Defensoría denuncia que Policía intentó restringir su labor para ver situación de cocaleros
La Defensoría del Pueblo denunció que la Policía limitó y restringió su labor de investigación, sobre el estado y situación de los cocaleros aprehendidos en el marco del conflicto, y observó que autoridades los expongan pese a la prohibición de la norma. El martes 24 miembros de Adepcoca fueron aprehendidos.
Esta institución recordó a la Policía boliviana que el artículo 223 de la Constitución Política del Estado dispone el "deber de colaboración" que tienen todas las autoridades con relación a las funciones de la Defensoría del Pueblo, sin embargo, "ayer (martes) el personal policial ha intentado limitar o restringir las acciones de investigación formal efectuadas por la institución defensorial, respecto a la situación y condiciones de integridad y salud de las personas conducidas a celdas policiales".
Dijo que el personal policial no ha considerado el mandato legal como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, por lo que de continuar esa actitud "interpondrá las acciones correspondientes contra el funcionario o autoridad que restrinja el cumplimiento de sus funciones".
Los dirigentes cocaleros denunciaron que sus compañeros al momento de ser aprehendidos fueron golpeados por los agentes, es más señalaron que en esa acción de protección al sector de Arnold Alanes, los cocaleros arrestados fueron conducidos primero a ese mercado "ilegal" y no a dependencias policiales.
Por otra parte, acusó a la Policía de haber vulnerado el principio de presunción de inocencia, porque toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se demuestre lo contrario, señaló que personas ajenas al conflicto cocalero fueron conducidas como arrestadas a dependencias policiales.
Asimismo, dijo que de acuerdo al artículo 296 del Código de Procedimiento Penal los miembros de la Policía "no permitirán que los detenidos sean presentados a ningún medio de comunicación social".
La mañana de este miércoles, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, expuso a 24 cocaleros a los tildó de "infiltrados" en la movilización de los productores de coca, de quienes dijo fueron aprehendidos en portación de armas artesanales durante los enfrentamientos en Villa El Carmen.
La autoridad no reservó su identidad ni respetó la presunción de inocencia, los exhibió ante los medios y dijo que se los acusa de secuestrar y hasta atentar contra la vida de efectivos policiales que estaban en el lugar del conflicto.
La defensoría exhortó "a las autoridades a respetar el derecho que tienen las personas a la protección de imagen y datos personales".
La Defensoría del Pueblo realiza gestiones para que las partes en conflicto y las entidades competentes logren concertar un espacio de diálogo, en el marco de la cultura de paz y respeto a los derechos humanos, a fin de evitar que se agrave la situación de conflictividad. La institución defensorial reitera su voluntad de mediar en este conflicto, dice una nota de prensa.
