Gobierno busca descabezar a la Adepcoca con informes policiales
En un nuevo intento por descabezar a la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de los Yungas, el Gobierno ahora utiliza informes policiales para inculpar a este sector por la compra y uso de material explosivo durante las marchas de protesta que realizaron los últimos días.
La Policía responsabiliza, en su totalidad, a Adepcoca por la generación de violencia y uso de explosivos pese a existir elementos que involucran por similares razones a la dirigencia paralela afín al Movimiento Al Socialismo (MAS). Ya van cinco años que el masismo busca apropiarse del mercado legal, envió a la cárcel a dos dirigentes máximos (Franclin Gutiérrez en 2018 y Freddy Machicado en 2022) y hubo decenas de detenidos y heridos en lo que va del lustro.
Además de Machicado, actualmente hay dos personas de Adepcoca con detención preventiva en la cárcel de San Pedro y 26 con detención domiciliarias que son investigados desde el 1 de agosto.
Ayer, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, Orlando Rojas, afirmó que el cocalero arrestado en la marcha del lunes con dinamita y otros artefactos responde a la dirigencia del presidente recluido en el penal de San Pedro de La Paz, Freddy Machicado, persona que habría afirmado que fue contratado por Arnold Alanes por un monto de 2.500 bolivianos.
El jefe policial relacionó a Jhonny D. B. con los socios de Villa Fátima por mensajes en WhatsApp, además de identificarlo en marchas desarrolladas en las que lucía un uniforme camuflado tipo militar, una morral y gorra, un escudo artesanal, quien incluso habría referido “tenemos que matarlos” en relación a los agentes de inteligencia infiltrados en las marchas.
Denuncia
Ante este intento de incriminarlos, representantes de Adepcoca de Villa Fátima negaron que el aprehendido pertenezca a esta institución y que trabaje como estibador en la sede, por lo que refieren que se trata de un infiltrado para involucrarlos con hechos que no corresponden.
“No es yungueño ni productor. Como dirigentes, estamos acostumbrados a que la Policía y el Gobierno hagan cambiar declaraciones, sabemos que necesitan incriminar a los dirigentes cocaleros para acallarlos, amordazarlos y meterlos presos”, declaró el dirigente César Apaza, miembro del Comité de Autodefensa.
Anteriormente, denunciaron y presentaron a policías infiltrados, además de decomisar sus celulares, que contienen información que devela la intención de procesar judicialmente a los dirigentes cocaleros contestatarios al gobernante MAS.
Van cinco años
Desde 2017, con la aprobación, promulgación y vigencia de la Ley 906 que amplía los cultivos de coca que determinó el alejamiento de los cocaleros yungueños, el partido azul llevó acciones en más de una decena de veces para hacerse de la administración del mercado legal de Villa Fátima que es privado.
El Gobierno llevó adelante eventos paralelos a los de Adepcoca para socializar la normativa promovida por Evo Morales, a través de autoridades políticas; asimismo generó paralelismos en las organizaciones de los Yungas.
El MAS también creó la organización de productores que tienen autorización para comercializar al detalle (Conalproc), más conocidos como carpeteros. Esta organización agrupó a algo más de mil productores que se constituyen en el apoyo del Gobierno para la socialización de la Ley 906, además de servir como base para que el Ministerio de Desarrollo Rural genere el paralelismo en entidad cocalera.
El Gobierno protege los mercados ilegales
Hubo más de tres intentos del Gobierno por mantener un mercado ilegal de la coca para sus afines.
En junio de 2019, antes de posesionar a un directorio paralelo, el gobernante MAS avaló el funcionamiento del primer mercado ilegal de la coca en la zona de Chuquiaguillo. Al quedar pequeño el lugar, se habilitaron otros tres espacios para este sector. En este ínterin, se planteó que este centro ilícito se traslade a la exfábrica Said, para lo que presentaron un proyecto de ley corta al Ministerio de Desarrollo Rural.
Sin embargo, después de la creación de la directiva ilegal a la cabeza de Elena Flores, este sector decidió tomar el Centro de Especialización de Atención Integral Adepcoca en la calle 10 de Villa El Carmen.
Este espacio, luego de una serie de enfrentamientos, fue recuperado por los socios del mercado de Villa Fátima.
Después de varios procesos, en septiembre de 2021, tras una elección entre afines del MAS, Arnold Alanes se declaró ganador y, con ayuda de la Policía, tomó por asalto la sede de Villa Fátima.
En esta sede, los ministros de Desarrollo Rural y de Gobierno, Remmy Gonzáles y Eduardo del Castillo, avalaron esa toma y la dirigencia.
Pero, en octubre de 2021, los cocaleros orgánicos, tras intensas jornadas de violencia, lograron recuperar su sede y expulsar a Alanes y la Policía de este edificio.
Gobierno encarcela a los dirigentes
El Gobierno envió a varios dirigentes orgánicos a la cárcel, de éstos, dos presidentes: Franclin Gutiérrez y Freddy Machicado.
En 2017, Gutiérrez emprendió una lucha por hacer respetar el mercado de Villa Fátima, bajo el argumento de que es el único autorizado legalmente para comercializar la hoja de coca en La Paz. En julio de 2019, el secretario de Actas de Adepcoca, Sergio Pampa, también fue encarcelado. Armin Lluta, quien asumió la presidencia en noviembre de 2020, fue secuestrado y golpeado.
Ahora, Machicado, presidente actual, se encuentra con detención preventiva en el penal de San Pedro
