Rosario Baptista: El fallo a favor de Evo es “muestra del rol vergonzosamente parcializado” del TCP

País
Publicado el 28/03/2022 a las 0h29
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A cuatro meses de su alejamiento oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE) como vocal, Rosario Baptista calificó de “vergonzoso” y servil el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que declara inconstitucional la inhabilitación de Evo Morales como candidato a senador en las elecciones de 2020.

En una entrevista por escrito concedida a Los Tiempos, Baptista dijo también que continúan las represalias y amenazas en su contra y detalla que la última fue realizada por Morales por la resolución del TCP.

—¿Cuál es su opinión respecto al fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que determina inconstitucional la inhabilitación de Evo Morales como candidato a senador para las elecciones de 2020?

—Ese fallo es una muestra más del rol vergonzosamente parcializado y servil del Tribunal Constitucional respecto al Movimiento Al Socialismo, manipulando la tutela de los derechos políticos de forma discrecional. Es uno de tantos y tan claros ejemplos desde la aprobación de la Constitución y el secuestro por parte de ese partido político del Tribunal Constitucional, que tan sumiso se ha puesto a su servicio, sin siquiera sonrojarse.

Entre los más relevantes se pueden mencionar tres casos de clara violación de derechos políticos de opositores al MAS, avalada por la abusiva y parcializada actuación del Tribunal Constitucional, que en similares situaciones favoreció a militantes del MAS.

El primer caso fue el rechazo de una acción de inconstitucionalidad concreta en 2015 por la cancelación de la personalidad jurídica de Unidad Demócrata en Beni, que impidió a 227 candidatos ejercer sus derechos políticos nueve días antes de la elección, y en situación similar en las elecciones 2020, la admisión y declaración de inconstitucionalidad del mismo artículo que dio lugar a ese hecho tan arbitrario, cuando el partido afectado sería el Movimiento Al Socialismo.

El segundo caso es el de Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado, inhabilitados también en 2015 como candidatos a las alcaldías de Cochabamba y Potosí, respectivamente, por no tener residencia en esos departamentos, ya que los dos años previos vivían en La Paz ejerciendo los cargos de diputada y senador.

El Tribunal Constitucional rechazó in límine esas dos acciones de amparo constitucional, con el ridículo argumento de que su inhabilitación no afectaba sus derechos políticos sino los de su organización política (como si las organizaciones políticas tuvieran derechos humanos), y que ésta debió interponer la acción de garantía. Recurrieron al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que el año 2018 dictaminó que se violaron sus derechos humanos, determinando la reparación por el daño causado, y la obligación del Estado de adoptar medidas en 180 días para garantizar el ejercicio de los derechos políticos. A cambio, en ese plazo aprobaron la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, que más bien vulnera los derechos políticos mediante disposiciones inconstitucionales. Han pasado siete años desde el hecho y cuatro desde el dictamen del Comité de Derechos Humanos, y el Estado argumenta que no es vinculante.

La garantía de los derechos humanos es una obligación vinculante para el Estado.

En el caso de Evo Morales, no hay argumentos válidos para determinar la vulneración de sus derechos políticos. La exigencia de la residencia se introdujo en la Constitución de 2009. Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado fueron inhabilitados por no residir en Cochabamba mientras eran parlamentarios.

Evo Morales reivindica su actividad como dirigente cocalero para justificar su residencia en Chimoré, cuando su actividad principal era ser Presidente de la República, con residencia en La Paz, sede de gobierno. Pero además, cuando se postuló como candidato a Senador, residía fuera del país. Un Tribunal no puede aplicar reglas diferenciadas —como lo hace el Tribunal Constitucional—. Los derechos humanos son universales, individuales e indivisibles. Podría discutirse la pertinencia del requisito de residencia, pero lo que no se puede hacer es aplicarlo a unos y no a otros. Los derechos no son un menú a la carta, que se puedan aplicar o no según de quién se trate.

—¿Qué cree que haya tras esta decisión de Tribunal Constitucional?

—No tengo idea de su intención. Pero es la misma línea de acción del tribunal constitucional que la de los años 2014 y 2017, cuando permitió, vulnerando la Constitución, que Evo Morales se postule dos veces más a la Presidencia. Tal vez pretenden legitimar una nueva candidatura y brindarle impunidad respecto a crímenes que pudiera haber cometido, forzando no sólo la Constitución y las leyes, sino la paciencia del pueblo. Son cómplices del desmontaje del sistema democrático.

—Distanciada del Tribunal Supremo Electoral, ¿cree que la Sala Plena tomó una decisión equivocada al inhabilitar a Evo Morales como candidato?

—Las decisiones que se tomaron en Sala Plena fueron imparciales y sometidas a la Constitución y las leyes. Se elaboraron criterios para determinar el cumplimiento del requisito de residencia por parte de todos y cada uno de los candidatos, que se aplicaron sin excepción.

En la administración de justicia, en este caso electoral, la tutela de los derechos políticos no admite preferencias, excepciones ni simpatías o antipatías. Se hizo lo correcto. Lo curioso es que el propio Evo Morales cree que alguien dio la orden.

Están acostumbrados a pensar que tienen que tener un trato distinto la resto de ciudadanos, y que el TSE debe obedecer órdenes, no admiten el criterio propio, la deliberación de un órgano colegiado y la toma de decisiones conforme a la Constitución y las leyes, para ellos las decisiones se toman por órdenes verticales indiscutibles. Su reacción y actitud es prueba suficiente para mostrar la discrecionalidad con que operaron siempre.

—¿Usted teme alguna represalia contra su persona? ¿Tiene algunos procesos en la justicia ordinaria por su papel como vocal del TSE?

—No es un temor; es un hecho. Las represalias se iniciaron cuando aún estaba en ejercicio del cargo. He sido sometida a dos procesos disciplinarios absurdos, forzados, fui arbitrariamente suspendida dos veces, una por 28 días, otra por 22 días, impidiéndome el ejercicio de la función y el goce de salario; legisladores masistas me hicieron varias peticiones de informe escrito personales, no institucionales; hicieron denuncias penales, mis propios ex colegas remitieron uno de los procesos disciplinarios al Ministerio Público; hubo amenazas públicas de ministros con otros procesos que no sé si se habrán o no iniciado, y la amenaza más reciente, la vertida por Evo Morales por su inhabilitación.

—¿El TSE hoy es imparcial? ¿Cómo ve el trabajo del Órgano Electoral?

—El Órgano Electoral, como todos los otros poderes públicos, está sometido al partido gobernante. El Estatuto del MAS es la prueba más clara. No regula a su militancia, sino a la función pública, determina que ningún cargo del Estado puede ser ocupado por personas independientes, todos, sin importar el nivel jerárquico, deben ser militantes y tomar decisiones consultando previamente con la Dirección del partido en el nivel que corresponda.

Eso les pareció normal, sino bien. Están sometidos, algunos, concediendo el beneficio de la duda, son cuando menos funcionales al partido. No es un Órgano independiente, entre otras cosas, porque la misma ley es inconstitucional, para favorecer al partido.

Eso, entre otras cosas, impide que sea un Tribunal imparcial. Aplicando control de constitucionalidad y convencionalidad a cada caso concreto, podría tomar decisiones imparciales, pero no hay la voluntad de hacerlo.

—¿Qué tan malo es el padrón? ¿Podría generarse un fraude en 2025?

—El problema del padrón es que no es transparente. El sistema electoral no es transparente, no se toman las medidas necesarias para que haya confianza en ese padrón. El cotejo de huellas de las listas índice con las del padrón es indispensable, como lo es también la “arqueología” de ese padrón, es decir, hacer una verificación de los registros desde su conformación original el año 2009, con observación ciudadana.

Si todo está bien, ¿por qué no hacerla? Pero el problema no sólo es el padrón, son los algoritmos de sorteo de jurados y de cómputo, que no son abiertos al escrutinio público, es la posibilidad de manipulación del sistema durante el cómputo, es la duda ciudadana persistente sobre todos estos aspectos lo que pone en duda una nueva elección. Pero además el fraude no sólo está en la elección misma, sino en el conjunto de leyes, en su aplicación, en la falta de procedimientos jurisdiccionales, en la discrecionalidad que eso imprime, en la violencia política contra las mujeres, la segregación a los pueblos indígenas, la falta de educación democrática e información a la población, todo esto hace propicio un fraude. Pero además, el fraude ni siquiera está tipificado como delito y el sistema de partidos está desbaratado. Aunque la ley lo diga, un referéndum puede no ser vinculante, y así, la discrecionalidad y ahora la jurisprudencia constitucional no favorecen la confianza en una elección limpia.

—Tildó de ilegal al estatuto del MAS, pero no fue observado por el TSE. ¿Es complicidad?

—Es la más clara expresión de sometimiento a ese estatuto, y por tanto al MAS. Exige aportes a los funcionarios públicos, no a sus militantes. Determina que “no existe la figura de autoridades neutrales ni independientes en los cargos de designación a nivel nacional… todas y todos deben ser militantes del MAS-IPSP”, impone a toda autoridad designada y servidores públicos en general el deber de coordinar y articular actividades de gestión pública con el comité Ejecutivo de la Dirección Nacional del partido. Eso rompe por completo el derecho político de ocupar cargos en la función pública sin más requisito que la idoneidad.

—¿Algo más que usted quiera detallar?

—Me gustaría insistir en la actitud pasiva del Tribunal Supremo Electoral respecto a la ilegal destitución por parte de Luis Arce Catacora de seis vocales departamentales, tres de ellos ejercían la Presidencia. El Presidente no tiene atribuciones para destituir, sólo de designar, y aún así, esa atribución no es constitucional, aunque está en la Ley del Órgano Electoral. Pero lo inadmisibles es que el Tribunal Supremo no se hubiera pronunciado al respecto, aceptando sumisos la designación, bajo el criterio de que son “delegados” del Presidente, y que son de su confianza. Eso rompe por completo todo principio de independencia y separación de poderes, compromete la imparcialidad de esos vocales y somete sus actos al partido gobernante (aplicando su estatuto).

Tampoco se pronunciaron respecto a la arbitraria decisión del Tribunal Constitucional de anular el proceso de selección de vocales en Beni, con el argumento de tutelar el derecho de dos sujetos que ni siquiera impugnaron oportunamente su inhabilitación, violaron los derechos de cuatro vocales, que hasta ahora están en un limbo jurídico, ya que tampoco fueron legalmente destituidos, pero se les ha impedido seguir ejerciendo sus funciones, y hasta ahora no se ha resuelto su situación, ni se ha cumplido el fallo, estableciendo el proceso de selección.

Con todo esto, devuelvo la pregunta: ¿podría generarse un fraude en 2025?

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