Posturas políticas e ideológicas guían la política externa de Bolivia
La improvisación, la ideologización, la falta de una política exterior de Estado, las conductas irresponsables y anteponer intereses políticos a los del país llevaron al fracaso de Bolivia en estrados internacionales en el tema territorial, recursos naturales, económicos, entre otros, sostuvieron internacionalistas, diplomáticos y abogados.
Entre 2018 y 2022, Bolivia sufrió, se podría decir, los dos golpes más duros: los fallos adversos en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya en la demanda marítima y el curso de las aguas del Silala.
“Hay mucha improvisación, lamentablemente, se ha alejado a todos los cuadros de profesionales diplomáticos de carrera. Entonces, no hay buenas decisiones, no hay asesoramiento para las autoridades desde hace muchos años. Las decisiones para llegar hasta La Haya en caso del Silala han sido resultado de esa falta de profesionalismo, además de una conducta muy temeraria e irresponsable por parte del expresidente (Evo Morales), lamentable para el país”, afirmó Andrés Guzmán, exdiplomático, economista y analista en temas internacionales.
Sin política exterior
El diplomático y exembajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Jaime Aparicio Otero, lamentó que el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), desde hace más de 14 años, haya privilegiado su posición ideológica sobre los intereses del país.
“Lamentablemente, la política exterior no va por buen camino. Hay una excesiva ideologización en cuanto a beneficios para el país con las relaciones diplomáticas basadas en la comunidad ideológica y menos en intereses del Estado, son pues poco beneficiosas, casi ínfimas”, sostuvo.
Agregó que “no he visto ningún documento, ningún papel que exprese las líneas fundamentales de una política exterior”.
“Esto no es un defecto de este Gobierno, sino a lo largo de la historia del Movimiento Al Socialismo (MAS) ha habido siempre una notoria ideologización, una excesiva ideologización, es un perjuicio, porque concentramos esfuerzos en espacios donde no vamos a recibir retribuciones, mercados, cooperación, alianzas estratégicas. Por lo tanto, viene a ser un perjuicio y de alguna manera estamos despilfarrando energías”, manifestó.
Coincidencia
El analista dijo que, desde la administración de Morales, los temas de interés nacional en litigios no fueron manejados de manera adecuada.
“Bolivia ha quedado en la manera de relacionarnos con los países, a partir de una improvisación notoria, y eso marca de alguna manera la situación desde hace tiempo atrás. Desde el gobierno de Evo Morales, la Cancillería y la cooperación no estaban siendo manejadas como se debe, conforme a lo que mandan las normas internacionales”, manifestó.
Mar y Silala
En octubre de 2018, el Tribunal Internacional rechazó la demanda de Bolivia, con la cual se pretendía obligar a Chile a negociar una salida al mar.
“La Corte, por 12 votos contra 3, concluye que la República de Chile no contrajo la obligación de negociar un acceso soberano al mar para el Estado Plurinacional de Bolivia”, dijo el juez Abdulqawi Ahmed Yusuf, quien leyó el fallo de la CIJ el 1 de octubre de 2018.
Aparicio sostuvo que esto fue “debido a las actitudes de irresponsabilidad y negligencia con las que se ha manejado la política exterior y agregó que para entrar en el juicio de demanda marítima en La Haya, el gobierno, que estaba a cargo de Morales, reconoció el tratado de 1904”.
Errores en el caso Silala
El abogado y economista Víctor Hugo Chávez, tras el fallo sobre el curso del Silala, determinó conocer los errores que se cometieron al encarar este proceso en la CIJ.
En 2009, se anunció un preacuerdo con Chile, en este se aceptó el pago del 50% del uso de las aguas del Silala.
El 28 de julio de 2010, Naciones Unidas declaró que el agua dulce es un derecho humano.
En marzo de 2016, Morales anunció un eventual juicio a Chile por el Silala, pero sin tener lista la demanda. Tres meses después, la nación vecina activó el proceso.
Chávez explicó que el fallo es favorable a Bolivia, puesto que reconoce la soberanía sobre las construcciones y establece que cualquier momento puede desmantelar y reponer los bofedales.
“Bolivia está en la condición de desmantelar la mampostería de canalización, pero no tiene que afectar en lo mínimo, según el fallo, reducir la cantidad o perjudicar la calidad del agua que corre a Chile. El preacuerdo de 2009 lo han legalizado dentro del proceso, pero aquí hay un problema: el gobierno acordó sin consultar al pueblo boliviano”, dijo.
Otros intereses
El internacionalista y economista Guzmán lamentó que las instancias gubernamentales, como la Cancillería, la Procuraduría, no cumplen con el rol de defender los intereses del país.
“En lo que se refiere a la Cancillería, el rol es dirigir la política exterior y tener una visión, una estrategia clara en todos los temas, pero prevalecen las decisiones políticas, los intereses de quienes están gobernando en función de la ideología. Evo Morales siempre decía ‘yo soy antiimperialista’, como si esta fuera la línea que hay que adoptar, primero ser antiimperialista y después pensar en lo nacional, Bolivia, cuando es al revés, primero están los intereses de la patria y lo otro no”, aseguró.
En tanto, Aparicio señaló que “no hay un sentido lógico, demuestra que el gobierno no está interesado, en absoluto, en solucionar los problemas del país, sino continuar construyendo una administración guiada por Morales y enfocada en aspectos político-ideológicos que no les sirven a los intereses del país”.
Pago simbólico en el caso Tunari
El menor monto pagado en la historia del arbitraje en América Latina y el Caribe corresponde a la demanda de Aguas del Tunari (una subsidiaria de la empresa estadounidense Bechtel) contra Bolivia por terminar la concesión del suministro de agua en Cochabamba. La empresa en Holanda se amparó en el tratado bilateral de inversión entre Holanda y Bolivia y demandar al país ante el CIADI por 50 millones de dólares. La presión fue tan fuerte que la empresa abandonó el caso y acordó recibir una suma simbólica de 30 centavos de dólar como indemnización.
Falta de institucionalidad incide en las derrotas
El analista en temas internacionales Andrés Guzmán señaló que las derrotas en el escenario internacional que sufre Bolivia es producto de la falta de institucionalidad, de estrategia y de una visión de país, porque se anteponen la ideología y los intereses de los gobernantes.
Cuestionó el comportamiento de los representantes bolivianos en foros internacionales en que rechazan o se abstienen en casos de violaciones a los derechos humanos o una invasión.
“En temas como la condena a las agresiones militares, anexiones territoriales que han ocurrido recientemente con lo de Rusia, también se ve que no hay una coherencia con nuestra historia, con nuestra doctrina internacional, sino hay una total desorientación que se basa en ideología solamente”, manifestó.
Explicó que el gobierno del MAS, desde que llegó al poder, se alineó a naciones que son cuestionadas por la violación a los derechos humanos u otros factores.
“Estamos con buenos amigos, con países autocráticos, con dictaduras, con países que están muy cuestionados. Rusia es un país que ha cometido muchas atrocidades en el último tiempo y no se debería apoyar en absoluto, pero ahí estamos absteniéndonos en todas las votaciones dando una señal de neutralidad, pero es una neutralidad que le favorece a Rusia”, cuestionó Guzmán.
CC plantea revisar la labor del Procurador
La bancada de Comunidad Ciudadana (CC) planteó revisar la labor del procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, por los resultados desfavorables de los arbitrajes internacionales. Uno de los últimos fue un laudo con una administradora de fondos de pensiones por 105 millones de dólares. El diputado Carlos Alarcón (CC) cuestionó el trabajo de Chávez por la débil representación del Estado en los litigios internacionales y que hasta ahora lo único que se observa es la pérdida de dinero en los procesos.
“Hay que revisar porque son un desastre en todos los arbitrajes (internacionales), (Chávez) es experto en negociar mal y experto en perder arbitrajes, con un daño económico inmenso a Bolivia”, declaró Alarcón.
En julio de este año, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) emitió un laudo arbitral que ordena al Estado boliviano a pagar 105 millones de dólares al español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), como indemnización e intereses por el proceso de nacionalización del sistema de pensiones.
