Consorcios, un “negocio” que deja a la sociedad víctima de delincuentes

Las operaciones de grupos organizados conocidos como “consorcios”, conformados por abogados, jueces, fiscales y otros integrantes, son un secreto a voces en los pasillos de los estrados judiciales, del Ministerio Público, de la Policía y de otras instituciones ligadas a la administración de justicia o la persecución de delitos. A cambio de dinero, estos grupos otorgan beneficios a presos, imputados penalmente o a partes (litigantes), en procesos civiles o penales.

“Estos administradores utilizan las leyes y el aparato de la justicia para enriquecerse ilegalmente”, denuncian abogados que, por temor a represalias, piden guardar su identidad en reserva.

En las últimas semanas, en medio de la crisis que aqueja el sistema judicial, salieron a luz varias irregularidades en las que incurrieron funcionarios de juzgados para favorecer con detención domiciliaria a feminicidas con sentencia de 30 años de cárcel y sin derecho a indulto. Las investigaciones de estos hechos develaron que por detrás funcionaba un consorcio muy bien estructurado para liberar a condenados a 30 años sin indulto.

El caso que desencadenó las otras investigaciones fue el del feminicida serial Richard Choque Flores, en el que, a partir de una denuncia de violación, se develó otros delitos como los asesinatos de cuatro personas.

Se estableció que se trataba de un feminicida condenado en 2013 a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por la muerte de una joven, pero fue beneficiado en diciembre de 2019 con detención domiciliaria por un trabajo realizado por un consorcio de jueces, fiscales y otros, que fraguó documentos que presentó la defensa.

Se le otorgó detención domiciliaria por 18 meses y, en este lapso, Choque victimó a dos adolescentes desaparecidas en mayo y agosto de 2021, que fueron halladas el 24 de enero enterradas en la casa que ocupaba el sentenciado.

“Es un ejemplo de cómo operan los consorcios, que involucran a un juez, abogados, trabajadoras sociales, secretarios de juzgado y un médico, que se articularon para definir elementos y adecuarlos a la normativa para liberar reos peligrosos que pagan por estos servicios”, sostuvo uno de los abogados consultados.

¿Cómo nacen?

La conformación de estos consorcios se da en todas las áreas: penal, civil y laboral, entre otras.

“Muchos jueces y fiscales demandan ingresar a esos consorcios y, una vez adentro, contactan a sus conocidos del entorno judicial, como fiscales, abogados, otros jueces, y entonces van diseñando estrategias sobre casos que atienden para resolverlos a solicitud de delincuentes y a cambio de dinero”, relató la fuente.

Estos grupos delictivos se organizan con el único objetivo de sacar réditos económicos que se distribuyen en porcentajes, de acuerdo a la jerarquía de los integrantes. Los jueces se llevan la mejor parte.

Adecuación jurídica

El ministro de Justicia, Iván Lima, señaló hace unos días que Choque Flores no debería estar libre ni un minuto y cumplir su condena hasta 2045.

La Ley 2298 de Ejecución Penal y Supervisión, en su artículo 196 de “detención domiciliaria”, señala que no serán beneficiados los que estén por “delitos que no admitan indulto”.

“Los condenados que hubieran cumplido la edad de 60 años, durante la ejecución de la condena, podrán cumplir el resto de la misma en detención domiciliaria, salvo aquellos que hubiesen sido condenados por delitos que no admitan indulto”, refiere la norma.

Asimismo, “los condenados que padezcan de una enfermedad incurable, en período terminal, cumplirán el resto de la condena en detención domiciliaria”.

En el caso de Choque y otros, se ha utilizado la parte de este artículo referida a enfermedad para beneficiar a reos con condena de 30 años sin derecho a indulto, particularmente, feminicidas y violadores.

En este consorcio que liberó a Choque intervienen médicos del IDIF, que emiten un certificado médico aduciendo que se encuentran con una enfermedad terminal, pero relacionada con diabetes, gastritis o de asma, males que no son terminales.

Forma de operar

Los legistas señalaron que estos grupos de corrupción judicial son organizados generalmente por un juez, y es quien define al resto de los integrantes.

“Un juez hace su propio consorcio con fiscales y otros jueces. Le llega el caso con un detenido y decide enviarlo a la cárcel sin tomar en cuenta si es culpable o inocente. Este juez tiene su propio abogado que espera fuera del juzgado y luego toma contacto con el imputado para ofrecerle sacarlo de la cárcel porque tiene contactos”, relató uno de los entrevistados.

“Entonces el detenido, apenas se contacta con su familia, pide que llamen al abogado para que haga todos los trámites porque tiene nexos con el juzgado. Ya en contacto, le ofrecen lograr la cesación a la detención preventiva, pero a cambio de una determinada suma. Ese trabajo lo hacen con fiscales, lo hacen con jueces, con pasantes y con toda la gente que conforma el consorcio”, indicó.

Otros contactos

Este grupo cuenta también con la participación de otras personas, que se encargan de ofrecer domicilio, trabajo, documentos y garantes, además de otros requisitos, para lograr la “cesación de detención preventiva o la libertad plena”.

“Por el monto que se fija, el que busca beneficiarse con medidas sustitutivas, al tener el nexo o contacto con el consorcio, puede obtener folio real, factura de luz, factura de agua, todos los elementos suficientes para que el juez que lo envió a la cárcel le otorgue detención domiciliaria o libertad”, según la fuente.

Agregó que “el secretario del juzgado ya se encarga de contactar a una de esas personas y tiene todo, entonces, la o el juez ni siquiera firma; el secretario es el que realiza todo, recolecta la plata y le entrega a juez”.

También mencionaron que hay otros jueces que cuentan con su “recaudador”. En varios de estos casos, éste llega a ser el secretario del juzgado, quien colecta para todos, es decir, que todo entra a una olla común y la reparten en porcentajes: 60 por ciento para el juez y 40 por ciento para los demás.

Otro método que se utiliza para el contacto es a través de los investigadores o policías, quienes se ofrecen hablar con el “fiscal”, pero lo establecido es que “tienen acuerdos con gente que tiene problemas, es decir delincuentes”.

Asimismo, sostienen que hay personas fuera del sistema que manejan los consorcios, es decir, es gente que tiene vinculación o que actúa directamente con abogados, policías, jueces y fiscales, pero no de manera interna, sino del exterior del sistema. “Se ha observado redes de extorsión que incluso actuaban desde un ministerio”, señaló el entrevistado.

Sanción

La normativa penal establece que “el juez o fiscal que concertare la formación de consorcios con uno o varios abogados o policías con el objeto de procurarse ventajas económicas ilícitas en detrimento de la sana administración de justicia será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años”.

ANALISTA: LA SOLUCIÓN PASA POR UN CAMBIO TOTAL

REDACCION CENTRAL

La justicia está prostituida, en un momento muy crítico, y la única solución que hay para que salvemos la justicia y empecemos con algo nuevo es dar cartas de agradecimiento a todos, absolutamente a todos: jueces, fiscales, secretarios, y que los que algún día fueron jueces y fiscales nunca más lo puedan ser, señala el abogado Omar Durán.

“Se tiene que empezar de cero e incluir jueces de acero. Hay tribunales que no resuelven casos. Por ejemplo, tener tres jueces de sentencia en un tribunal es demasiado, porque un juez se corrompe, los otros se corrompen, todo es dinero, la justicia está totalmente prostituida”, indicó.

Agregó que la corrupción se ha institucionalizado de manera alarmante en todos los estratos de funcionarios judiciales y fiscales.

“El establecimiento de consorcios de abogados, que está asociado a un grupo humano que se ve involucrado ha generado hechos de corrupción que no se constituyen en hechos aislados, toda vez que éstos se cometen mediante concurrencia de partes: alguien que propone y otro que los acepta, lo que se constituye en cohecho pasivo y cohecho activo en perjuicio del interés de un tercero”, sostuvo.

En ese entendido, mencionó que las designaciones político-partidarias se constituyen en “caldo de cultivo” en el que germina la putrefacta corrupción, a partir de la devolución de favores recibidos.

ESTUDIOS SOBRE CORRUPCIÓN

Un estudio, mediante la realización de entrevistas a diversos actores del proceso penal, confirmó que la corrupción en la administración de justicia muestra una serie de variables como ser: la influencia política (19%), los pagos en dinero (55%) y la retribución de favores (14%).

Para los factores señalados influían los bajos sueldos tanto de los magistrados como personal subalterno jurisdiccional.

USO DE LA JUSTICIA

A nivel jurídico, existe un bloque de normas, tratados, sentencias constitucionales y la propia Ley 1173 que beneficia a los agresores.

Este paquete jurídico protege los derechos del agresor por encima de los de las víctimas, lo que permite que haya impunidad o que condenados a 30 años de prisión puedan gozar de libertad.

“Esta situación ocurre porque anularon el numeral seis del artículo 234 del Código de Procedimiento Penal. Además, con la Sentencia Constitucional 276/218 dan vía libre a todos los procesados por uno o 10 delitos para que no se puedan contar sus antecedentes u otras imputaciones para que sigan en la cárcel”, señala el abogado Ramiro Cárdenas.

Agregó que, de acuerdo con la Ley 1173, muchos que están con detención preventiva por feminicidio o violación pueden acceder a una detención domiciliaria porque alegan que no hay pruebas suficientes. “Por eso, muchos salieron en libertad y los casos quedaron en nada”, indicó.

ALGUNOS CONSORCIOS

- En 2015, una mujer (Patricia N. N.) filmó, con una cámara oculta, una reunión con el entonces juez del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción, Marcelo Barrientos, quien le exigió 15 mil dólares para cambiar la tipificación de la acusación que iba a presentar el fiscal contra su hijo, de violación a estupro.

Los involucrados fueron imputados por los delitos de cohecho pasivo, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.

- En 2016, salió a luz otro consorcio en el que estaban involucrados la juez Jakelyn Titntaya, el exvocal Fernado

Ganam, el abogado Milton Mendoza y la teniente de Policía Mireya Morales, entre otros. El caso se conoció como Ganam-Mendoza.

- En 2019, el abogado Jhasmani Torrico, acusado de tortura y extorsión a sus clientes, detenido actualmente, también relató que conformó un consorcio de jueces y fiscales a quienes pagó para manipular el resultado de varios casos.