García-Sayán ve injerencia política en elección de jueces y omite caso Áñez

“La justicia (en Bolivia) está muy lejos de la gente y de la sociedad”, con esas palabras resume Diego García-Sayán, relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de los magistrados y abogados, su informe tras la visita al país del 15 al 22 de febrero de 2022.

El informe, que fue difundido ayer, evidencia que sí hay injerencia política en la elección de magistrados por voto popular, y entre sus recomendaciones omite mencionar el caso de la expresidenta Jeanine Áñez y propone crear una ley de acceso a la información.

Una de las conclusiones del informe dice: “La elección por sufragio universal de integrantes de las altas cortes y el Consejo de la Magistratura establecida en la Constitución de 2009 no ofrece las garantías suficientes para evitar injerencias políticas, no asegura el nombramiento de personas idóneas a los cargos”.

El informe agrega que este sistema de elección de jueces a través del voto tampoco ha generado legitimidad en los procesos de votación popular marcados por el ausentismo y el voto nulo.

Entre las recomendaciones, el Relator Especial exhorta al Gobierno a adoptar una ley de acceso a la información pública.

Sin embargo, García-Sayán omite mencionar en las recomendaciones de su informe el caso de la expresidenta Jeanine Áñez y tampoco dice si corresponden o no los dos juicios ordinarios contra la exmandataria o que si debe ir a un juicio de responsabilidades.

Sobre Áñez, solamente menciona que sus juicios han capturado la atención de la opinión pública en el país y en el extranjero, “la Sra. Áñez cumplía una huelga de hambre durante la visita del Relator, éste pudo ser testigo del ambiente de confrontación y preocupación que rodea el caso” , se lee en el informe.

De manera general, el informe menciona que “dicho caso pone de manifiesto problemas estructurales de la administración de justicia como la generalización de la detención preventiva”.

El informe concluye que la carencia de autoridades judiciales, fiscales y defensa pública en buena parte del país rural, la falta de adecuada financiación, la deficiente gestión y la neutralización de la jurisdicción indígena mantienen a la justicia muy lejos de la gente y de las necesidades de la sociedad. A ello se añade la tendencia a la judicialización, por la vía ordinaria, de casos y situaciones que podrían ser procesadas de otra forma.

También resalta que los jueces, vocales y magistrados bolivianos se encuentran en situación de alta vulnerabilidad, expuestos a diversas formas de injerencia o presión. Esta vulnerabilidad se debe a la falta de una carrera judicial, al alto número de jueces transitorios y remuneraciones bajas. La injerencia política, sumada a las bajas remuneraciones, abre la puerta a la corrupción.

Cárceles

La situación de las personas privadas de libertad es grave tanto por la tasa de hacinamiento (del 349,8 por ciento) como por la alta proporción en detención preventiva, es decir, sin sentencia condenatoria. El Relator Especial recuerda que el Estado se encuentra en una posición especial de garante respecto de las personas privadas de libertad.

Se debe respetar la independencia judicial

Entre otras recomendaciones que da el informe del relator especial de la ONU, Diego García-Sayán, se debe extremar esfuerzos para construir y reconstruir confianza entre todos los actores políticos e institucionales del país y en la justicia. “Todas las instituciones del Estado deben respetar y observar la independencia del sistema judicial”, dice.

Recomienda que el Estado dote de recursos apropiados al órgano judicial. Dicha dotación podría establecerse por ley, con un porcentaje mínimo del presupuesto nacional. El presupuesto debe abordar una mejora de sueldos de los operadores de justicia, la creación de nuevos juzgados, la formación del personal y que el órgano judicial mejore su cobertura en todos los municipios del país.

Detención preventiva

El Relator Especial insta al Gobierno a poner fin a la generalización y abuso de las detenciones preventivas. Todas las personas procesadas tienen derecho a un juicio justo y a todas las garantías procesales que establecen los instrumentos internacionales y la normatividad boliviana. Las detenciones preventivas deben ser excepcionales.

Seis pedidos al Gobierno

- El Relator Especial exhorta al Gobierno a designar al titular de la Defensoría del Pueblo.

- A adoptar una ley de acceso a la información pública.

- A mejorar la formación de la profesión legal para lograr un mejor funcionamiento de la institucionalidad.

- A contar con una política criminal que permita guiar el trabajo del Ministerio Público y del Instituto de Investigaciones Forenses y fortalecer sus capacidades y la formación de su personal.

- A dar sustento institucional al Comité de Género del órgano judicial.

- A que afirme y garantice el espacio de la jurisdicción indígena originario campesina.

El Gobierno usará el informe como insumo para cambiar la justicia

Como “un insumo para la transformación del sistema de administración de justicia en Bolivia”, calificó ayer el viceministro de Justicia, César Siles, al informe final presentado por el relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán.

Siles indicó que este documento “sin duda refleja la realidad del sistema de administración de justicia” y recordó que García-Sayán visitó el país a invitación y por iniciativa de Bolivia.

Además, dijo que este informe se suma a otros elaborados por instancias internacionales, como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, entre otros.

“No solamente este informe es insumo para la reforma, también nos hemos referido en otras oportunidades al informe emitido por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en el marco de la Organización de Estados Americanos. Se han emitido sucesivamente informes, también, de Naciones Unidas en sus comités contra la tortura, comité de derechos civiles y políticos, y comité de derechos económicos sociales y culturales”, indicó.

También dijo que el informe hace referencia a cuatro ocasiones particulares en las que el Gobierno nacional tuvo “apertura y franqueza” para permitirle realizar su trabajo “con total independencia y objetividad”.

Sobre el contenido del documento, resaltó el haberse llevado a cabo reuniones no solamente con actores políticos y autoridades, sino con las propias víctimas de Senkata y Sacaba.