Envían a la cárcel a Max Mendoza por usurpación y daño económico
El dirigente universitario Max Mendoza fue enviado ayer con detención preventiva al penal de San Pedro de La Paz por seis meses imputado por conducta antieconómica y usurpación de funciones.
El Juzgado 2do de Instrucción en lo Penal del Tribunal de Justicia de La Paz dispuso la detención del ejecutivo de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB) por los riesgos de fuga y de obstaculización, porque no acreditó familia ni domicilio.
La comisión de fiscales que indaga el caso imputó a Mendoza por conducta antieconómica, ya que percibió un salario de 21.870 bolivianos desde el 24 de mayo de 2018 hasta el 18 de mayo de 2022.
Además, realizó 31 viajes por los que recibió viáticos. También, por la suscripción de un contrato con una agencia de viajes por 800 mil bolivianos. Se estima un daño económico de 1,5 millones de bolivianos.
El Ministerio Público investiga a Mendoza luego de recibir seis denuncias y lo imputó por usurpación, debido a que asumió la secretaría del presidium del XIII Congreso Universitario, en Potosí, en 2018 sin cumplir con el requisito de tener una licenciatura.
Mendoza es parte de los universitarios “dinosaurios”, que llevan años como estudiantes sin concluir ninguna carrera y dedicados a la dirigencia, ya sea para administrar los aportes de los estudiantes o para percibir salarios.
La llegada del dirigente a la secretaría del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), en 2018, coincidió con la muerte del universitario Jonathan Quispe. En tanto, las denuncias se dieron luego del deceso de cuatro estudiantes de la Universidad Tomás Frías de Potosí durante una estampida en una asamblea el 9 de mayo.
Se prevé que el XIII Congreso, que se inicia este 23 de mayo, en Potosí, trate la expulsión de Mendoza, que está 30 años en la universidad sin concluir una carrera.
El TGN cubrió el salario de Mendoza
El dirigente de la CUB, Max Mendoza, recibió un salario de 21. 870 bolivianos desde 2018 hasta 2022 del Tesoro General de la Nación (TGN), como secretario del CEUB. Si bien su designación debía ser por un mes, se prolongó por cuatro años.
Los recursos destinados al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) debían ser fiscalizados por la Contraloría General del Estado, aclaró el rector de la UMSA de La Paz, Óscar Heredia.
El daño económico causado por Mendoza por percibir un salario y beneficios sociales de forma ilegal se estima en 1,5 millones de bolivianos por el cobro ilegal de salarios del CEUB.
