Diario de Colombia revela cómo cayó narco boliviano que será extraditado a EEUU

A Estados Unidos será enviado el capo transnacional del narcotráfico, de nacionalidad boliviana, Omar Rojas Echeverría, un hombre que en Colombia resulta poco conocido, pero cuyo prontuario lo ubica como uno de los más importantes traficantes de su país y la región. Este capo, en alianza con una red que tenía enlaces en Perú, Venezuela, Brasil, México y Estados Unidos, enviaba cientos de toneladas de cocaína y armas. Información de la DEA, en poder de Semana, señala que tenía estrechas relaciones en los más altos niveles del Gobierno de su país, donde es considerado una especie de Pablo Escobar.

La historia de Rojas Echeverría tiene de fondo una relación directa con Colombia, donde fue capturado, y cuenta con socios en el negocio del narcotráfico. Se trata de una triangulación y coordinación de vuelos hacia Centroamérica cargados con droga cuyo destino final era Estados Unidos. Nadie se explica cómo él, quien era un mayor de la Policía, se convirtió en uno de los más grandes traficantes de cocaína en la región. Se le señala del envío de por lo menos 100 toneladas y miles de armas.

La respuesta puede estar en las investigaciones de la DEA, en las que ha quedado documentado que Rojas Echeverría no solo tiene contactos en la agencia antinarcóticos de Bolivia, sino también en las altas esferas del Gobierno de su país.

Semana conoció en primicia un documento de la DEA en el que queda en evidencia esta triangulación para traficar drogas con complicidad de militares y miembros del Gobierno. En el informe se advierte que el exdirector de la Agencia Antidroga de Bolivia junto con Rojas Echeverría, quien había tenido un alto cargo en dicha entidad, “utilizaron sus cargos oficiales y conexiones para obtener acceso a aeródromos bolivianos con el fin de facilitar los cargamentos de cocaína en grandes cantidades”.

Su papel fue fundamental, señala la información de las autoridades, para “organizar la protección por parte de las fuerzas del orden de esos cargamentos de drogas”. Para identificar a los implicados en esta organización, fue clave la declaración de un informante que había trabajado en la agencia antidrogas y tenía una relación de vieja data con Rojas Echeverría. En medio de las acciones ilegales que adelantó la organización, tuvo varias comunicaciones telefónicas, vía mensajería instantánea y reuniones personales, en las cuales quedaron registrados los planes para traficar cocaína. “A lo largo de las reuniones y conversaciones telefónicas (…), los acusados describieron sus extensas experiencias de narcotráfico y sus conexiones con los más altos niveles del Gobierno boliviano”, señala el documento.

Es un asunto que aún están investigando, pues la organización, a la que hacen responsable del envío de cerca de 100 toneladas de cocaína, operó entre principios de 2019 y finales de 2020, cuando fue desarticulada, y este es justo el periodo de transición entre el Gobierno de Evo Morales y Jeanine Áñez; las autoridades estadounidenses están aún tratando de establecer estos vínculos con precisión. Sin embargo, las alarmas están prendidas por la posibilidad de que, como sucede con Venezuela, haya una relación estrecha entre funcionarios, militares y el tráfico de drogas y armas.

Fue en plena pandemia cuando Rojas Echeverría se asoció con otro narco boliviano de vieja data, Juan Roca Suárez, más conocido como Techo de Paja, un hombre que tuvo negocios con el cartel de Medellín en la década de los noventa. En esa época, Colombia aún no tenía tantas hectáreas cultivadas con hoja de coca, así que Techo de Paja era el encargado de proveer los insumos para la producción de la pasta en los laboratorios de Pablo Escobar. Utilizando su conocimiento y contactos, el exoficial era el encargado de coordinar el movimiento de aeronaves de alta gama que salían desde pistas clandestinas en el departamento de Beni, en el norte de Bolivia, hacia Centroamérica con destino final a Estados Unidos.

Según consta en los documentos de inteligencia en poder de Semana, a fin de lograr su objetivo “contrató” a funcionarios de las autoridades de los controles aéreos de Bolivia y Perú para que omitieran sus funciones; en síntesis, que se hicieran los de la vista gorda y permitieran que las aeronaves fueran cargadas con la cocaína y salieran sin ningún tipo de inconveniente.

Pero los negocios ilegales de Omar Rojas Echeverría no paraban ahí. Los acuerdos no solo se sellaban con el pago de millones de dólares por los cargamentos de cocaína. Sus contactos en la región, como lo demuestran los documentos recopilados en la Operación Andes –en la que además cayeron Roberto Moisés Banzer, Jheyson Montaño Fernández, Rómulo Ramírez Rodríguez y César Omar Cuéllar Pérez–, también le permitieron efectuar transacciones por armamento.

Parte de ese arsenal se usaba como pago de los cargamentos, y era enviado a Estados Unidos y algunos de sus socios en los países de la región, como Perú, Bolivia y Colombia.

Las pruebas del actuar delictivo de esta organización, que requirió de meses de investigación entre la Policía Antinarcóticos de Colombia y las autoridades de los países vecinos que actuaron en conjunto y con apoyo de la DEA, permitieron desenredar la madeja de la red de tráfico de drogas y armas.

Rojas Echeverría, capturado en Colombia, será enviado rumbo a Estados Unidos donde es requerido por una corte del Distrito Sur de Nueva York, y deberá responder por los delitos de tráfico de drogas y de armas de fuego.

En el dosier se advierte que tuvo conocimiento y participación activa en las acciones delincuenciales que adelantó dicha organización. En el primer cargo se manifiesta que Rojas Echeverría se asoció con otras personas para llevar a Estados Unidos la cocaína, sabiendo que esta acción estaba totalmente prohibida y era catalogada como delictiva.

Advierte, además, que el oficial en retiro “era consciente de que con su acción podía ser procesado en un tribunal de los Estados Unidos”. En este punto existe un agravante por el uso y porte de ametralladoras y artefactos destructivos para promover el delito de narcotráfico.

En Bolivia son más las dudas que las certezas que rodean el retiro de Echeverría de la Policía de su país, en 2004, tras 15 años en la institución. Pero hay un tema que no ha pasado inadvertido: su hermano, Alexánder Rojas, es el inspector general de la Policía boliviana, el tercer cargo en jerarquía de esta institución.

El socio

En este entramado de tráfico de armas y droga hay otro socio y protagonista: Juan Roca Suárez, quien también es una celebridad en su país. En la década de los ochenta, su nombre aparecía casi que todas las semanas en la sección de judiciales de los medios de comunicación de Bolivia. Detrás de su fama estaban sus negocios ilegales y sus excentricidades.

En 1990 fue capturado y condenado a 35 años de prisión en Estados Unidos por los delitos de narcotráfico, lavado de activos, fraude bancario, evasión de impuestos y extorsión. Esto, por las actividades que había adelantado en la organización liderada por su tío Roberto Suárez, más conocido como “el rey de la cocaína en Bolivia”.

Tras cumplir 25 años de condena, en 2018, regresó deportado a su país para seguir cumpliendo otra sentencia a 15 años de prisión. No obstante, recibió el beneficio de detención domiciliaria en su pueblo natal, Santa Ana de Yacuma, en el departamento de Beni. Antecedido por su fama fue proclamado candidato a la alcaldía, pero le dio esa postulación a su hija, quien resultó electa.

Después de pocos días de estar privado de la libertad, pidió el traslado a un centro médico para una cita de rutina. En el hospital se fugó, pero, pese a lo que ordena la ley, las autoridades no lo buscaron bajo el argumento de que por su edad no representaba mayor peligrosidad.

Quienes no lo perdieron de vista fueron los agentes de la DEA, pues lo encontraron después de que conformara, al lado de Rojas Echeverría, esta nueva organización para el tráfico de cocaína.