Suman casos de avasallamientos; el INRA no tiene tuición en 100
A menos de una semana del inicio del desalojo de predios avasallados, el director del INRA, Eulogio Núñez, dijo ayer que las denuncias aumentaron de 208 a 237, pero que en 100 no tienen competencia para intervenir.
Núñez dijo que llegaron 237 denuncias al INRA, pero no podrán intervenir en 100, porque son predios titulados y las víctimas deben acudir con su título al juez agroambiental, explicó en el canal estatal Bolivia TV
El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) aseguró que el 92 por ciento de las tierras rurales están saneadas en Santa Cruz; está pendiente sólo el 8 por ciento.
Dijo que el INRA verifica las denuncias de avasallamiento y los asentados tienen cinco días para desalojar; si no, pide apoyo policial.
Las denuncias se concentran en Santa Cruz (104), en Beni (58), en Pando (31), en Cochabamba (17), en La Paz tres, en Oruro (5), en Chuquisaca (2), en Potosí (4) y en Tarija (8).
En Santa Cruz se tiene previsto intervenir en 17 predios agropecuarios avasallados y en Cochabamba, en tres.
“Cuando están titulados se puede hacer la denuncia hasta de forma verbal, se inicia el proceso”, explicó Núñez.
El exministro de Gobierno Carlos Romero presentó un informe sobre el avasallamiento en tierras rurales la anterior semana en La Paz y aseguró que representa una distorsión del proceso agrario en el país.
Indicó que el problema es complejo porque se relaciona con el tráfico de tierras y con actividades ilegales como el tráfico de madera, de minerales y el narcotráfico.
Algunos de los impactos de esta actividad ilegal son las irregularidades y corrupción en la aparición de asentamientos humanos. Además del tráfico, está la dotación extraordinaria de tierras en zonas como la Chiquitanía en Santa Cruz, que se ha dado en los últimos años.
Análisis
El sociólogo Fernando Salazar ve que existe riesgo de que el desalojo demore. “Estas medidas aún se concentran en algunos puntos específicos, dejando a la mayor parte de las tierras privadas y fiscales tomadas ilegalmente, impunes y sin protección estatal”.
Dijo que “la inseguridad jurídica sobre la propiedad privada rural aún está presente en Bolivia. Los grupos y bandas de delincuentes actúan en total impunidad; y prácticamente su accionar se realiza con total indiferencia de autoridades del INRA, alcaldes, Gobernación y de ministerios”.
Además de la impunidad, se alienta un negocio ilegal. “Los loteadores toman tierras privadas, las fraccionan y venden generando millonarias ganancias, ya que el precio de venta es por metro cuadrado y a valor comercial”, alertó.
El daño ecológico y productivo es irreversible. “Este sistema criminal continuará, ya que el poder económico por robo de tierras y venta ilegal penetró el sistema político”, denunció.
La CAO resaltó primeros desalojos
El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Óscar Mario Justiniano, destacó los operativos, pero pidió ir más allá y desarticular a los grupos que promueven las tomas ilegales de tierra, principalmente, productivas.
“No se trata de simples campesinos, no se trata de simples personas que no tienen tierras; son bandas delincuenciales. No estamos hablando de gente que actúa por necesidad: son bandas a las que no les tiembla la mano para matar, secuestrar, agredir”, denunció el representante de la CAO, al realizar un balance de los desalojos que comenzaron el 13 de diciembre. El sector lucha desde hace más de tres años contra las tomas.
