Denuncias de asfixia a Los Tiempos e imputación penal contra periodistas llegan al delegado sobre el GIEI
El responsable de la mesa de seguimiento a las recomendaciones del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Bruce Barnaby, recibió este lunes la denuncia de acoso al periodismo independiente.
Las organizaciones de la sociedad civil lideradas por el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb). denunciaron la arremetida contra la prensa se denunció la asfixia económica y presión fiscal contra el periódico cochabambino Los Tiempos y las denuncias contra dos comunicadores que trabajaron en Bolivia TV.
"Nos solidarizamos con el diario Los Tiempos, de Cochabamba, que se suma a la lista de medios de información cuya posición independiente esla causa de losintentos del gobierno del MAS por asfixiar su voz, como lo ha hecho en el pasado reciente con otros medios de información escritos y audiovisuales", dicta parte de la denuncia presentada.
En días pasados se denunció ante la Sociedad Interamericana de Prensa, los ejecutivos y periodistas del diario cochabambino, que la estrategia de asfixia incluye acciones de intimidación, intentos de compra de acciones de la empresa periodística, controles impositivos, reiteradas auditorías y fiscalizaciones instruidas desde el ejecutivo.
Persecución y sicariato judicial contra periodistas
Este jueves se conoció que el fiscal Junior Flores acusó y pidió la detención de los periodistas Andrés Rojas y Adriana G. gerente general y gerenta de informaciones de BTV, respectivamente, durante el gobierno de Jeanine Añez, por supuestas irregularidades en la contratación del presentador de noticias Pablo Llano en el canal de televisión estatal en 2020.
"Pedir seis meses de detención preventiva y procesar a periodistas para darles hasta diez años de cárcel por una dudosa irregularidad administrativa, que de confirmarse sería de una proporción ridícula e insignificante, no puede ser entendido solo como una desproporcionada acusación, sino también como una persecución judicial y un amedrentamiento al conjunto de los periodistas", se menciona al respecto.
La acusación contra los dos periodistas aparece como desproporcionada frente a otros casos que la fiscalía ha pasado por alto, como el de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo que no opera ni paga pensiones desde su creación, en 2010, pero paga salarios a sus funcionarios de hasta Bs 35.000 al mes. Los salarios fueron reducidos en 50% con relación a 2015, cuando la escala salarial contemplaba pagos por Bs 70.000 mensuales.
El MESEG de la CIDH llegó a La Paz este lunes para verificar el cumplimiento de las 36 recomendaciones para la justicia y el Estado que el organismo realizó en su informe sobre la crisis de 2019.
