Víctimas de Jhasmani Torrico no creen en la justicia de Cochabamba
Tras diferentes resoluciones a favor de Jhasmani Torrico, dos víctimas del denominado “abogado torturador” expresaron que no creen en los operadores de justicia de Cochabamba, por lo que piden la intervención de las autoridades de Gobierno, el Ministerio Público, y del presidente del Estado.
“Quiero que mi caso sea tratado por cualquier otro juzgado del país, menos en Cochabamba. Aquí todo está podrido y sólo favorecen a los delincuentes y sentenciados”, dijo Julián Antonio Torrico, padrastro de Jhasmani Torrico, quien además anunció que se declarará en huelga de ser necesario.
Por su lado, el mecánico, Juan Antonio Cuellar, víctima de secuestro y agresión de Torrico, lamentó que pese a todas las irregularidades denunciadas contra la juez del tribunal de Sentencia No. 2 de Quillacollo, Salome Guzmán Terán, ella continúa al frente de su caso.
“Seguro recibió dinero o puede que esté amenazada, si es así que pida ayuda, no puede seguir perjudicándonos. Nuevamente nosotros las víctimas corremos peligro”, señaló Cuellar.
Ambas víctimas se reunieron ayer con un representante del Ministerio de Justicia, quien se comprometió hacer seguimiento a sus casos.
El padrastro apuntó al exdelegado de la Defensoría del Pueblo Nelson Cox de favorecer al abogado. “Cox hizo que salga de Chonchocoro, lo dejó internado en el hospital Viedma donde estuvo más de un año sin dejar que los forenses lo evalúen, además le ayudó a desvirtuar varios riesgos procesales”, dijo el padrastro.
Jhasmani Torrico, sentenciado a seis años y seis meses de cárcel por los delitos de tortura y secuestro en el caso del mecánico, el sábado 24 de abril consiguió el beneficio de arresto domiciliario.
Por otra parte, la jueza Sofía Camacho dio curso a su petición de conminar a 12 medios de comunicación a entregar información sobre los periodistas, jefes de información y publicaciones que trataron su caso desde 2018, para iniciar una querella penal contra estos por “difamación y calumnia”.
El Ministerio de Justicia y las diferentes organizaciones de la prensa y periodistas del país rechazaron la resolución judicial, por atentar a la libertad de expresión y desconocer la vigencia de la Ley de Imprenta.
La Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa (FSTP) de Cochabamba emitió un pronunciamiento y realizará hoy una marcha de protesta para exigir garantías para el trabajo periodístico y respeto a la Ley de Imprenta.
Anunciaron también para hoy reuniones con el Consejo de la Magistratura y la jueza Camacho, para transmitir este rechazo y que se deje sin efecto la cuestionada resolución judicial.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) expresó su preocupación por el proceder de la jueza penal Camacho y su “desconocimiento” de la Ley de Imprenta y la Constitución Política del Estado.
ANP rechaza pedido de Torrico
Los directores de los diarios El Deber, Los Tiempos y Opinión, representados por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), expresaron su rechazo a la exigencia de Torrico y la resolución de la jueza Sofía Camacho.
Además, a través de un memorial de respuesta, recuerdan a la jueza que la Constitución Política del Estado protege los derechos a la comunicación y a la información, además de las libertades de expresión, de opinión y de información “por cualquier medio de difusión, sin censura previa”.
Destacan el parágrafo tercero del artículo 106 de la Carta Magna que atribuye al Estado la función de “garantizar a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa.
