Abogado denuncia que socio de Adepcoca sigue detenido por “un proceso armado ”
El abogado Jorge Valda informó que, transcurrido casi cuatro meses de la persecución penal al presidente de la Juventud Yungueña, Raúl Uría, la Fiscalía no encontró una sola prueba en su contra por el delito que se le acusa. Dijo que esta situación confirma que el proceso fue armado por el Ministerio Público.
Valda indicó que, en este tiempo, pese a que tres investigadores atendieron el caso, ninguno encontró una prueba que implique a Uría en el delito de tráfico ilícito de armas, por lo que no se justifica que continúe en detención preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz.
“No existe un solo argumento válido para mantener a Raúl Uría en detención preventiva y mucho menos en calidad de investigado”, dijo Valda a ANF.
Transcurridos desde agosto cuatro meses cuando se inició la persecución penal, el jurista enfatizó que “no existe una sola prueba en contra del presidente de la Juventud Yungueña que hasta el presente sigue siendo víctima del abuso estatal”.
En este tiempo, el Ministerio Público cambió ya tres investigadores en el caso y “tanto el teniente Mayta, el teniente Freddy Cruz y un tercero han dejado claro en sus informes que no existen elementos que investigar”.
La madrugada del 15 de septiembre, Raúl Uría fue detenido por la policía cuando viajaba a Beni. Los efectivos no tenían ninguna orden de aprehensión por el presunto delito de tráfico ilícito de armas. Hasta la fecha, la Fiscalía no explicó ni mostró ningún tipo de arma ni la modalidad de cómo se estarían traficando estos dispositivos.
El 19 de septiembre, un juez de El Alto determinó para Uría detención preventiva por seis meses, en la cárcel de San Pedro, .
“Cómo es posible que un juez de El Alto tenga competencia para darle validez a un proceso armado contra Raúl Uría, tenemos cada día más elementos para demostrar todo lo que hemos venido sosteniendo”, apuntó Valda.
La defensa de Uría no solo busca su liberación, sino también que quede constancia de los abusos y torturas al dirigente cocalero para que en un futuro próximo se inicie un proceso al Estado.
El abogado lamentó que las autoridades judiciales en Bolivia estén en un proceso de naturalización del abuso estatal.
