Iniciativa legislativa busca facilitar los viajes terapéutico enfermos con cáncer
El diagnóstico de cáncer en Bolivia no solo marca una batalla clínica, sino el inicio de un recorrido arduo, extenso y solitario.
Para los 19 mil pacientes que se detectan cada año en el país, la enfermedad no termina en la sala de quimioterapia; empieza también en terminales y aeropuertos, donde cada kilómetro pesa sobre un cuerpo absolutamente debilitado.
La historia de Ana Mercedes Rapu Salvatierra revela esta realidad con crudeza. Desde Beni, su única opción de tratamiento especializado estaba en Porto Velho, Brasil.
El trayecto por tierra implicaba casi 30 horas de viaje, una exigencia que su salud no podía sostener. Pese a la normativa vigente, la aerolínea estatal le negó el apoyo. Solo la mano solidaria de una empresa privada permitió que ella accediera al traslado y a una esperanza de vida.
Frente a la indiferencia burocrática, surge el Proyecto de Ley N° 526/2024-2025, denominado Ana. Esta propuesta legislativa, ya con aprobación en el Senado, busca que el traslado de pacientes sea una obligación y no un favor.
El plan establece que las aerolíneas, tanto públicas como privadas, reserven al menos cuatro cupos por vuelo para personas con cáncer o enfermedades terminales, además de un acompañante.
La futura norma incluirá también el transporte terrestre y fluvial. El objetivo es reducir las barreras económicas de familias exhaustas que venden sus bienes o contraen deudas para cubrir traslados en busca de especialistas.
En muchos hospitales públicos, la falta de equipos y subespecialistas obliga a hacer estos viajes desesperados contra el reloj.
Para acceder al beneficio, el proyecto determina requisitos claros: el paciente debe contar con una certificación médica validada por el Ministerio de Salud.
Esta entidad tendrá un plazo de 48 horas para verificar y autorizar la solicitud. Una vez cumplido el trámite, las empresas de transporte deberán emitir los pasajes sin dilaciones.
Como incentivo, la ley incorpora mecanismos fiscales para las operadoras. Las empresas podrán deducir el costo de estos pasajes de sus obligaciones tributarias, como el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas. Sin embargo, los beneficiarios deberán cubrir otros impuestos menores relacionados con el servicio.
La normativa prevé sanciones, como multas del 200% del valor del pasaje, para las empresas que incumplan con los cupos solidarios. La presidenta de la Asociación de Personas con Cáncer y Familiares, Rosario Calle, aplaudió la iniciativa y recordó casos sobre como familias enteras venden bienes, organizan rifas o solicitan préstamos para cubrir pasajes, estadía y tratamientos.
La historia de Ana Mercedes es ahora un grito que busca transformarse en ley. Es la oportunidad de humanizar un sistema que, hasta hoy, dio la espalda a los más vulnerables en sus momentos más críticos.
Con esta norma, cada viaje hacia la esperanza estará libre de obstáculos inhumanos y habrá condiciones para hacerlos.Con más de 76 mil enfermos con cáncer registrados sólo en siete años, el país aún no está en condiciones de dar una atención adecuada a los pacientes, quienes a diario deben dejar su hogar para buscar especialistas que no existen en su municipio.
