Creemos pide a Lanchipa un informe sobre los procesos activados por el paro en Santa Cruz
Diputados de la bancada opositora Creemos envió una Petición de Informe Escrito (PIE) al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, para que informe sobre las denuncias contra los líderes cruceños, la situación jurídica de los detenidos en los operativos policiales durante los días del paro, los detenidos en el desbloqueo de vías y carreteras, y los aprehendidos en los enfrentamientos por el cerco en el departamento de Santa Cruz.
El diputado Sergio Maniguari de Creemos sostuvo que las autoridades deben informar qué acciones siguen contra quienes “sembraron zozobra en Santa Cruz, cuando el paro indefinido era pacífico”. Exigió a la justicia que “con la misma vara que mide a la oposición también debe medir a los grupos de choque que envió el Gobierno”, según nota de prensa institucional.
El diputado Jorge Saucedo denunció que el Gobierno en coordinación con las autoridades judiciales impulsa una persecución contra líderes de oposición y deja libre de culpa a los masistas.
“El gobierno busca instalar un circo que aleje la atención ciudadana hacia otros temas, para encubrir su incapacidad, su división interna y sus múltiples problemas de corrupción”, agregó.
El Fiscal General debe responder 10 preguntas en un plazo de diez días como establece el Reglamento de la Cámara de Diputados. A las respuestas debe adjuntar documentos de respaldo.
Entre las preguntas que debe responder Lanchipa está: ¿cuáles son las acciones legales que inició contra dirigentes de la Federación Sindical Única de Trabajadores Indígena Originarios de Santa Cruz y otros sectores sociales que promovieron el cerco a Santa Cruz?
Otra de las preguntas es si el Ministerio Público aprehendió a los sujetos encapuchados que agredieron a miembros de la prensa, siendo una de las víctimas Yerko Guevara de la Red Unitel, a quien lo tumbaron al suelo y lo golpearon provocándole lesiones graves.
Entre otras preguntas está si existen denuncias contra efectivos policiales por "su accionar violento y desproporcionado" durante los operativos de intervenciones a los puntos de bloqueo y al momento de dispersar a los sectores en conflicto en los 36 días de paro por el censo.
