se cumpla, caso contrario el jueves 21 de octubre se aprueba declaratoria de pargo general con suspensión de actividades, cierre de fronteras, en forma conjunta con las Organizaciones del Autotransporte Pesado Internacional y el Transporte Sindicalizado, Comités Cívicos y demás organizaciones del país”, señala la resolución aprobada en Cochabamba.
El sector movilizado considera que el anuncio del retiro del proyecto de Ley 218 no es suficiente, debido a que la ley madre (1386) está vigente, porque ahí está toda su estrategia, entonces las cosas no han cambiado.
Si bien la Ley 1386 consta solamente de siete artículos y tres disposiciones, cuenta con un anexo de por lo menos de 52 páginas en que se establecen las tareas a desarrollar para combatir los ilícitos de financiamiento al terrorismo, contrabando, corrupción, narcotráfico, legitimación de ganancias ilícitas.
En este documento se establece el Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al terrorismo integrado por los ministerios de Economía, Gobierno, Defensa, Justicia, además de la Procuraduría General del Estado, además de otras instancias.
En el plan de acción se contempla la ‘informalidad e inclusión’, para el efecto establecen fortalecer el conocimiento del sector informal con el fin de identificar la incidencia de la informalidad en los riesgos de LGI/FT y compatibilizar los controles LGI/FT con las políticas estatales.
“Conformar una comisión para desarrollar un diagnóstico del sector informal que permita identificar la magnitud de actividades informales y su incidencia de los riesgos de LGI/FT en este sector. Desarrollar una estrategia para implementar las recomendaciones del diagnóstico, tendientes a mitigar y/o controlar los riesgos derivados de la informalidad y compatibilizar los controles LGI/FT con las políticas estatales.
Sostienen que la prevalencia de condiciones de informalidad permite a las organizaciones criminales y terroristas la posibilidad de abrir negocios y consumir con mayor facilidad sus ingresos procedentes del delito y subsistir permanentemente en el sector informal sin mayores riesgos de ser detectados.
Aseguran que la informalidad genera numerosas oportunidades para que el delincuente pueda ingresar a la economía el producto del delito y puedan ser llevadas a cabo en forma anónima y sin dejar ningún tipo de registro que permita su detección por las autoridades.
“Las políticas públicas implementadas contra la LGI/FT están diseñadas para prevenir y detectar hechos vinculados a estos delitos a través del sector formal. En esa línea, es necesario tener en cuenta que el mayor control del sistema formal a través de la implementación de políticas públicas contra la LGI/FT, sin contemplar la problemática, causas y condiciones de la informalidad, podría desalentar la formalidad en sectores económicos pequeños que sí invierten dinero obtenido legalmente”.
Ante esta situación, los gremiales de Bolivia en su ampliado también determinan que ‘se autoriza al ejecutivo nacional realizar los acuerdos de alianzas interinstitucionales con organizaciones de todo el país para lograr nuestro cometido: la abrogación de la Ley1386 de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo y otras que fueron aprobadas sin consultar a nadie’.
