La justicia frena intento de blindaje legal en un caso de abuso sexual intrafamiliar
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) revocó, mediante la Sentencia Constitucional 0899/2026-S3, la tutela que había dejado sin efecto la declaratoria de rebeldía del imputado Gonzalo Kieffer Fleig, procesado por los delitos de violación agravada, abuso sexual y pornografía contra niñas, niños y adolescentes.
La resolución del máximo tribunal constitucional del país reactiva de forma inmediata las órdenes de aprehensión y devuelve a Kieffer Fleig su condición de prófugo de la justicia boliviana, luego de meses en que su defensa buscó, desde Argentina, evitar su comparecencia ante la Juez Decimocuarta de Instrucción Penal de Santa Cruz.
"Esta sentencia cierra la puerta a una estrategia que buscaba usar la salud mental como excusa para litigar a distancia, sin someterse jamás a la jurisdicción boliviana", señaló la representación legal de la víctima. Según su lectura del fallo, los certificados médicos emitidos en Argentina —nunca corroborados por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de Bolivia— quedan sin valor de peritaje oficial ante el tribunal.
La parte querellante sostiene además que la tutela original, que permitió al imputado litigar de forma virtual desde Buenos Aires, fue concedida por el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres 2° de la Capital —integrado por los jueces Raúl Lizarazu Alurralde, Carlos René Roca Rivero y Lily Salazar Valverde— en circunstancias que, a su criterio, favorecieron indebidamente al imputado. La defensa de Kieffer Fleig no se ha pronunciado hasta el cierre de este comunicado.
Para la representación de la víctima, el caso ilustra un patrón más amplio: el uso de recursos económicos y legales para eludir la justicia en casos de violencia sexual, particularmente cuando el denunciante es una mujer o una menor y el denunciado cuenta con capacidad para litigar desde el extranjero. "No es la primera vez que vemos maniobras de este tipo en casos de abuso intrafamiliar. Esta sentencia manda una señal distinta", afirmaron.
La representación legal anunció que presentará la sentencia ante la Juez Cautelar 14, solicitará la emisión de una alerta roja de Interpol, y pedirá el rechazo de cualquier nuevo trámite de salud mental mientras el imputado no comparezca físicamente en Bolivia. Asimismo, se impulsarán denuncias ante el Consejo de la Magistratura contra los jueces que otorgaron la tutela original.
