Huaytari dice que leyes antiprórroga ya no pueden ser tratadas en la Cámara de Diputados
El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, afirmó este lunes que las leyes 073 y 075 contra la prórroga de magistrados ya no podrían ser consideradas en la Cámara Baja y pasarían a ser analizadoas en el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
En rueda de prensa, Huaytari afirmó que las normas señalan que los proyectos de ley "residen" 30 días en la Cámara revisora después de ser remitidas desde la Cámara de origen, en este caso desde el Senado.
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Recordó que los proyectos de ley 073 y 075 fueron recepcionados el 19 de diciembre, por lo que ya no podrían ser considerados por la Cámara Baja y pasarían a "otra instancia".
No obstante, señaló que se consultará con el Senado, en su condición de Cámara de origen, para confirmar el procedimiento y definir si los proyectos de ley son puestos a consideración de la Asamblea Legislativa.
También Huaytari confirmó que este martes se reinstalará la sesión de la Cámara Baja para seguir tratando los créditos enviados por el Gobierno.
Afirmó que lo que corresponde este martes es reinstalar la sesión que fue suspendida el pasado viernes en la madrugada y se respetará el orden del día que se siguió esa jornada, por lo que se proseguirá con el tratamiento de los créditos internacionales.
En la última sesión de la Cámara, hubo una discusión que se prolongó por más de 10 horas y agresiones físicas y verbales por el orden del día.
Y es que mientras los legisladores del ala arcista del MAS exigían, primero, tratar y aprobar los créditos para luego analizar las leyes 073 y 075 antiprórroga -como estable el acuerdo Bicamaral que viabilizó las elecciones judiciales-, los evistas y diputados de Comunidad Ciudadana y Creemos pidieron modificar el orden del día y, primero, analizar las leyes antiprórroga con el compromiso de luego aprobar los créditos.
Los proyectos de ley antiprórroga
El proyecto de Ley 075 restituye "la plena vigencia de los artículos 183, 188 III, 194 III, y 200 de la Constitución Política del Estado" y consta de dos artículos.
El primero establece, en la "Nulidad de Pleno Derecho", que "se deja sin efecto el numeral 4 de la parte resolutiva de la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023, de fecha 11 de diciembre de 2023"; y el segundo señala que "los Magistrados y Consejeros del TCP, TSJ, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura cesarán sus funciones el 2 de enero de 2024".
En cambio, el proyecto de Ley 073 establece la suspensión de plazos procesales y la continuidad jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, como "una medida vital para el funcionamiento ininterrumpido del sistema judicial".
La norma tiene como objetivo principal la suspensión de plazos procesales en todas las materias, a partir del 2 de enero de 2024, garantizando así la continuidad del trabajo en el sistema judicial hasta la posesión de las nuevas autoridades, elegidas mediante voto popular.
El proyecto de ley proporciona atribuciones específicas a los Tribunales Departamentales de Justicia, la Dirección Administrativa-Financiera y Unidades de enlace administrativo para asegurar la operatividad continua del Órgano Judicial, a partir del 2 de enero.
"El Órgano Judicial continuará ejerciendo sus competencias y atribuciones en cumplimiento al mandato constitucional y del ordenamiento jurídico en actual vigencia por intermedio de la administración jurisdiccional ejercida mediante los Tribunales Departamentales de Justicia en todas sus salas incluidas las constitucionales, Juzgados, Tribunales de Sentencia, y Juzgados Agroambientales", se señala la norma en el parágrafo I del artículo 2.
Otro aspecto fundamental de esta iniciativa es la gestión de los casos pendientes durante este período de transición. Según la disposición aprobada, los secretarios generales del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental, Consejo Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional tendrán la responsabilidad de recibir y custodiar los casos pendientes en cada una de las instancias judiciales.
