Gobierno justifica alza de combustible; analistas y políticos temen inflación
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, sus ministros y otros funcionarios han justificado y defendido el Decreto Supremo No. 5503 que elimina la subvención a los combustibles e instruye además otras medidad destinadas a frenar la crisis económica del país.
En tanto, analistas y políticos cuestionan que las medidas no sean resultado de un consenso , dudan de la efectividad de las compensaciones y temen un escalada inflacionaria.
Por su lado, sectores sociales y la ciudadanía también se han manifestado sobre las consecuencias del aumento de los combustibles (Ver página 5).
El Gobierno sostiene que la crisis económica, financiera y social de carácter estructural y terminal que enfrenta Bolivia, es heredada de la anterior gestión (MAS).
La administración de Rodrigo Paz asegura además que la combinación de abusos, mala administración y despilfarro del anterior Gobierno ha generado un deterioro profundo de las condiciones de vida, provocando hambre, incertidumbre y un clima generalizado de preocupación social, según se lee en las consideraciones preliminares del Decreto Supremo 5503 que elimina la subvención de los combustibles en Bolivia y que rige desde ayer.
Con la afirmación anterior y otros argumentos “políticos”, “económicos” y “técnicos” el Gobierno justifica el alza de los carburante, además de calificar el Decreto 5503 de “ innegociable”.
José Luis Lupo, ministro de la Presidencia, afirmó que el Gobierno está abierto a dialogar con los sectores para explicar las medidas económicas que se asumieron, sin embargo, aseguró que el Decreto 5503 no se puede negociar.
“El decreto no es negociable, no es un capricho, es el resultado de un estudio técnico que hace viable a nuestro país, sostuvo el Ministro en entrevista con ERBOL.
“Lo peor que podría pasar es seguir con lo que estábamos, con lo que heredábamos y con un déficit creciente insostenible que nos lleve a elevación de precios, que es lo que más afecta a los pobres”, señaló Lupo.
Para el analista económico Fernando Romero, el paquete de medidas del Decreto 5503 constituye un ajuste económico integral orientado a corregir desequilibrios fiscales estructurales, recuperar la inversión y garantizar sostenibilidad macroeconómica.
“Si bien las medidas presentan beneficios claros en términos de disciplina fiscal, atracción de capitales y reducción de distorsiones, también generan impactos sociales e inflacionarios relevantes en el corto plazo”, escribió Romero.
Para el analista, el éxito de las medidas dependerá de la capacidad del Estado para implementar compensaciones sociales efectivas, “control institucional y una comunicación clara que genere confianza ciudadana”.
Subsidio
El modelo de subsidio a los combustibles demostró ser técnicamente insostenible, generando distorsiones de mercado que incentivaron el contrabando de aproximadamente el 30% de la producción nacional hacia países vecinos, según estudios de YPFB y organismos internacionales, dato citado en el Decreto 5503.
El Gobierno también sostiene que la infraestructura de distribución energética fue deliberadamente descuidada, con inversiones inferiores al 40% de lo requerido .
Diálogo
En tanto , el representante de la agrupación política Libre, Jorge Tuto Quiroga, dijo que el incremento del combustible podría generar un efecto inflacionario, que genere sufrimiento para la población. En ese marco recomendó al Gobierno que entable diálogo con los sectores.
“Subir el transporte público en estas dimensiones, por el incremento de combustibles, y ya se está dando, es inflacionario”, dijo Quiroga.
Quiroga sugirió que se dialogue con los sectores, porque advierte que “va a ser muy difícil evitar esta cadena de incrementos del transporte público, que van a agitar esos carbones que están ahí todavía ardiendo de la inflación, que va a redundar en un costo enorme para la población boliviana”.
“Enfermedad”
El Gobierno sostiene que la subvención de los combustibles “era una enfermedad” que se debía resolver y mencionó que el monto proyectado para cubrirla en 2026 era de 3.500 millones de dólares, equivalentes al 6,4% del Producto Interior Bruto (PIB).
“La gente estaba consciente de que el subsidio es una enfermedad y que era necesario solucionar de la forma más rápida y responsable posible”, sostuvo el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli.
El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, afirmó que el Decreto 5503 se emitió ante “la necesidad de sanar la economía” que está “absolutamente destruida por 20 años de malgasto, de despilfarro, de una gestión económica que lo único que ha hecho es beneficiar a pequeños grupos” en los Gobiernos de Evo Morales y Luis Arce.
“La subvención se había vuelto un punto de corrupción que terminó siendo un negocio de unos pocos. Esta situación no se podía mantener, es nuestra responsabilidad avanzar hacia la estabilización de la economía”, justificó.
Informalidad
Para compensar el efecto del retiro de la subvención a los combustibles, el Gobierno ha determinado el aumento del salario mínimo a Bs 3.300 y de la Renta Dignidad a Bs 500 entre otras medidas.
Para el analista económico Gonzalo Chávez “...las compensaciones están fuertemente concentradas en el sector formal de la economía, tanto a través del salario mínimo como de los bonos administrados por el Estado. Este diseño deja al margen a un dato clave de la realidad económica: cerca del 80% de la población económicamente activa se encuentra en el sector informal, sin salario mínimo garantizado, sin contratos y, en muchos casos, sin acceso directo a los mecanismos de compensación anunciado”, escribió el académico en sus redes sociales.
