Áñez demanda al Estado boliviano ante la CIDH por negarle juicio de responsabilidades
Jeanine Añez, la expresidenta del Estado, condenada por el 'caso Golpe II', presentó una demanda internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado boliviano. Así lo informó a través de su cuenta de Twitter y desde su encierro en el penal de Miraflores.
"Ayer presenté ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la demanda internacional contra el Estado Plurinacional de Bolivia por su negación a mi derecho al juez natural, mi derecho a #JuicioDeResponsabilidades, como me corresponde como ex Presidente de Bolivia" (sic), se lee en la cuenta de Añez que, según se sabe, es manejada por sus allegados.
En más de una ocasión, Jeanine Añez ha reclamado lo que considera su derecho de ser juzgada a través de un juicio de responsabilidades en su calidad de expresidenta.
Por ello, incluso ha renunciado a contar con una defensa en los procesos que se le sigue en la vía ordinaria en los casos de las masacres de Sacaba y Senkata, entre otros.
Precisamente Añez ya fue sentenciada en la vía ordinaria por el caso llamado 'Golpe de Estado II', por el que deberá estar detenida en la cárcel de Miraflores por el lapso de 10 años.
En primera instancia, cabe recordar, el Ministerio de Justicia había presentado cuatro proposiciones acusatorias contra Añez para que sea juzgada por la vía del juicio de responsabilidades; sin embargo, los procesos nunca avanzaron en la Asamblea Legislativa.
Ante ese panorama y con el antecedente de que la justicia ordinaria decidió que la presidencia de Añez no fue constitucional y por eso aceptó juzgarla en otro caso (EBA), el Ministerio de Justicia decidió denunciar a la también exsenadora por la vía ordinaria por las masacres de Sacaba y Senkata, hechos que ocurrieron durante su Gobierno y que fueron calificados así por un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la propia CIDH.
Así, las denuncias por las masacres de Senkata y Sacaba fueron aceptaos por dos juzgados de El Alto y Cochabamba y el Gobierno espera que se emita sentencia en los próximos meses.
