Senador del MAS culpa a la prensa por rechazo popular a proyecto de ley contra ganancias ilícitas
El senador oficialista Félix Ajpi afirmó que los medios de comunicación participaron como parte responsable del rechazo popular a la Ley de Lucha Contra la Legitimación de las Ganancias Ilícitas, al hacer referencia al caso "ítems fantasmas" en la Alcaldía de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Ajpi, perteneciente al Movimiento Al Socialismo (MAS), pidió propuestas a los periodistas presentes y preguntó: "¿Ahora propongamos, hacemos o no hacemos (una ley contra ganancias ilícitas)".
El viernes 3 de diciembre, Félix Ajpi señaló que entre las personas involucradas en el caso de 800 ítems fantasmas, durante la gestión pasada de la alcaldía de Santa Cruz, están quienes promovían el rechazo contra dicha ley.
El pasado 14 de octubre de 2021, el gobierno retiró el proyecto de Ley Contra la Legitimización de Ganancias ilícitas y atribuyó la decisión a una "campaña de desinformación sobre los alcances de esa norma", y advirtió que el rechazo tuvo por objetivo "desestabilizar la gestión" del presidente Luis Arce Catacora, según el informe difundido por el Ministerio de la Presidencia.
Diferentes sectores y juristas advirtieron que la norma afectaba el patrimonio de las personas, sus actividades económicas e ingresos personales al presumir su obtención ilícita, y ello generó un rechazo y demanda del retiro del proyecto de ley.
La Fiscalía abrió una investigación por corrupción y legitimación de ganancias ilícitas contra exfuncionarios del gobierno municipal de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, tras denuncias sobre la existencia de unas 800 partidas salariales que habrían beneficiado a algunos funcionarios jerárquicos que trabajaron durante las gestiones de los alcaldes Percy Fernández y Angélica Sosa.
Los periodistas de medios de comunicación aludidos por el senador Ajpi, alertaron porque el proyecto de ley establecía la suspensión del secreto profesional que en materia periodística está protegido por la Ley de Imprenta y la Constitución Política del Estado (CPE). Otros sectores profesionales como los abogados también expresaron el rechazo al contenido del proyecto.
