Vicepresidente presenta denuncia penal contra el Ministro de Economía
El vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Edmand Lara Montaño, presentó una denuncia penal contra el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza Yáñez, por presuntas irregularidades relacionadas con la adquisición de una vagoneta Audi Q4 e-tron, su valoración consignada en la documentación notarial y su posterior declaración de bienes y rentas, informa un anota de prensa de la Vicepresidencia, publicada este miércoles en su página de Facebook.
La denuncia sostiene que el vehículo fue protocolizado mediante el Testimonio de Escritura Pública N.º 1685/2026, de fecha 30 de abril de 2026, consignando un valor de Bs 50.000, mientras que posteriormente el propio denunciado habría referido públicamente un desembolso de Bs 350.000.
El documento indica también que el 29 de junio de 2026, en su Declaración Jurada de Bienes y Rentas ante la Contraloría General del Estado, el ministro declaró activos por Bs 9.367, sin registrar el vehículo adquirido aproximadamente dos meses antes.
La denuncia incorpora como elementos de convicción el testimonio notarial, el extracto oficial de la declaración patrimonial y registros de declaraciones públicas realizadas por el denunciado.
La acción presentada por el vicepresidente Edmand Lara Montaño plantea que estos hechos sean investigados por las autoridades competentes y menciona, entre otros, posibles delitos de falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y enriquecimiento ilícito, cuya existencia y eventual responsabilidad deberán ser determinadas dentro del proceso correspondiente.
En ese marco, Lara solicita que se realicen las investigaciones necesarias, incluyendo un análisis financiero y patrimonial por parte de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y la verificación de los aspectos tributarios vinculados a la transferencia del vehículo.
La denuncia fue presentada este miércoles, 12 de agosto de 2026, reafirmando que todo servidor público debe responder ante la ley y que la transparencia patrimonial constituye una obligación en el ejercicio de la función pública.
