Juicio contra integrantes de la RJC por destrozos en Sucre inicia hoy
Yassir Molina, Milena Soto y los hermanos Mario Antonio y Fabio Alejandro Bascopé son los cuatro integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) que hoy comparecerán ante un juez por la comisión de ocho delitos en 2020, cuando produjeron destrozos al edificio de la Fiscalía General del Estado.
"A horas 9:30 am se instalará la audiencia de juicio oral público y contradictorio contra los acusados (...), audiencia que, de acuerdo al artículo 329° del Código de Procedimiento Penal, deberá desarrollarse de forma continua hasta la comprobación y establecimiento de responsabilidades", señala un comunicado del Gobierno.
En septiembre de 2020, los ciudadanos de Sucre se movilizaron contra la Fiscalía General para exigir la renuncia del fiscal general, Juan Lanchipa. Un mes después, el 6 de octubre, los integrantes de la RCJ rompieron algunos vidrios y pintarrajearon las paredes del Ministerio Público.
Los cuatro acusados deben ir a juicio por los delitos de organización criminal con fabricación ilícita, uso de armas no convencionales, atentados contra bienes públicos, impedir y estorbar el ejercicio de funciones, destrucción y deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, privación de libertad y daño calificado.
En marzo de 2021, Yassir Molina fue el primer aprehendido por este caso en Cochabamba y luego trasladado a la ciudad de Sucre, desde entonces guarda detención preventiva. El 7 de noviembre de 2022, Molina, a través de su abogado, el controvertido Jhasmani Torrico, presentó un pedido a la Fiscalía, en la que solicitó someterse a juicio abreviado a cambio de revelar los nombres de los supuestos autores intelectuales de los hechos de 2019 y 2020. El 8 de noviembre, la justicia rechazó ese pedido y desde entonces se aguardaba el inicio del juicio oral que se iniciará este lunes.
El Ministerio Público comunicó que pedirán 20 años de presidio para los cuatro responsables de los destrozos y presentaron la acusación formal con esa perspectiva. El Gobierno sostiene que este proceso es parte de las acciones del Estado para desactivar a los "grupos parapoliciales" como fue identificada la RCJ en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
