Sobodaycom: artistas reclaman transparencia y piden auditoría
La semana pasada hubo una serie de protestas en redes sociales a raíz de la publicación de un “Tarifario general de derecho de autor” con tarifas planas para eventos y/o conciertos online, realizada por la Sociedad Boliviana de Autores y Compositores de Música (Sobodaycom). El mismo día que los artistas expresaron su desacuerdo señalando que se trataba de un abuso por parte de esta institución, ésta sacó otro comunicado en el que daba marcha atrás en su decisión, dejando sin efecto el cobro por eventos online. Sin embargo, las protestas continuaron, pero para solicitar una auditoría a Sobodaycom, ya que no es la primera vez que se reclama por los cobros que hace esta asociación.
El director de Derechos de Autor del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi), Francisco Bueno, fue consultado por Lecturas & Arte sobre si las tarifas planas que aplica Sobodaycom, más allá del intento de cobrar por eventos online, serían irregulares. La autoridad respondió: “Lo único que puedo decir en este momento es que el Senapi está trabajando en un reglamento que va a establecer los lineamientos para la creación de tarifarios en Sobodaycom” y añadió que dicho reglameneto saldrá a la brevedad posible, pero no dio una fecha concreta.
Este medio también entrevistó al abogado Miguel Martínez Cueto y se le preguntó sobre quién puede pedir una auditoría a la sociedad boliviana de autores. “Sobodaycom es una sociedad civil de carácter privado. Sólo los socios o miembros, dependiendo del contenido y disposiciones en sus estatutos y reglamentos internos, pueden accionar procedimientos administrativos internos para llevar adelante procesos de auditoría sobre sus recursos, cobros, administración y liquidación”, indicó Martínez.
El conflicto de los tarifarios
Quien ha organizado conciertos, presentaciones teatrales y otros eventos en los que se utiliza música, en espacios municipales como el Teatro Achá, sabe que Sobodaycom cobra una tarifa plana sin importar cuánta música o de qué tipo se utiliza en el evento. Al respecto Martínez comenta que en su tarifario general Sobodaycom considera variables como la ubicación, aforo, superficie, infraestructura, días de funcionamiento a la semana, frecuencia de difusión, entre otros. “Al emitir el tarifario para eventos en redes sociales e internet, no es lógico tomar en cuenta esas variables para categorizar la ejecución pública de obras musicales, por cuanto el tarifario que fue publicado en días pasados es una decisión de directorio en virtud de las facultades que la ley y su normativa interna le otorgan”, dice el abogado y asegura que las sociedades están facultadas por el artículo 27 numeral 4, inciso a) del reglamento de la ley derechos de autor a: “Establecer procedimientos de recaudación, administración y liquidación de derechos de autor y conexos”.
“Es evidente que este es uno de los puntos que genera mayor susceptibilidad no solamente en los artistas, socios o no, sino en lo propietarios de los espacios en los que se ejecutan públicamente las obras musicales, que son los llamados a cumplir la ley, y pagar conforme al tarifario vigente la cuota que corresponda al personal de la institución”, añadió Martínez.
Ajuste en la administración
El abogado Miguel Martínez, quien trabaja en materia de derechos de autor, explica que Sobodaycom cuenta con un marco jurídico e institucional, legalmente reconocido en el interior y exterior del país, que le faculta a operar como una institución de derecho privado. “No corresponde una intervención de terceros ni del Estado, salvo que sus actividades infrinjan el orden público, vulneren la legislación vigente, o las buenas costumbres, lo que daría lugar a la extinción de la sociedad mediante sentencia judicial (Código Civil, art. 64). Sin embargo, el camino más recomendable podría ser un ajuste en la administración de la institución, esto evidentemente corresponde al directorio y sus socios y, por otro lado, un adecuado control por parte del Senapi que es la instancia que autoriza sus operaciones, permitiendo el acceso a los artistas y al público en general a conocer sus estatutos, reglamentos y procesos de rendición de cuentas, con la finalidad de transparentar no sólo su gestión, sino la imagen que tiene ante el sector y la sociedad, lo que serviría inclusive para motivar a una mayor cantidad de compositores a formalizar el registro de sus obras, asimismo procurar mecanismos que procuren las mejores condiciones para sus asociados”, indica Martínez.
