Carvajal recibe denuncias en su casa y se aleja la posibilidad de recuperar su sede
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), desde que perdió su sede tras la toma por parte del activista Edgar Salazar (afín al MAS), no cuenta con una infraestructura adecuada para atender casos y sólo recibe denuncias en el domicilio de su presidenta, Amparo Carvajal.
La vicepresidenta de la Apdhb, Yolanda Herrera, denunció la falta de voluntad política de las autoridades gubernamentales de restituir los derechos de los predios a Carvajal.
Herrera adelantó que se firmó un convenio con la municipalidad de La Paz para contar con nuevas oficinas y reanudar las actividades de la Apdhb.
En tanto, según defensores de derechos humanos, el Gobierno “neutralizó” a la Apdhb con la toma de su sede y su posterior cierre.
El representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, sostuvo que el Gobierno frenó el trabajo de la Asamblea, ya que la gente no sabe dónde acudir a presentar sus denuncias por la vulneración de sus derechos. “Había una serie de denuncias que atendía la Asamblea con un equipo jurídico comprometido”, señaló.
Ahora la sede está custodiada por policías y la restitución de los predios a la presidencia de la Apdhb está paralizada.
El 3 de junio, un grupo de personas afines al dirigente paralelo tomó la sede la asamblea. Como protesta, la presidenta de la institución asumió una vigilia permanente hasta el desalojar a los avasalladores pero no logró la restitución.
Sobre el tema, el activista Franco Albarracín señaló que el Gobierno utiliza la estrategia de desgaste sistemático, a través de sus instituciones, para eliminar a las instituciones que defienden los derechos humanos, porque no puede realizar “intervenciones de frente”. Además, dijo, acude a diferentes mecanismos, como la conformación de grupos paralelos, para anular a las instituciones que le incomodan, como la Apdhb.
El abogado Eusebio Vera señaló que la decisión gubernamental siempre fue clara: “frenar el trabajo de los activistas”.
A su juicio, la situación para los defensores de derechos humanos no ha mejorado porque no tienen dónde atender las denuncias de las víctimas, pese a fallos judiciales que “quedaron como un saludo a la bandera”.
Persecución constante
El conflicto en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (Apdhb) se profundizó el 2 de junio, cuando la facción liderada por Edgar Salazar (afín al MAS) tomó el control de la sede ubicada en el centro de La Paz.
Sin embargo, el acoso institucional contra Carvajal data de abril de 2022, cuando el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) le anuló la representación legal sobre la Apdhb y esta fue otorgada a otra persona, trámite que aún continúa su curso y sin resolverse.
