Pedro Glasinovic: “se pretende criminalizar el trabajo de los periodistas para controlar los medios”
Pedro Glasinovic presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), quien enfrentó las dictaduras militares desde una máquina de escribir y ayudó a altos dirigentes sindicales a escapar de la muerte, afirmó que el Gobierno de Luis Arce pretende criminalizar el trabajo de los periodistas para tener el control sobre la información y los medios.
Desde un asiento de una sala del campo ferial Chuquiago Marka, el destacado periodista habló con Brújula Digital; lamentó que el periodismo en Bolivia haya llegado a una situación crítica de “autocensura” e instó a recuperar las organizaciones gremiales a favor de la defensa de la libertad de prensa, ya que en los últimos años varias de ellas se han puesto al servicio del partido gobernante, MAS.
P: Pedro, no es novedad decir que el periodismo en Bolivia sufre una profunda crisis en los últimos años, producto de una estrategia gubernamental de cooptación de medios y periodistas, sumado a la asfixia económica y tributaria contra aquellos que mantienen una línea independiente del poder. ¿El caso de Los Tiempos debe preocuparnos, se habló de un presunto testaferro del Gobierno para hacerse de este periódico?
P.G: Parece ser la intención, ese señor, Eduardo Valdivia, ingresó a la fuerza como accionista minoritario la empresa Canelas a cargo del periódico Los Tiempos, que dicho sea de paso, está a punto de cumplir 80 años de servicio a la sociedad, especialmente a la cochabambina y la nacional porque tiene mucha tradición, mucha historia, es un defensor firme de la democracia y de los derechos fundamentales del ciudadano. Entonces, este señor está presionando a la familia para comprar el periódico, pero ofrece un precio que la misma familia califica de irrisoria. Y el objetivo final, es que este señor que está aliado al MAS –que es una evidencia- lo que se pretende es callar a un medio de comunicación importante y ponerlo al servicio del MAS, es decir, del Gobierno.
P: ¿Algo parecido a lo que sucedió con La Razón y ATB?
P.G: Exacto. Tenemos ejemplos de sobra en nuestro país, y el problema más allá del empresarial, es que el pueblo pierda un vocero, pierda un medio de comunicación que amplifica su voz, frente a las voces que no se amplifican en los medios que están en poder del Gobierno, ésta es la tragedia de los periodistas, porque tanto, los periodistas como los trabajadores que cumplen su trabajo en ese periódico perderían sus empleos y quedarían desprotegidas a sus familias. No tendrían recursos para la manutención de sus familias, esa es una nueva arremetida, aparte de todas las que hay en contra de los periodistas en el ejercicio de su función.
P: ¿Habrá algún mecanismo legal para revertir esa repartición inequitativa de la publicidad estatal?. Brújula Digital informaba recientemente que por ejemplo, ATB y Abya Ayala se llevan la mayor parte de la torta publicitaria, sin ser necesariamente los canales con más rating?
P.G: Lamentablemente estamos reclamando hace tiempo dos leyes fundamentales que deben ser aprobadas: una de acceso a la información -Bolivia y Venezuela son los únicos países de la región que no la tienen- y que permitiría al periodista ejercer su trabajo con mayor facilidad. Y la otra, es una ley que norme la pauta publicitaria; aquí el dinero que no es del Gobierno, ni de los funcionarios que fungen en el Ministerio de la Presidencia y el Viceministerio de Comunicación, son recursos que vienen del pueblo directamente, de los impuestos. Entonces no es un dinero que pueda ser utilizarlo a su libre albedrío. Su distribución debe ser normada, por eso esa ley es muy importante.
Vamos a seguir insistiendo y ojalá se aprueben esas leyes y podamos entrar en el marco legal para la distribución de esos recursos.
P: ¿Cómo evalúas el proceso penal por la vía ordinaria a dos colegas periodistas que trabajaron en el canal estatal en el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez?
P.G: Es otro abuso flagrante porque en todo caso, si es que hay alguna falta, esta es administrativa, no es un delito penal. Se quiere criminalizar el trabajo de los periodistas y amedrentarnos para controlar los medios y la información, está absolutamente fuera del marco de la ley, el Fiscal está violando su propio código de ética y la ley porque sabe que se trata de un asunto administrativo y debió seguir ese camino. Esperemos que los abogados presenten un recurso para eliminar la imputación y que se reconduzca el proceso.
P: ¿Cómo se encuentran las organizaciones del gremio periodístico, en un contexto donde se promovió el paralelismo sindical como una estrategia gubernamental de debilitamiento sectorial?
P.G: Lamentablemente eso ha sucedido, especialmente con la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, sindicatos y federaciones. Una entidad como la Confederación que tiene una historia riquísima en cuanto a la defensa de los Derechos Humanos y la democracia que ha jugado un rol importantísimo la antigua federación que ahora se llama Confederación y es una pena porque el ejecutivo actual, Héctor Aguilar, quien se ha prorrogado por casi nueve años,en una visita que realizó el expresidente Evo Morales a Camiri, él dijo que defendería con su sangre el proceso de cambio. Eso prueba que ese señor es un adherente fiel del Movimiento al Socialismo y ha convertido la Confederación en un brazo de comunicación del MAS, y lamentablemente le han seguido algunas federaciones que son afines y para prorrogarse ha recurrido a una maniobra muy burda: el congreso debía efectuarse en Yacuiba, lo ha suspendido porque le dio la gana, y al poco tiempo lo convocó para Riberalta, pero para ir a Riberalta se necesita al menos 2.000 bolivianos para cada delegado y los sindicatos no están en condiciones de pagar ese monto, entonces la Fuerza Aérea Boliviana le puso un avión Hércules a su servicio estacionado en Cochabamba. Él llevó a sus delegados a Cochabamba y de ahí a Riberalta. Antes, había habido un congreso orgánico para actualizar el estatuto de la confederación, se trancó en el artículo que hablaba de la reelección y se suspendió el congreso. Él lo actualizó, lo reinauguró el congreso en Riberalta, aprobaron el estatuto que daba vía libre a la reelección, cerró el congreso y se hizo reelegir nuevamente.
Hace un mes se convocó un congreso en Cochabamba, estaba todo listo, la cama tendida, él ya no podía ser reelegido, pero tenía un delfín, como se llama en política. Pero hay seis federaciones que no están de acuerdo con él, y con todo el manoseo que se está haciendo irrumpieron en el congreso en Quillacollo y se armó un lío bastante pesado, y más bien primó la cordura y se quedó en llamar a elecciones en septiembre, eso está muy cerquita, es otro congreso al que se llamó de unidad. El habla hipócritamente de unidad, y esperemos que la Confederación recupere la independencia que deben tener nuestras organizaciones.
Creo que hay la fuerza necesaria para que se imponga una elección y los nuevos dirigentes de la Confederación actúen como lo hemos hecho a lo largo de la historia de nuestro país.
Nuestras instituciones nunca se han vendido a ningún gobierno, a ningún partido político. Tenemos que mantener nuestra independencia para defender la libertad de expresión mellada en todo este tiempo, defender a nuestros compañeros que son amedrentados, que son golpeados doblemente, porque los sueldos son de miseria. Utilizan la pauta publicitaria para tener dominados a los periodistas, mira los medios de comunicación ya no contratan periodistas y han reducido sus plantillas. Hay un periódico donde los mismos trabajadores han decidido reducirse sus salarios al 50% para mantener su trabajo. Entonces, ¿qué ocurre?, la cantidad de periodistas llamados independientes ha crecido de manera exponencial.¿Qué hacen las compañeras y compañeros? alquilan un espacio en una radio o canal, pagan por el espacio y para eso contratan publicidad que viene del Estado, de las instituciones públicas del Gobierno, de las gobernaciones, alcaldías que están bajo control en su mayoría por el partido en función de Gobierno, MAS. A fin de mes reciben 700 a 800 bolivianos y con eso tienen que dar de comer a su familia. La tragedia es que ese periodista ¿crees que se va a atrever a fiscalizar el trabajo de esa autoridad?.
Ya hemos llegado a lo peor que podíamos haber llegado: a la autocensura. Hace años decíamos que era imposible llegar a la autocensura, pero lamentablemente hemos llegado a ese nivel por las condiciones de trabajo y a todo este plan que tiene el objetivo de silenciar a los periodistas y las voces disidentes.
P. ¿Y cuál fue el rol de la Defensoría del Pueblo frente a todo este sistemático atropello contra los periodistas y medios?
P.G: La Defensoría del Pueblo es la defensoría del MAS. La verdadera Defensoría del Pueblo era la que manejaba Ana María Romero de Campero, la que manejó Waldo Albarracín, la que manejaba Rolando Villena, ahora es un brazo operativo más del Gobierno.
