Desde varios frentes, buscan tomar la Apdhb y dejar fuera a Amparo Carvajal
Tras varios años de asedio, el Movimiento Al Socialismo (MAS) viene consolidando la toma de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) con el apoyo del sistema judicial, la Policía, Impuestos Nacionales, organizaciones afines e incluso operadores desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el objetivo de acallar voces contrarias a la administración vigente, según analistas y políticos.
Entre el lunes y martes de esta semana, la justicia en dos instancias diferentes denegó dos acciones planteadas por la presidenta de la Apdhb, Amparo Carvajal, contra Edgar Salazar y organismos internos de seguridad que ayudaron al dirigente, afín al Gobierno, en la toma violenta de las oficinas de la denominada Casa de los Derechos Humanos.
En las audiencias, la justicia actuó de manera contraria a lo requerido por la parte accionante: garantizar la vida e integridad de Carvajal y resolver sobre el asalto y toma violenta de la Apdhb por parte de Salazar y su grupo de choque.
La acción de libertad le fue negada bajo el argumento de que su vida no estaba en riesgo porque la vigilia es voluntaria.
La acción de inconstitucionalidad de Carvajal contra Salazar también le fue denegada, pero de manera amañada, la autoridad jurisdiccional reconoce como presidente al dirigente afín del MAS, sin resolver la cuestión de fondo “la toma violenta de la Apdhb”.
Dos acciones que muestran la inclinación de la justicia en favor de la dirigencia paralela.
Acción policial
El 2 de junio, en la toma violenta de la Apdhb por Salazar, se expulsó a los trabajadores y ciudadanos que realizaban trámites para luego proceder con el cierre de la institución con el cambio de chapas, la soldadura de los cerrojos, tapiado, entre otros.
La Policía, en lugar de evacuar a los violentos, se dedicó y dedica a resguardar la infraestructura con el grupo de personas avasalladoras al interior.
Con el objetivo de recuperar la Casa de los Derechos Humanos, Carvajal y activistas buscaron la posibilidad de ingresar con la ayuda de un cerrajero, pero los efectivos policiales que no desocuparon a los violentos “no permitieron” que se libere las puertas.
Activista del TSE
Un reporte de Brújula Digital, señala que “Nadesdha Guevara Oropeza, funcionaria del Tribunal Electoral Plurinacional (TSE)”, hace activismo político a favor de la toma de la Apdhb; se la ve junto a Édgar Salazar, protagonista del asalto a la institución y presidente de la asamblea afín al Gobierno.
También ha sido promovida por el propio Órgano Electoral en actos públicos, además de compartir testera con el vocero presidencial, Jorge Richter.
La funcionaria comparte en sus redes sociales actividades que realiza, notas de prensa e incluso cuando Salazar ofreció una conferencia de prensa y se la observa junto a él.
Carvajal sigue recibiendo apoyo
La Iglesia católica brindó el respaldo a la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, y rechaza el asedio que sufre y la toma violenta de la institución. “Lamentamos que deba atravesar tan difíciles momentos, les manifestamos nuestra cercanía y apoyo y les encomendamos en oraciones, confiando en que se imponga la justicia y el inmueble le sea restituido, permitiendo la continuidad de la defensa de DDHH”, dijo.
Apoyan a Salazar desde el Ejecutivo y el Legislativo
El Movimiento Al Socialismo en el Órgano Legislativo también dio lugar a acciones en favor de su afín, Édgar Salazar.
Por ejemplo, durante el proceso de elección para la Defensoría del Pueblo, la comisión encargada habilitó como persona jurídica, es decir, como representante de la Apdhb, a Salazar como veedor.
En tanto, la solicitud planteada por la presidenta Carvajal no siguió el mismo trato y se le indicó que podría participar como veedora, pero de forma particular.
El Órgano Ejecutivo, mediante el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) le retiró la representación legal de la Apdhb a Carvajal e inscribió en su lugar a Salazar Limachi.
“El asedio contra Carvajal viene de hace años y ésta es una operación política, porque el Gobierno quiere tener el control de la Apdhbpara que no se denuncien todas las violaciones a los derechos humanos en el país, el ciudadano no tendrá donde acudir, porque la Defensoría del Pueblo es defensoría del MAS”, indicó el exdirigente de la Central Obrera Boliviana (COB) y economista Lucio Gonzales Alanes.
