Doria Medina da su “posición frente al proyecto de ley de inversiones”
El líder de Alianza Unidad, empresario y excandidato presidencial en cuatro ocasiones, observa las virtudes y defectos del proyecto de ley de inversiones que el Gobierno envió el martes último al Parlamento.
Lo hace mediante su cuenta personal de Facebook, en un texto publicado a media mañana de este jueves, cuyo contenido, claro y conciso, publicamos en su totalidad, los intertítulos son nuestros.
“El Gobierno mandó al Parlamento el proyecto de una ley de inversiones ampulosa e intrincada.
“Es ampulosa e intrincada en dos sentidos: tiene 38 artículos justificativos, argumentativos y de definiciones. Y, sobre todo, establece un complicado sistema de calificación de las inversiones elegibles y las inversiones seleccionadas que recibirán incentivos tributarios. Existe una matriz de 100 puntos que permite establecer qué cantidad de beneficios recibirá el inversor”.
Burocracia y riesgos
“Este sistema es altamente burocrático: requiere por ejemplo la aprobación de planes de inversión quinquenales y de una nueva Agencia especializada, completamente dedicada a calificar proyectos.
“Además, genera riesgo moral. En los hechos, que un proyecto sea elegible y seleccionado, y que reciba un 20% o en cambio un 100% de liberación del IUE ((Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas) y otros impuestos y aranceles dependerá de la decisión de funcionarios, que como ya sabemos no son ángeles incorruptibles”.
“Alta sensibilidad ética”
“Si esta (propuesta de) ley (se aprueba), se habrá creado una nueva área de alta sensibilidad ética como la de la importación de combustibles o la regulación de la calidad de los alimentos, que hoy están en serio cuestionamiento.
“El Parlamento debería cambiar esta norma de modo que los incentivos sean automáticos y planos para todos los proyectos del mismo tamaño.
“Lo que debe mantenerse de la ley en mi opinión son las alianzas público-privadas y el esfuerzo para ubicarse en el centro: se necesita inversiones, pero también fuertes atribuciones del Estado y el Parlamento en materia de recursos naturales.
“Espero que el Ejecutivo acepte discutir este proyecto y que no pretenda aprobarlo por consigna política”.
