Juristas prevén adelantarse con el referendo a las elecciones judiciales
El grupo de juristas independientes que impulsan la reforma judicial en Bolivia, mediante un referendo popular para la reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE), proyecta adelantar a las elecciones judiciales previstas para octubre de 2023 con el fin de evitar las elecciones de magistrados por el voto popular, aseguró el abogado constitucionalista Antonio Rivera.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene como una de sus principales responsabilidades la organización de la elección de magistrados para del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), del Tribunal Agroambiental (TA) y del Consejo de la Magistratura (CM).
Rivera explicó que el primer paso es la capacitación de los voluntarios que van a recabar las firmas de adhesión ciudadana a la reforma judicial, la misma debe ser realizada en coordinación del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), “para garantizar que los libros sean llenados correctamente y no haya observaciones del TSE”.
Posteriormente, comenzará la cruzada nacional de recolección de firmas de manera simultánea. “Se está organizando a la gente territorialmente para que de manera voluntaria realice el trabajo del llenado de los libros; además se acudirá a las organizaciones sociales, colegios de profesionales, juntas vecinales, la Iglesia y otras instituciones que se va sumando”, señaló.
El abogado Ramiro Orías precisó que deben recabarse cerca de 1.500.000 firmas y en caso de lograrse el cometido se presentará los libros al TSE para su revisión. “Una vez que el Órgano Electoral notifique la obtención de la firma de por lo menos el veinte por ciento del electorado, el TCP decidirá si el contenido de la iniciativa popular para la reforma está conforme con la materia que la CPE asigna a la reforma parcial”.
Una vez que se tenga el dictamen constitucional, corresponde al TSE presentar la solicitud de convocatoria a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para encarar la organización del referendo previsto por los juristas para agosto de 2023.
A juicio de Orías, el referendo popular es la forma más elevada y directa de volver a la voluntad del constituyente, la consulta al soberano, los ciudadanos, para la decisión de temas críticos que requieren ser resueltos para la construcción de un sistema de justicia independiente y accesible.
Un aspecto importante es la campaña de socialización que se realizará sobre las cuatro preguntas que irán al referendo. Rivero aclaró que los que encuentran en contra de la reforma judicial también están en su derecho de hacer campaña a favor de mantener la elección de los magistrados por voto.
Rivero y Orías coincidieron en la urgencia de tener magistrados independientes, idóneos y capaces.
El régimen electoral avala el referendo
El artículo 12 de la Ley del Régimen Electoral establece que el referendo es un mecanismo constitucional de democracia directa y participativa por el cual los ciudadanos, mediante sufragio universal, deciden sobre normas, políticas o asuntos de interés público, cuyas decisiones adoptadas por la mayoría del voto tienen vigencia inmediata y obligatoria, sus resultados tienen carácter vinculante, y las autoridades están obligadas a su oportuna y eficaz aplicación.
El abogado Ramiro Orías aclara que el resultado de un referendo es vinculante por lo que, de haber apoyo ciudadano, no habrá más elecciones judiciales por votación en el país.
