Parra y Bascopé, dos presos “sin sentencia” que preocupan al ITEI

País
Publicado el 01/05/2022 a las 7h12
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El Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI) reveló que hay al menos dos casos similares al del exdirector del Fondo Indígena (Fondioc), Marco Antonio Aramayo, quien falleció tras haber sufrido violación de sus derechos humanos a los que fue sometido durante los siete años que estuvo con detención preventiva.

Se trata de Elvira Parra, también exdirectora del Fondioc, ahora la única detenida por el desfalco del Fondo Indígena, y Juan Bascopé, un comunario acusado de matar a  cuatro personas en una emboscada durante un operativo policial contra productores de coca en Apolo en 2013.

La exdirectora está detenida en la cárcel de Obrajes desde 2015 y tiene más de 100 juicios pendientes, explicó el responsable del ITEI, Andrés Gautier.

“Elvira Parra también está afectada de su salud, esa vida de juicio a juicio debilita a las personas. Es un caso similar a la de Marco Antonio Aramayo. Ella tiene diabetes y en las cárceles no se toman en cuenta esas cosas. El hecho de trasladar a una persona de un juicio a otro, en medio de la noche, sin estar en buenas condiciones para defenderse es un maltrato y no respeto a los derechos. Además, no se respetó la presunción de inocencia”, dijo Gautier.

Del caso de Bascopé, un comunario de Apolo que está con detención preventiva en el penal de San Pedro desde 2014, el responsable del ITEI dijo que no se hizo una investigación seria. Cuando lo detuvieron fue “gravemente torturado” y la justicia no verificó las lesiones, pese a que Bascopé las mostró en una audiencia.

“Juan Bascopé fue detenido y gravemente torturado. Hasta ahora está con detención preventiva desde 2014. Debido a la tortura que ha sufrido su cuerpo ha desarrollado una presión alta, como del señor Aramayo, nos preocupa mucho su salud porque su presión llega hasta 180. A veces ni le dan medicamentos”, dijo el responsable del ITEI.

Respecto a este segundo caso, el fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó que Bascopé cumple una sentencia de 30 años de cárcel desde el 18 de diciembre de 2020, por los delitos de asesinato, lesiones graves y gravísimas, asociación delictuosa, instigación, porte o portación ilícita de armas y encubrimiento, cometido en contra de miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), dos militares, un policía y un médico. Estos perdieron la vida en una emboscada en la localidad de Miraflores del municipio de Apolo, el 19 de octubre del 2013.

“El 18 de diciembre de 2020, el Tribunal 1° de Sentencia Penal de Achacachi determinó la sentencia condenatoria de 30 años de prisión para Bascopé, sin derecho a indulto, que cumple en el penal San Pedro de La Paz.

Al respecto, el activista e integrante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) Manuel Morales manifestó: “Nosotros hemos tomado la decisión de visitar todas las cárceles para conversar con todos los presos para conocer el estado actual y ver quiénes son verdaderamente presos políticos y así canalizar apoyo y solidaridad”.

Dijo: “La fiscalía y los jueces siguen actuando bajo consignas políticas y bajo el control del Gobierno, por eso no se han logrado avances significativos. La justicia tiene que trabajar de manera independiente, en apego a la ley. La justicia está al servicio del Gobierno de turno y eso lo vimos en el Gobierno de transición”.

Asimismo, la activista y presidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos Amparo Carvajal condenó que el Gobierno procese a personas solo por pensar distinto y no cooperar con su política.

“Nosotros como Asamblea tenemos unas 250 denuncias de tortura judicial. El poder está usando a la justicia. Como Asamblea estamos recibiendo todas las denuncias. Queremos conseguir 7 mil denuncias de gente que está complicada con este manejo de la justicia”, dijo Carvajal.

Otros 78 casos

Por otro lado, el jurista Jorge Valda, abogado de la expresidenta Jeanine Áñez y otros acusados por los casos denominados “Golpe I y Golpe II”, quien además es asesor de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, señaló que existen al menos otros 78 casos más de personas privadas de libertad que fueron sometidas a torturas físicas, judiciales o psicológicas.

“Hay personas que son víctimas de un sistema judicial persecutor, han sufrido torturas físicas, psicológicas y judiciales”, indicó.

Entre las personas señaladas por Valda como víctimas de torturas está Mario Bascopé, integrante de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC). Según el abogado, sufrió tortura física en su traslado de Santa Cruz a Sucre.

Además, nombró a Marco Antonio Pumari, expresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), detenido en el penal de Cantumarca, acusado de ser el presunto autor de la quema de las instalaciones de Tribunal Electoral Departamental en la crisis electoral de 2019.

También señaló que la expresidenta Jeanine Áñez fue víctima de tortura “al momento que se le ha negado el acceso a un sistema de salud, pese a que la justicia ordenó que pueda ser internada, pero Régimen Penitenciario y el Ministerio de Gobierno no dieron cumplimiento”.

Asimismo, la exministra de Salud, María Eidy Roca, está con detención domiciliaria por el caso respiradores chinos, “pero no se le permite acceso al sistema médico que ella requiere y su vida se encuentra en peligro”, añadió Valda.

En la lista de Valda están los miembros de la RJC Milena Soto, Jaime Maldonado, Jassir Molina y Fabio Bascopé; el exdirector de Migración del gobierno transitorio, Marcel Rivas; los exministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra; el comandante de la Guarnición Militar, Alfredo Cuellar; el excomandante de la Policía de Cochabamba, Jaime Zurita, entre otros.

 

SENADO RECIBE DENUNCIAS

La comisión de Justicia Plural, el Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, de la Cámara de Senadores, recibe denuncias de victimas de retardación de justicia y mora procesal.

La senadora Virginia Velasco lamentó que algunos operadores de justicia no cumplan con los procedimientos y las normativas, “en ese sentido desde la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado habíamos ya previsto anteriormente realizar esta audiencia pública para escuchar todas las denuncias que puedan presentar las víctimas de esta retardación de justicia”, dijo.

Asimismo, señaló que se pedirá que los fiscales que no cumplen con los procedimientos adecuados sean sancionados o destituidos por instancias correspondientes.

 

PRESENTAN ACCIÓN POPULAR COMO ÚLTIMO RECURSO

REDACCIóN CENTRAL

El asesor de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y abogado de los presos y perseguidos políticos en Bolivia, Jorge Valda, presentó el 22 de abril, ante los vocales del Tribunal Constitucional de La Paz, una acción popular como último recurso para recuperar la justicia.

Según Valda, esta acción popular busca que la misma justicia constitucional “ordene, delegue y entrege” la posibilidad de que la reforma judicial en el país esté a cargo de notables juristas (nacionales o extranjeros) y no así de un órgano político como la Asamblea Legislativa o el Órgano Ejecutivo.

“Se está pidiendo que se otorguen las garantías para que los privados de libertad puedan asumir defensa en libertad y que se realice una auditoría forense a todos los casos en los cuales las personas privadas de libertad, por razones políticas, en este momento no encuentren un debido proceso”, dijo Valda.

Por otro lado, remarcó que los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el relator del Alto Comisionado y el último informe del Departamento de Estado de  Estados Unidos revelaron que existe un riesgo inminente para la salud, integridad y la vida de los privados de libertad, que por razones políticas son sometidos a detenciones preventivas como castigo o una pena anticipada.

Esta acción popular señala como víctimas de tortura física, psicológica o judicial a 78 personas vinculadas al gobierno  de Jeanine Áñez.

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