Gobierno anula 161 decretos del MAS y busca transparentar contratos directos
El Gobierno anunció ayer la puesta en vigencia del Decreto Supremo (DS) 5600, que elimina 161 decretos de las gestiones del Movimiento al Socialismo y, para adelante, tiene el objetivo de transparentar las contrataciones directas del Estado y de “revisar y auditar todo lo que se hizo en el pasado”.
El DS 5600 abroga decretos supremos y deroga disposiciones que permitían realizar contrataciones directas bajo normativa especial distinta al DS 0181.
Esto significa que las instituciones públicas deberán volver a aplicar el sistema regular de contratación con procesos públicos y competitivos, es decir las licitaciones públicas.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, indicó que el primer objetivo es transparentar todas las contrataciones directas del Estado; el segundo es “eliminar todos los mecanismos que permitían este direccionamiento”.
“Eso significa anular estos 161 decretos”, precisó, y puntualizó que, de ese total, 105 en particular “fueron abiertos sin monto, por lo que se convirtieron en instrumentos para robarle al pueblo boliviano”.
El Gobierno anunció para esta semana la puesta en marcha de un paquete de medidas con el objetivo de liberar la economía e impulsar la reactivación de sectores estratégicos del país.
Si embargo, ayer presentó esta única normativ a denominada “Destapando el Estado cloaca, contrataciones directas y el nuevo marco de transparencia”, que se refiere al DS 5600.
Revisión de contratos
El decreto anunciado ayer instruye que los ministerios deberán revisar los procesos de contratación directa realizados bajo los decretos ahora eliminados.
Cada ministerio deberá realizar un relevamiento de estos procesos, tanto los ejecutados por la propia institución como por entidades bajo su dependencia o tuición.
El objetivo de esta revisión es identificar posibles hechos de corrupción o irregularidades en el uso de recursos públicos.
El decreto aclara que su implementación no implicará recursos adicionales del Tesoro General de la Nación.
Con esta norma, el Gobierno también busca reducir las excepciones que permitían adjudicar contratos sin licitación, reforzar los mecanismos de control institucional y revisar contratos ejecutados bajo disposiciones anteriores.
