Informe: Relator de la ONU pide corregir errores en juicio a Áñez

País
Publicado el 22/06/2022 a las 0h59
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El relator especial de la ONU sobre Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, en la presentación de su informe, demandó al Gobierno garantizar en el proceso de apelación en el juicio de la expresidenta Jeanine Áñez “el debido proceso”, al reafirmar que todos tienen un derecho a un juicio justo. Además, en su intervención puso en evidencia la falla estructural de la justicia, una deficiente formación de jueces y fiscales, la corrupción, entre otros.

Tal como estaba programado, García-Sayán presentó su informe “Protección de los abogados contra las injerencias indebidas en el ejercicio libre e independiente de la abogacía” ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, en el que incorpora la visita que realizó al país en febrero pasado, en el que recolectó una serie de elementos para hacer un ensayo crítico de la justicia boliviana.

Después de entregar el informe, el Relator fue cuestionado por el ministro de Justicia, Iván Lima, por imprecisiones que habría cometido Gracía- Sayán, esto relacionado con lo expresado por el juicio contra la expresidenta Áñez.En ese contexto, el Relator Especial de la ONU dijo que siempre “podrá haber matices y puntos de vista discrepantes sobre ciertos aspectos y, como siempre, la sugerencia de que en función de los estándares vigentes internacionales, en todos los procesos judiciales y penales que, en particular, sea cual sea la magnitud de la persona o personas que sean procesadas se tengan que respetar todas las garantías judiciales”.

“Los derechos fundamentales, el debido proceso, en el caso que ha sido materia de discusión y polémica en los últimos días en Bolivia (juicio y sentencia a la expresidenta Áñez), que en el ‘proceso de la apelación que está en curso se asegure pues’ de que se de cumplimiento pleno a los estándares que han sido recordados por la misión técnica de Naciones Unidas que emitió un informe al respecto”, dijo ante el foro internacional, luego de recibir los puntos de vista sobre la situación de la abogacía de lo diferentes países.

La Oficina de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia (Oacnudh) hizo seis observaciones preliminares al proceso judicial en contra de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez en el que se la condenó a 10 años de cárcel por el caso “golpe de Estado II”. 

La misión técnica observó el tipo penal de incumplimiento de deberes, el uso excesivo de la detención preventiva, el formato de las audiencias, la no exigencia de la comparecencia de testigos y la participación de numerosas partes acusadoras.

Imprecisiones

Anteriormente, el ministro Lima, en su intervención ante el foro, acusó a García-Sayán de imprecisiones en declaraciones realizadas.

“La confianza entre todos los actores políticos (de Bolivia) en los últimos días se ha visto empañado por una serie de impresiones en las declaraciones del Relator. Nosotros vemos con profunda preocupación que muchos de los sectores pueden tergiversar, malinterpretar determinaciones y afirmaciones del Relator”, declaró el Ministro de Justicia en la sesión del organismo internacional.

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La semana pasada, García-Sayán, sobre el caso de la expresidenta Áñez, dijo que “tienen derecho a juicio de responsabilidades quienes hayan ejercido la presidencia, al margen de cómo surgió su mandato”.

En la oportunidad, señaló que “la justicia boliviana tiene la oportunidad de hacer las correcciones que resulten necesarias ante un recurso de apelación u revisión, si se presentase”.

Corrupción, designación

En una primera participación, García-Sayán presentó de manera sintética 10 observaciones a la situación del sistema judicial boliviano, y puso en evidencia la deficiente formación de jueces, fiscales; designación política de las altas autoridades judiciales, la retardación de justicia, los juicios contra Áñez, entre otros.

1. El Órgano Judicial tiene una estructura basada en la Constitución de 2009 que creó cuatro jurisdicciones, revalorando la jurisdicción indígena; sin embargo, legislación posterior limitó seriamente el ámbito material de esta última.

2. La carrera judicial es débil, dada la alta proporción de jueces transitorios así como regulaciones y prácticas que afectan a principios básicos como la inamovilidad. Al momento de mi visita, había 1.134 jueces en la jurisdicción ordinaria, el 47 por ciento estaba desempeñando funciones de modo transitorio.

3. Acceso a la justicia, hay un gran rezago procesal en la jurisdicción ordinaria y su cobertura se limita esencialmente a áreas urbanas. Según diversas fuentes, la retardación de justicia se debe a códigos procesales demasiado formalistas, modelos anacrónicos de gestión de tribunales, deficiente formación de jueces y fiscales, así como corrupción.

4. La impunidad frente al delito es una de las indicaciones de acceso a la justicia. El aumento de casos de feminicidio que continúan impunes, suscita indignación y preocupación en la sociedad. Así, sobre los 289 feminicidios que se produjeron entre 2013 y 2021, sólo el 31 por ciento ha obtenido una sentencia.

5. Durante mi visita, me reuní con las víctimas de Senkata, Sacaba y de la zona sur producidas en el contexto de la crisis sociopolítica de 2019-2020. Escuché sus testimonios. Lamento profundamente que hayan pasado más de dos años esperando justicia.

6. Detención preventiva. Siete de cada 10 personas están privadas de libertad sin condena y en condiciones muy precarias de detención. Es grave la tasa de hacinamiento penitenciario que es del 349 por ciento.

7. El actual sistema de designación por votación universal de las altas autoridades judiciales (...) no ha dado los resultados esperados y recibe extendida crítica en el país. De un lado, el proceso de preselección de candidatos y candidatas a ser sometidos a votación popular es conducido y realizado por un Órgano Político, la Asamblea Legislativa Plurinacional (...). Por otro lado, es muy baja la participación del electorado, además la mayor parte de votos emitidos fue blanco o nulo, siendo en consecuencia escasa la proporción de los votos a favor de las personas que finalmente fueron elegidas.

8. El presupuesto del Órgano Judicial no alcanza al 0,5 por ciento del Presupuesto General de la Nación. La Contraloría General identificó, además, problemas en la estructura del Órgano Judicial que afectan a un desempeño eficaz en la ejecución del gasto. 

9. La señora Jeanine Áñez, quien ejerció la presidencia entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, se encuentra en prisión preventiva desde marzo de 2021. Enfrenta dos procesos penales por hechos ocurridos en 2019 (...). Dicho caso pone de manifiesto temas estructurales de la administración de justicia, como la generalización de la detención preventiva. Todas las personas tienen derecho a juicio justo y a las garantías judiciales de ley. Esto no puede tener ninguna excepción.

Durante mi visita, enfaticé que el Estado se encuentra en una condición especial de garante respecto de las personas privadas de libertad y es del Estado garantizar su integridad y salud.

10. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y el Ministerio de Justicia firmaron un acuerdo para la observación de los procesos judiciales.

 

Gobierno rechaza comunicados 

A través de un comunicado el Gobierno boliviano rechazó las observaciones que realizaron desde Gran Bretaña y la Unión Europea. 

En el documento, la Cancillería  afirmó que las mismas no reflejan los informes que se presentaron y pidieron no intervenir en asuntos internos del país.

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