Críticas: la Policía y la justicia operan contra los opositores y benefician a los oficialistas

País
Publicado el 14/08/2022 a las 11h56
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La última semana puso en evidencia que el Gobierno comanda la represión. Presenta a los opositores como delincuentes, mientras la policía y la justicia opera contra ellos. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los ministros, autoridades del Ejecutivo y militantes del MAS que son captados en evidentes actos de violencia, como los sucedidos en Santa Cruz.

Una mochila con petardos hallada a un joven en el Plan Tres Mil fue más que suficiente para enviarlo a prisión. No se midió con la misma vara a los afines al MAS que arremetieron a ‘petardazos’ contra personas o contra casas durante el paro de 48 horas realizado en Santa Cruz para exigir la aplicación del censo en 2023.

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, fue captado en imágenes cuando comandaba grupos de choque que con violencia enfrentaban y dispersaban a quienes bloqueaban pacíficamente.

El miércoles en La Paz, su colega de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentó como peligrosos delincuentes a 24 manifestantes, hombres y mujeres, detenidos durante los enfrentamientos entre cocaleros de Adepcoca y la Policía.

Las interpretaciones abren un debate, pero ninguno de los entrevistados minimiza el peligro de un país polarizado.

El exministro de Defensa en la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, advirtió que “estamos viviendo los pasos que siguieron Cuba, Nicaragua y Venezuela. Es la exposición de que estamos en medio de un proyecto transnacional que terminó con la República, dividió la nación y ahora pone en marcha las más rudas prácticas del ‘castrochavismo’ para detentar el poder. Despertamos a la realidad de que estamos intervenidos por un proyecto criminal”, dijo.

El exministro, que está refugiado en Estados Unidos después de que fuera acusado por la violencia durante la revuelta de 2003, advirtió que “estamos ante terrorismo de Estado, crímenes de lesa humanidad, impunidad plena, violación de DDHH y desaparición de cualquier rasgo de oposición, que en nuestro país es funcional. Sí hay resistencia civil a la que tienen que aplacar”.

Aseguró que, precisamente, para aplacar esa resistencia es que se producen estas acciones duras contra los opositores y blandas “para los afines al régimen”. Según él, el accionar es evidente cuando un joven es enviado a prisión por 90 días por haber sido encontrado con una mochila de petardos, mientras que continúa libre el grupo irregular armado de Las Londras, que es afín al MAS y que en octubre de 2021 disparó con armas de fuego, secuestró y torturó a 17 personas.

“El objetivo es provocar terror y miedo en la gente que se atreve a salir a manifestarse, y con eso buscan conductas de sometimiento en el resto del país”. Sostuvo que el caso más emblemático fue lo ocurrido con el exprefecto de Pando Leopoldo Fernández, que fue encarcelado en 2008 para aplacar a la oposición y salió durante el gobierno transitorio.

“Hoy, ese lugar lo ha tomado Jeanine Áñez. Nadie dice esta boca es mía porque al día siguiente van a prisión. Dónde está Luis Fernando Camacho y Manfred Reyes Villa; Jhonny Fernández se ha dado la vuelta”, aseveró el exministro.

Para Sánchez Berzaín está claro que esas manifestaciones demuestran que Bolivia es un narcoestado.

La senadora Centa Rek, de Creemos, y el diputado de CC Alberto Astorga coincidieron en que se utilizan métodos de represión cubano-venezolanos, y que esta actitud de fulminar a la oposición y dejar pasar cuando los ataques vienen del oficialismo y cumple ese objetivo.

El exministro de Gobierno Carlos Romero respondió que ese análisis no es correcto. “Los menos autorizados para denunciar abuso policial o abuso judicial son los sectores conservadores que en 2020 abusaron con detenciones extrajudiciales, y lo dice una víctima, abusaron de la persecución policiaca. No justifica que en vendetta se haga lo mismo, pero lo que se usó como estrategia política, se revierte en su percepción contra ellos mismos. No debemos llegar a esos escenarios. La gobernabilidad debe sustentarse en el diálogo más amplio. No puedo criticar a los ministros, apelo a la racionalidad de actores cívicos, al Gobierno, gobernaciones, alcaldes, hago un llamado a sentarse en una mesa”.

Analizó los dos temas. “El ciudadano se siente agredido por la fecha del censo, y el Gobierno señala que tiene el razonamiento técnico a propósito de la fecha del censo. Es mejor sentarse, poner las cartas sobre la mesa y ver qué es lo razonable”.

En el caso de Adepcoca, Romero admitió que ese es un hecho heredado por este gobierno, y tiene que ver con el control de la comercialización que genera mucho dinero. “Como ministro intervinimos Villa Fátima a solicitud de los dirigentes. Fue un error porque eso profundizó el problema. Hicimos un ejercicio por muestreo con el Segip y comprobamos que Adepcoca tenía un alto porcentaje de productores fantasmas. Los dirigentes que controlaban ese mercado tomaron partido por Luis Fernando Camacho en 2019, y eso polarizó más a los cocaleros de Yungas”. Romero admitió que en la ley solo existen dos mercados habilitados, por lo que el tercero sería ilegal, “pero si el control de la comercialización queda en manos de una organización sindical siempre tendremos este problema. Hay que ir al diálogo con varios elementos: Auditoría, mecanismo de fiscalización, debería haber sí o sí una contraparte del Estado, y eso debe ser concertado”.

 Las Londras

El coronel del Ejército en retiro y abogado Jorge Santistevan aseguró que “la represión en las ciudades la ejerce la Policía, mientras que la represión y control paramilitar en la zona rural está dada por ciudadanos que bajo la fachada de organizaciones sociales operan como milicias. La presión y el sometimiento no solo es en Santa Cruz, sino a todo el país”.

Carlos Romero admitió que en el caso de Las Londras está “absolutamente espantado, porque hablamos de una organización criminal armada, agrede a fuerzas del orden. Debe haber una profunda indagación, ¿quiénes financian?”

La Chiquitania y Guarayos son territorios amplios. “En la experiencia de otros países, cuando accionan grupos de avasalladores de tierras en zonas extensas, hay poco control y actividad del narcotráfico, está el riesgo de que ambas hagan sociedad”, dijo.

 
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