Ven que la detención preventiva se usa para mantener en la cárcel a las exautoridades
Con el objetivo de sacar fuera de circulación a exautoridades, opositores, cívicos y otros, el Gobierno, con sus brazos operativos del Ministerio Público y la Justicia, recurre a la figura de la ampliación de detención preventiva, que impide a los procesados por diferentes supuestos delitos defenderse en libertad.
En los últimos años, se ha observado el uso de la detención preventiva de forma discrecional. El objetivo central es mantener a las personas detenidas en los centros de reclusión, pese a que organismos internacionales cuestionaron el uso excesivo de esta figura.
Un ejemplo de ello es que, en el proceso judicial a la que es sometida la expresidenta Jeanine Áñez, las autoridades jurisdiccionales, a solicitud de la Fiscalía, ampliaron la detención preventiva en por lo menos seis oportunidades, debido a que los tiempos establecidos estaban a punto de cumplirse.
La Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en su momento, dijo que en el caso golpe II, por el que Áñez ya tiene sentencia de 10 años, se observó una acumulación de detenciones preventivas por los mismos hechos con diferentes delitos. Esta acción se replicó con el dirigente cívico potosino Marco Pumari, con detención preventiva desde diciembre de 2021.
En abril de 2022, al cumplirse los cuatro meses de detención preventiva, se pidió la ampliación de la privación de libertad por seis meses, con el argumento de “realizar las investigaciones”.
Sin embargo, la justicia determinó ampliar por tres meses y no seis como pedía la Fiscalía. Pumari es procesado por su supuesta participación en la quema del Tribunal Electoral Departamental en 2019.
El exlíder cívico continúa con detención preventiva en el penal de Cantumarca.
Exministros
A la fecha, los exministros de Justicia, Álvaro Coimbra, y de Energías, Rodrigo Guzmán, guardan detención preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz desde 2021, por el denominado caso golpe I. Las exautoridades también fueron objeto del uso excesivo de la figura de detención preventiva.
A fines de diciembre de 2022, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue aprehendido y enviado con detención preventiva a Chonchocoro por cuatro meses. Se prevé una vez que se cumpla se pida la ampliación de la detención preventiva, tal cual como en los otros casos.
El 65% de presos con preventiva
En diciembre de 2022, la Dirección General de Régimen Penitenciario daba a conocer que al menos hay 24.000 privados de libertad en las cárceles del país.
De estos, solo 8.400 (25%) tienen sentencia, mientras que el resto, al menos 15.600 (65 %), sigue con detención preventiva. Según informes, el promedio anual de detenidos variaba entre 18.000 a 19.000 reclusos, entre varones y mujeres, cifra que se incrementó en por lo menos 6.000 presos.
Las personas ingresan más a las cárceles por narcotráfico y robo.
