Analistas: Endurecer penas no resuelve las deficiencias de justicia

Los primeros resultados de la comisión de seguimiento de casos de feminicidios y violaciones son anuncios que a lo largo del tiempo no darán ningún resultado, porque el problema es estructural e involucra a todo un sistema y no solo a jueces y fiscales, también tiene responsabilidad el Órgano Ejecutivo, sostienen abogados y analistas.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, dio a conocer los resultados de la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio. Dijo que hasta el momento 10 personas que tenían sentencias condenatorias fueron recapturadas y se procesó a nueve jueces que ayudaron a salir de prisión a los delincuentes, además de modificaciones normativas para endurecer las penas contra los operadores de justicia.

“La captura o recaptura de esas personas sentenciadas y que gozaban de libertad, por determinadas circunstancias, más que todo ha sido por presión social, no ha sido por acciones espectaculares del Gobierno nacional”, dijo el constitucionalista y analista Paul Coca.

El penalista Eusebio Vera señaló que este trabajo en su primera fase no es más que un anuncio sobre los avances  que han tenido, pero centran su objetivo en el Órgano Judicial, cuando el mal está en la desestructuración del sistema, en el que interviene también el Ejecutivo.

“Esta comisión al parecer tiene la única tarea de deslindar responsabilidades del Gobierno central en estas irregularidades de liberar a sentenciados a 30 años sin derecho a indulto. Para conceder un beneficio el juez recibe un legajo que revisa, información del IDIF, de Régimen Penitenciario, entre otros, pero resulta que el responsable es el juez, un consorcio”, reflexiona.

El Ejecutivo

Recordó que la Policía y Régimen Penitenciario responden al Ejecutivo y que dependen del Ministerio de Gobierno.

“Para que el juez otorgue libertad valora la información que le entregan las partes, entre los informes se tiene de Régimen Penitenciario. Estos son revisados por la autoridad jurisdiccional, pero no está en su función ir a revisar si son ciertos o no, por tanto, se tiene que evaluar también a estos otros sectores”, señaló.

Sanciones mayores

Dentro de este proceso de revisión, la titular de la Presidencia indicó que se está trabajando con el Órgano Legislativo debido a que se ha identificado fallas en la normativa, por lo que se propone modificaciones en el Código Penal y Código Procesal Penal.

“La comisión propone modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal para agravar el tipo penal de prevaricato de juez o fiscal y así sancionar a los malos administradores de justicia incrementándose la pena de privación de libertad de 5 a 10 años y de 8 a 20 años en caso de que se trate de procesos por delitos de feminicidio, violación e infanticidio”, dijo.

Al respecto, los abogados indicaron que cuando surgen una serie de situaciones, cuestionadas por la sociedad, lo primero que se hace es plantear normas o modificarlas, aspecto que no refleja la realidad.

“¿Es la normativa que está fallando? No. Lo que está fallando es el sistema, las instituciones que administran justicia que son las que tienen que vigilar el cumplimiento, son soluciones parche por presión social”, señala Coca.

Vera señaló que “agravar las penas en contra de los jueces por prevaricato, en realidad para cualquier autoridad, no es la solución”.

“Qué pasa con los otros implicados, no solo son jueces, abogados, hay parte que responde al Órgano Ejecutivo”, dijo.

Todo los presos están en un mismo espacio

La falta de control y seguimiento de los detenidos, la necesidad de clasificación, hacinamiento, entre otros, además de los informes que debe emitir Régimen Penitenciario, son factores que permiten que sentenciados con penas máximas se beneficien, sostiene la politóloga Patricia Velasco.

“Es un problema de estructura, estoy hablando de Régimen Penitenciario, no se cumple la Ley de Ejecución Penal, que establece la estratificación de personas por la comisión del delito, pero actualmente se ven en un mismo espacio a todos: violadores, asesinos seriales, delitos de narcotráfico, personas por  asistencia familiar. No hay  esa estratificación y eso corresponde al Gobierno, la falla está ahí, no tanto en los administradores de justicia”, señaló.

En su análisis de la norma de ejecución penal,  Velasco indicó que existen informes que se tienen que presentar para hacer el seguimiento a los reos.

“Por ejemplo, en cuanto a salud, el director del penal debe elevar informes para que un preso acceda a servicios médicos particulares”.

 Agregó que es responsabilidad del Estado velar por la situación de los privados de libertad, pero que lamentablemente no observar la normativa da lugar a estos actos de corrupción, por lo que estarían incurriendo en incumplimiento de deberes.

Gobierno se limita a sanción de jueces

El hecho de agravar las sanciones en contra de las autoridades jurisdiccionales es limitar esta acción a un determinado grupo, dijo el abogado penalista Eusebio Vera.

“Estamos siendo muy limitativos en el hecho de configurar o solamente fijar alguna sanción en contra de las autoridades que administran la justicia, jueces y fiscales. El mensaje de agravar el delito de prevaricato de tanto a tantos años a quiénes va dirigido, a los que tienen a cargo la administración de justicia y ese no es el camino correcto, por consiguiente no es la solución, qué pasa con los otros actores”, manifestó Vera.