Jaime Aparicio Otero: El Gobierno debe explicar por qué cambió de postura sobre el Silala

Para el exagente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya , Jaime Aparicio Otero, la discusión en ese tribunal ya no es sobre la postura del país que inicialmente defendía su soberanía  sobre las aguas del Silala, “sino sobre la determinación de si parte de las aguas son artificiales, como  (ahora) sostiene Bolivia, o todas discurren naturalmente, como sostiene Chile”.

Aparicio apoya su tesis en las declaraciones coincidentes del exagente de Bolivia, Eduardo Rodríguez Veltzé,  y la agente chilena Ximena Fuentes, sobre el cambio de postura del país que ahora admite que parte de los manantiales del Silala se convierten en río de curso internacional.

Aparicio también pide explicaciones  al Gobierno de Evo Morales de por qué no se informó sobre ese cambio de argumento. 

Aparicio, quien reside en EEUU, ocupó el cargo de   Agente de Bolivia ante la CIJ de La Haya en la “Disputa sobre la naturaleza y uso de las aguas del Silala”, desde febrero  2020 hasta octubre del mismo año.

En entrevista con Los Tiempos el diplomático  explica algunos puntos clave del litigio, cuya fase de alegatos empieza hoy.

Los Tiempos.- ¿Qué acciones asumió en este litigio con Chile durante el tiempo que le tocó desempeñar el cargo de agente?

Jaime Aparicio.- Con excepción de la reunión en La Haya para presentar mi acreditación ante el Secretario de la Corte y la reunión con los abogados internacionales de Bolivia, en febrero 2020, no tuve participación en ningún procedimiento de la controversia ante la CIJ, cuya fase escrita culminó en septiembre de 2018 durante el gobierno de Evo Morales. Cabe destacar  que debido a la pandemia, la CIJ suspendió sus actividades la mayor parte del 2020, razón por la cual, durante el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, no hubo ninguna actuación.

Durante los primeros días de marzo, la excanciller, el exagente y el entonces y actual director de Diremar sostuvimos una reunión de trabajo con representantes del Comité Cívico de Potosí (Comcip o),  la Gobernación de Potosí y representantes de la Provincia del Sudoeste de Potosí. En esa oportunidad, además de transparentar la información pública sobre el caso, conocimos sus reclamos, referidos a que nunca se los había escuchado y tuvimos una jornada de análisis y reflexión sobre los derechos e intereses de Bolivia respecto a la defensa de las aguas del Silala, habiendo recibido valiosas sugerencias al respecto.

LT.-Hace unos días, la agente chilena Ximena Fuentes dio a entender que Chile tomaba ventaja en este juicio porque Bolivia ya había admitido que parte de los manantiales del Silala se convertían en ríos de curso internacional. ¿Qué opina de esa aseveración?

JA.- Tanto la actual agente chilena, Ximena Fuentes, en declaraciones a CNN, como el exagente boliviano, Eduardo Rodríguez, en una entrevista en Los Tiempos, coincidieron en “la caracterización del Silala como un curso de agua internacional, según la definición y las características de la Convención de las Naciones Unidas”(sobre el Derecho de los usos de los cursos de aguas internacionales para fines distintos a la navegación).

LT.- ¿Qué piensa del tratamiento que hizo el Gobierno del MAS para enfrentar la demanda de Chile sobre el tema del Silala?

JA.- Creo que la primera responsabilidad recae sobre el expresidente Evo Morales, sus asesores y excancilleres, quienes deben explicar a los bolivianos sobre qué bases técnicas y diplomáticas se provocó una demanda internacional el 23 de marzo de 2016, al acusar a Chile de “robo de aguas” que pertenecían a manantiales sobre los cuales Bolivia tenía soberanía exclusiva. Por qué se reiteró esa posición cuando Chile demandó a Bolivia en junio de 2019; por qué posteriormente se dio un giro conceptual a la posición de Bolivia en la contrademanda, abandonando el principio de la soberanía exclusiva, al aceptar que sólo reclamaban por los “flujos artificiales” y la propiedad de los canales y drenajes,  reconociendo implícitamente  la existencia de volúmenes de aguas naturales que discurren a Chile, es decir, aceptando el concepto de acuífero transfronterizo sobre cuyo uso y aprovechamiento es aplicable el Derecho Internacional. Finalmente, por qué nunca informaron al país sobre estos cambios y tuvo que ser la entonces canciller Longaric, la que anuncio esa nueva realidad?

LT.- Muchos políticos y analistas ven con cierto pesimismo este juicio y no creen que Bolivia pueda obtener buenos resultados. ¿Qué opina usted?

JA.- No quiero adelantarme a los alegatos orales y menos a la sentencia que en unos meses dictará la Corte. Lo único que en este momento es relevante es que las razones jurídicas, sobre las que se originó la amenaza de juicio a Chile, han cambiado y hoy la controversia ya no es sobre la propiedad soberana de Bolivia sobre las aguas del Silala, sino sobre la determinación de si parte de las aguas son artificiales, como sostiene Bolivia, o todas discurren naturalmente, como sostiene Chile.

LT.- El tema de los argumentos científicos que presente cada país tendrá un peso importante para convencer a los jueces de La Haya. ¿Cómo está Bolivia en este aspecto? Se hicieron los estudios suficientes?

JA.- El contenido de los informes técnicos y científicos se conocerá en los próximos días cuando los expertos de ambos países expongan sus argumentos ante la CIJ. Sin embargo, esta pregunta debe ser respondida por quienes contrataron a esos expertos internacionales. Lo que queda claro,  es que esas exposiciones se limitarán a la discusión de la existencia o no de flujos artificiales o aumentados por los canales y drenajes que se construyeron en territorio boliviano. Es decir, si esas obras alteraron o no el curso de las aguas naturales que, según aceptaron ambos países,  discurren de Bolivia hacia Chile.

LT.- ¿Qué opina de los abogados internacionales que defenderán la causa boliviana. El gobierno hizo lo suficiente para contratar a los más idóneos?

JA.- El 15 de noviembre de 2019, la Cancillería aceptó la renuncia del Dr. Eduardo Rodríguez como Agente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CJI)  para el caso “Disputa sobre la naturaleza y uso de las aguas del Silala”. Por otra parte, la entonces Canciller  Longaric decidió mantener al Dr. Emerson Calderón como Secretario General de DIREMAR y al equipo de profesionales especialistas de dicha institución, así como también a los miembros del equipo internacional, contratados durante el Gobierno de Evo Morales, y que estaba compuesto por los abogados Alain Pellet, Mathias Forteau, Rodman Bundy, Gabriel Eckstein, Edgardo Sobenes, Franchesco Sindico,  Laura Movilla y la consultora internacional DHI. En el caso de los abogados Antonio Remiro Brotons y Monique Chemillier, su contrato laboral había ya concluido cuando mi persona asumió como Agente. Se mantuvo a dichos abogados internacionales debido a sus credenciales de experiencia y prestigio adecuadas.

LT.- Que opina del tratamiento que hizo Chile en este litigio y de los argumentos que sostiene para obtener un fallo favorable de la CIJ.

JA.-Chile ha logrado que su argumento principal no sea desestimado, es decir que las aguas del Silala no son de propiedad exclusiva y soberana de Bolivia, y que al haber flujos naturales que discurren hacia su territorio, las reglas del Derecho Internacional consuetudinario sobre su uso y aprovechamiento le son aplicables.

Por otra parte, Chile, ya en el tema marítimo, reflejó claramente la diferencia entre un país que tiene una diplomacia profesional, así como coherencia y continuidad en los principios de su política exterior, alineados con los intereses permanentes de ese Estado,  en contraste con la ausencia de una estrategia de política exterior institucional en Bolivia, donde en los últimos años las acciones internacionales son erráticas y basadas en intereses políticos de corto alcance, en desmedro de los intereses permanentes del Estado. Hoy, con un servicio exterior destruido y en manos de gente que no conoce el oficio diplomático, con una Academia Diplomática clausurada, es muy difícil ser optimista con el futuro de la política exterior del país y sus intereses estratégicos.