Gobierno condena paro cívico de Santa Cruz, pero no se refiere a bloqueos de "interculturales" por tierras
El Gobierno condenó el domingo el anunciado paro de 48 horas realizado por el comité interinstitucional del departamento de Santa Cruz en demanda del censo para junio de 2023, bajo el argumento de que genera pérdidas económicas diarias de al menos 32 millones de dólares, y anunció el uso de maquinaria pesada para despejar vías y “hacer cumplir la Constitución Política del Estado”.
Sin embargo, el Ejecutivo no se pronunció la semana pasada por los bloqueos de grupos afines al partido de Gobierno, denominados “interculturales” que se han dado a la tarea de avasallar con violencia tierras fiscales y comunitarias en el oriente, lo que generó un estado de emergencia de los pueblos indígenas, comunitarios y campesinos oriundos del lugar.
“Tenemos que decir que en Santa Cruz es de 32 millones de dólares, redondeando a 33 millones de dólares por día no trabajado, y de seguro compartirán sectores productivos que no es el momento de hacer este tipo de paros, es una época importante en el agro”, afirmó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.
En tono conciliador, el titular de Economía dijo en Btv: “exhortamos a las autoridades cívicas a deponer sus actitudes y construir, porque los paros lo que hacen es destruir la actividad económica (…). Santa Cruz quiere seguir trabajando, aquí están los gremialistas, organizaciones sociales que dicen no al paro”.
Sin embargo, el ministro de Obras Pública, Edgar Montaño, acompañado por grupos afines al MAS advirtió que sacará maquinaria pesada para “limpiar basura y escombros” que dejen los bloqueadores, y aseguró que hará cumplir la Constitución Política del Estado, en alusión a la libre circulación.
No obstante, Montaño no se pronunció cuando grupos denominados “interculturales” del occidente se dieron a la tarea de bloquear por varios días, carreteras troncales en el departamento de Santa Cruz, exigiendo la titulación de tierras. También generaron zozobra en la provincia de Guarayos, donde desalojaron con violencia a comunarios del lugar y hasta le prendieron fuego a un conductor que se animó a desbloquear.
A la par llegaron a la sede de gobierno para hacer presión en instalaciones del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) grupos afines al MAS, quienes se beneficiaron con autorizaciones provisionales de asentamientos, pero que ahora no les basta, pues demandan titulaciones individuales.
La autodenominada "Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Roboré", que claramente pertenece al altiplano y no al oriente boliviano, estuvo en movilizaciones exigiendo la titulación de tierras fiscales.
