Amnistía Internacional ve abuso policial y otras vulneraciones a DDHH en Bolivia
La organización Amnistía Internacional (AI), en un informe publicado recientemente, indicó que el gobierno de Bolivia no protegió a los defensores y defensoras de los derechos humanos, además que detuvo de manera arbitraria a dirigentes de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz, Yungas (Adepcoca). Asimismo, dijo que no redujo el uso del mercurio en la actividad minera.
“Continuaron las amenazas y agresiones contra defensores y defensoras de los derechos humanos. Agentes encargados de hacer cumplir la ley reprimieron con violencia y, en algunos casos, detuvieron arbitrariamente a productores y productoras de hoja de coca que protestaban. La deforestación y la contaminación por mercurio afectaron, especialmente, a los pueblos indígenas”, señaló en el resumen del informe sobre Bolivia.
Amnistía Internacional mencionó la “impunidad” respecto a las familias y víctimas de las dictaduras en Bolivia (1964 - 1982). “Al concluir el año, las víctimas de las violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional denunciados en el transcurso de la crisis política de 2019 -durante la cual al menos 37 personas murieron y centenares más resultaron heridas- seguían esperando justicia, verdad y reparación”, señaló en el informe. Sin embargo, en 2022, el gobierno firmó con las plataformas de sobrevivientes un acuerdo y, con ello, la carpa que estaba en El Prado se levantó.
Respecto a los defensores de DDHH, Amnistía Internacional indicó que Waldo Albarracín y su hijo, Franco, no recibieron protección del Estado.
“Varios defensores y defensoras de los derechos humanos, como Waldo y Franco Albarracín, siguieron denunciando amenazas contra ellos y sus familias, así como estigmatización y hostigamiento persistentes por parte de las autoridades. Waldo Albarracín también fue sometido a procedimientos penales que carecían de garantías procesales”, se lee en el informe.
Además, Amnistía Internacional también observó al país por la contaminación causada por el vertido no regulado de residuos de mercurio en los ríos.
“La contaminación causada por el vertido no regulado de residuos de mercurio en los ríos -en gran parte como consecuencia de la extracción minera de oro a pequeña escala- se vinculó con algunas enfermedades, especialmente, en las comunidades indígenas pesqueras.
Persecución política
Según Amnistía Internacional, algunas autoridades y altos cargos del anterior gobierno interino siguen afrontando cargos, tales como terrorismo, sedición y conspiración. La expresidenta Jeanine Áñez y otras exautoridades llevan más de 21 meses detenidas en espera de juicio, lo que también revela problemas estructurales en la administración de justicia. Por esto, una proporción sumamente alta de personas en espera de juicio están privadas de libertad.
