Corrupción y ausencia del Estado marcan a Bolivia en tema tierras
La corrupción y la falta de institucionalidad del Estado caracterizan a la administración de tierras fiscales en Bolivia, de acuerdo al Informe 2021 sobre el Acceso a la Tierra y Territorio en Sudamérica, difundido por el Instituto Para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) .
En el documento se aborda la situación de la tierra en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
En el caso de Bolivia, la autora del reporte, la investigadora de la Fundación Tierra, Martha Mamani, resaltó el alto nivel de conflictividad en el acceso a tierras en el país, como “avasallamientos, despojo, disputa y tráfico de tierra, en los que predomina la corrupción y peculiarmente la violencia armada”.
La institucionalidad del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) está en cuestión. Estos organismos perdieron “su capacidad de intervención en estos casos. Algunos funcionarios públicos, a cambio de sobornos, se han involucrado en la entrega arbitraria de tierras a comunidades campesinas como a empresarios”.
Los Tiempos intentó conocer la posición de representantes de las instituciones cuestionadas, pero no se obtuvo ninguna respuesta.
Por un lado, el sector de campesinos e interculturales (llamados anteriormente colonizadores) se han caracterizado por avasallamientos armados. Por otro, los grandes empresarios también obtienen beneficios ilegales para hacerse con grandes extensiones a cambio de sobornos a funcionarios corruptos.
Si bien desde el Gobierno se ha repetido el discurso de cero tolerancia a la corrupción, estas irregularidades siguen ocurriendo, y las auditorías sólo se realizan a la gestión de la expresidenta Jeanine Añez, y no así a la de Evo Morales ni a la de Luis Arce. “Denunciar unos casos y, a su vez, callar otros, expresa una gestión parcializada y politizada por parte del Gobierno”, se lee en el reporte.
La actual gestión de gobierno también ha sido salpicada por la corrupción. En menos de cuatro meses, se tuvo a tres ministros de Desarrollo Rural y Tierras por supuestas irregularidades en sus funciones.
Asimismo, la distribución de tierras se hace sin cumplir las formalidades que establece la norma. De acuerdo a un informe del propio INRA, mencionado en el reporte del IPDRS, el 95 por ciento de los permisos a los asentamientos de tierras se otorgaron sin programas que ordenarían estos y evitarían la destrucción del medioambiente.
Ante esta situación de descontrol, violencia, corrupción y desconocimiento de la norma, se planteó impulsar una auditoría al INRA, desalojar a ocupantes ilegales de tierras y paralizar los trámites de asentamientos.
Vulnerables a alquilar sus tierras
En el reporte mencionado se señala que los empresarios expanden el agronegocio a través del alquiler de tierras indígenas. Estas comunidades de escasos recursos, sin posibilidad de inversión, se ven acorraladas en muchos casos para alquilar sus terrenos por montos ínfimos.
